Torrelavega delimita en el «mínimo exigido» la zona de bajas emisiones que restringe el tráfico

La propuesta fue dictaminada ayer favorablemente por la Comisión Informativa de Movilidad, acuerdo en el que estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio y de la Mesa de Movilidad. No se alcanzó el consenso político porque dos grupos de la oposición, PP y Vox, votaron en contra. El pleno de la Corporación dará en breve su visto bueno a la medida, que pasará a aplicarse a modo de prueba, con un seguimiento y análisis técnico posterior.

La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha recordado que todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes están obligados a implantar la ZBE y ha destacado que la propuesta del equipo de gobierno (PRC-PSOE) es una delimitación de «consenso máximo», tras las reuniones mantenidas con empresarios, grupos políticos y diversos colectivos.

Tazón ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los vecinos de la zona afectada, precisando que «podrán seguir entrando y saliendo con sus coches como hasta ahora». También ha insistido en que la ZBE «no son calles peatonales», sino viales en los que el acceso será regulado en función de las emisiones de cada vehículo, con el objetivo principal de «mejorar la calidad del aire». Por último, la edil regionalista ha destacado que dicha regulación se hará a través de una ordenanza en la que tratarán de ser «flexibles».

El PP, primer partido de la oposición, ha explicado por qué ha votado en contra. Lo ha hecho su portavoz, Miguel Ángel Vargas: «La propuesta no acredita técnicamente que se vayan a reducir las emisiones contaminantes y, además, Torrelavega ya tiene unas tasas de emisiones muy inferiores a las que marca la Ley y están dentro de los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud». Según Vargas, el Ayuntamiento no tiene por qué plantear una propuesta tan «ambiciosa», que «afecta al 36% de los vehículos censados en la ciudad, que son los coches más viejos, los de la gente que tiene menos recursos, y también a aquellos que vienen de fuera para comprar en el comercio».

Roberto García Corona, portavoz de Vox, también ha defendido la postura contraria de su grupo: «La medida va a ser inútil porque no va a suponer una reducción drástica de los datos de calidad del aire en la zona. Además, tanto el plan de acción de calidad del aire como el plan de movilidad urbana han arrojado unos datos muy positivos en los últimos años».

El equipo de gobierno municipal recuerda en su propuesta que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos Torrelavega, a adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas que permitan reducir en la medida de lo posible las emisiones contaminantes derivadas de la movilidad.

Entre las medidas que plantea la Ley destaca el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023 (la fecha ha sido ampliamente superada). Son los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, los encargados de delimitarlas y después aplicar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de contaminación.

La Corporación de Torrelavega aprobó definitivamente hace un año el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio. Además, el Consistorio está desarrollando el programa europeo Edusi, como instrumento de gestión urbana estratégica. Concretamente, este aplica los objetivos transversales de accesibilidad y mitigación del cambio climático mediante un modelo de movilidad que conlleva la disminución del uso del vehículo privado en la ciudad.

El Consistorio adjudicó en junio de 2022, a la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad, el servicio de planificación, diseño operativo y comunicación de la implantación de la ZBE. La firma adjudicataria es la que ha presentado el estudio y la propuesta de delimitación de la misma, con el objetivo de definir el ámbito de actuación, antes de proceder a la licitación de las obras y suministros necesarios para realizar su implantación. El documento ahora aprobado también servirá de base para la redacción del proyecto de puesta en marcha de la medida, adecuándola a las singularidades de la ciudad y sus barrios.