Torrelavega solicitará una prórroga para no crear la zona de bajas emisiones hasta 2024

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contaba con que las administraciones municipales acotaran estas zonas antes del 1 de enero; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es mucho más realista y volvió a solicitar hace semanas una moratoria en nombre de muchos de los consistorios sometidos a esta obligación, agobiados con la patata caliente de las bajas emisiones a poco menos de ocho meses de las elecciones. Desde esta semana, y después de intentar ser el primer alumno de la clase, PRC y PSOE tiran la toalla, asumen el baño de realidad y se suman al gesto de la federación.

El Consistorio pide, al menos, un año más para inaugurar la zona de bajas emisiones. Si el Estado concede la prórroga, esta «debería establecerse hasta el momento en que de forma objetiva sea posible la implantación de estas medidas», firma la coalición, que apela a las diferencias que distinguen a villas como Madrid, de 3,3 millones de vecinos, de otras como Ibiza, de 50.000 raspados, como Torrelavega.

Tiempos al margen, las pautas del Ministerio ejercen una tabla rasa poco razonable para los ayuntamientos. Factores como la «dispersión poblacional o la configuración de las redes de transporte público» son «circunstancias diferenciadoras» lo bastante importantes como para repensar algunos puntos de un manual de instrucciones -la Ley de Cambio Climático- que, dicho sea de paso, deja en el aire algunas importantes, desde la superficie mínima exigida para diseñar la ZBE hasta la concreción de la contaminación que se propone disminuir -habla de reducir las emisiones del conjunto de la economía en, al menos, un 23% en 2030, respecto a 1990-.

De hecho, el Ayuntamiento quiere ponerse la venda antes de la herida y enmendar un matiz importante del artículo 14, cuyo último reza que «cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente». La coalición niega la mayor. En caso de que tuviera que hacer algún cambio -caso probable a la luz del real decreto en el que está trabajando el Ministerio-, PRC y PSOE no quieren verse obligados a dar explicaciones a ningún órgano ajeno a Torrelavega. «El establecimiento de las zonas de bajas emisiones es una competencia municipal y por tanto su modificación también ha de serlo», marca la misiva, enviada a todos los grupos municipales para recoger el consenso de toda la Corporación.

Lo de hacerse fuerte ante Madrid con el sí de todos los partidos políticos de Torrelavega en esta carta, se quedará en un deseo del equipo de gobierno. El principal partido de la oposición, el PP, fue el primero en solicitar una moratoria alrededor de este tema la semana pasada, pero no está de acuerdo en canalizar la petición -y menos el consenso de la oposición- sin un debate profundo con luz y taquígrafos sobre el tema. Preguntada por esta cuestión, su portavoz, Marta Fernández-Teijeiro, exigió ayer una Comisión municipal a tal fin y las «explicaciones» del alcalde, Javier López Estrada.

Misma opinión expresó la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante. Partidaria de digerir esta solicitud a través de una Junta de Portavoces y una Comisión, la exalcaldesa lamentó la «falta de gestión» y los «errores» de un equipo de gobierno empeñado ahora en firmar un «papel mojado».

Ese escrito podría estar pendiente de nuevas aportaciones si las propuestas de Julio Ricciardiello (Cs) prosperan. Convencido de la necesidad de dicha prórroga, el edil naranja plantea una ZBE de «mínimos», de carácter circunstancial y «sólo cuando la calidad del aire sea mala» y, además, un estudio sobre el «impacto socioeconómico» de la medida en el comercio de la ciudad.

El documento aún está pendiente de otro debate, esta vez interno, en la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT). Aquí, el partido prefiere no manifestará una posición hasta entonces.