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La empresa Sniace, cerrada y en proceso de liquidación, sigue dirimiendo sus diferencias con el Ayuntamiento de Torrelavega en los juzgados. En esta ocasión ha presentado una demanda para que se cumpla una sentencia de 2018 que declaró resuelto el contrato de alquiler del complejo ... deportivo Óscar Freire y las antiguas escuelas del barrio San Gil, conocidas popularmente como 'Casita del Padre Coll', que firmaron en 1999 el Consistorio y la compañía. En el mismo fallo, el Ayuntamiento fue condenado al pago de 242,57 euros diarios por la ocupación de las instalaciones, que finalmente fueron expropiadas por el Consistorio en agosto de 2020.
Concretamente, Sniace reclama ahora 213.500 euros por la ocupación de las instalaciones hasta la expropiación forzosa, más 64.050 euros en concepto de intereses y pago de costas. El Consistorio y la empresa suscribieron el contrato de arrendamiento del complejo deportivo y las antiguas escuelas el 20 de abril de 1999. La renta anual era de 88.537 euros, cantidad que el Ayuntamiento descontaba de la deuda que ya entonces mantenía la empresa con las arcas municipales por el impago de impuestos. Una vez finalizado el plazo de doce años fijado en el convenio, el Consistorio siguió obrando de la misma manera hasta 2018, a pesar de los intentos de la empresa por recuperar su propiedad.
El Ayuntamiento se defiende señalando que las cantidades que reclama ahora Sniace fueron depositadas en el juzgado y posteriormente devueltas a las arcas municipales tras permanecer casi dos años a disposición de Sniace, que «nunca las reclamó». También explica que los 213.500 euros serán compensados con el impago de impuestos de Sniace (IAE, IBI...). En cuanto a la cuantía estimada para intereses y costas del procedimiento, la Administración local indica que no puede ser objeto de compensación al no cumplirse los requisitos legales exigidos para la misma, ya que «es necesario que las deudas estén vencidas, sean líquidas y exigibles, estando pendiente de determinar la cuantía exacta por este concepto».
Ante esta situación, el alcalde, Javier López Estrada, ha ordenado el pago a Sniace de las cantidades correspondientes al «alquiler» de las instalaciones desde 2018 y hasta su expropiación, procediendo a descontar las mismas de la deuda de la empresa con el Consistorio. Este recuerda que dicha deuda es muy superior a la cantidad que se reclama en el procedimiento judicial. Concretamente, el Ayuntamiento dice que las cantidades que debe Sniace a las arcas municipales suman más de un millón de euros.
«Nos encontramos ante una cuestión de justicia material -explica el Consistorio-, ya que Sniace es el mayor deudor de la Hacienda Pública Municipal y es paradójico que el Ayuntamiento pague escrupulosamente en metálicos las deudas que tiene con el ejecutante, pero no pueda resarcirse por vía de compensación de lo que esta vez le debe para hacer efectivo el mandato judicial».
Por todo ello, el Ayuntamiento ha solicitado al juzgado que tenga por formulada la oposición a la ejecución instada, declarando que «no procede la misma en los términos solicitados, al estar pagado el principal reclamado (213.500 euros) por compensación administrativa». También pide que quede consignada la cantidad correspondiente a costas e intereses (64.050 euros) «en virtud de la deuda que ostenta Sniace con el Ayuntamiento».
Por último, el Consistorio ha solicitado la suspensión del embargo decretado contra él, dado que «está pagado por compensación administrativa el principal y consignada la cantidad no compensable, por no ser líquida, además de que Sniace es acreedor por créditos en cuantía muy superior a los ahora reclamados».
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