Deudas entre particulares

¿Puedo pedir que le embarguen la nómina a quien me debe dinero?

Puede ser la Administración -Hacienda, la Seguridad Social o un Ayuntamiento, por ejemplo-, pero también «cualquier persona física o jurídica a la que se le deba dinero y así se reconozca mediante el procedimiento judicial pertinente», aclara Toni Galve, director del departamento jurídico de Repara tu Deuda Abogados. No hay una cantidad mínima exigible para iniciar el proceso -otra cosa es que compense ir a los tribunales por ella-, por lo que el único requisito es que la deuda no haya prescrito. Entre particulares, esto ocurre pasados cinco años y, en muchos casos, la reclamación se lleva a los tribunales precisamente porque al hacerlo paramos el cronómetro y evitamos que el simple paso del tiempo nos prive de cualquier opción para reclamar legalmente lo que se nos debe.

Para poder llevar a cabo el embargo de una nómina o una pensión, los organismos públicos recurren al procedimiento administrativo, mientras que los particulares y empresas deben solicitar esta medida judicialmente. Si el tribunal reconoce la deuda pero aun así el demandado no paga, el acreedor puede solicitar la ejecución de la sentencia, «lo que normalmente se traduce en el embargo», explica el experto.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que hay una parte de la nómina, el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional vigente, que es inembargable. Es decir, independientemente de los ingresos del deudor, los 1.080 euros mensuales (1.260 si nos prorratean las pagas extraordinarias) en los que ahora está establecido el SMI son intocables. Sólo hay una excepción: cuando el objeto del embargo es subsanar el impago de una pensión alimenticia reconocida judicialmente.

Si no se está en este supuesto, la cantidad que mensualmente el demandado debe destinar a resarcir la deuda depende de sus ingresos netos (descontando las cotizaciones y retenciones fiscales), a los que se restará el valor del SMI. A la cifra resultante se le retrae un porcentaje, que siguiendo la escala establecida por ley, será de entre el 30% y el 90%.

Efectivamente, a la cantidad resultante de la aplicación de la escala legal habría que sumar los intereses. Por un lado, la sentencia ya habrá añadido a la deuda inicial los de demora (o moratorios), pero tener que recurrir al embargo, y por tanto al cobro 'por plazos', implica un nuevo retraso, por el que el acreedor también debe ser indemnizado. De ahí que a la cantidad marcada por la sentencia se le aplique un segundo interés, que es el legal del año en curso (3,25% en 2023) más dos puntos.

«Si el deudor tiene ingresos iguales o por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, el embargo no podrá ejecutarse y quedará a la espera de que esa persona pueda tener un salario más alto, un trabajo mejor, una devolución de la campaña de la renta o un ingreso por la venta de una propiedad. Hacienda sabe que hay una ejecución de sentencia, así que cuando ingrese una cantidad que exceda el SMI ordenará el embargo. Además, el acreedor también puede pedir la puesta en marcha -o mejora- del embargo si sabe que las circunstancias económicas del deudor han cambiado», explica el abogado de Repara tu deuda.

Es posible si están casados en régimen de gananciales. «El acreedor debería instar el procedimiento de reclamación hacia ambos cónyuges y la deuda tendría que ser posterior a la fecha en que contrajeron matrimonio», señala Galve.

«La notificación de embargo llega a la empresa, que pasa a quitar esa parte de la nómina y desviarla al juzgado. Si cambiamos de empresa, la nueva recibirá el aviso en cuanto le dé de alta en la Seguridad Social», aclara el director jurídico de Repara tu Deuda.