Así pueden reclamarnos una multa de tráfico en el extranjero

Si nos han puesto la multa en un país adscrito al acuerdo de la Unión Europea para compartir sus respectivos datos de tráfico, hay que dar por seguro que sí, la multa nos llegará. Si, en cambio, nos han puesto la sanción fuera de la UE, las posibilidades de que la recibamos son menores, aunque varían mucho de unos lugares a otros, por lo que no hay que dar por sentado que no volveremos a saber más del tema y nos libraremos de pagar. Especialmente si nos identifican en el momento. «El principal interés de la Administración que impone la multa es cobrarla, así que si nos han detenido lo más seguro es que no nos dejen reemprender la marcha hasta que no paguemos», señala Fernando González, subdirector de la asesoría jurídica del Club Europeo de Automovilistas. Si viajamos con un vehículo alquilado, la empresa estará obligada a facilitar nuestros datos.

Si en España no abonamos una multa ni presentamos alegaciones en el plazo permitido, la Administración –sea local, autonómica o estatal– puede recurrir al embargo de bienes para cubrir el pago sin necesidad de pasar antes por los tribunales. Pero ningún país extranjero, ni siquiera los de la UE, puede llegar a este extremo. ¿Cómo intentan entonces que paguemos antes de que la multa prescriba?

«Lo más habitual es que recurran a la contratación de empresas de aquí para que sean éstas las que nos reclamen el pago y, si ignoramos sus avisos, incluso nos demanden por lo civil. Pero también puede ser por lo penal si así lo tienen acordado entre los órganos competentes, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos», explica González.

Si el órgano infractor cuenta con uno de estos agentes que finalmente opta por llevarnos a juicio y logra una sentencia condenatoria, estaríamos obligados a abonar la sanción. De no hacerlo, podría solicitar el pago forzoso. Es decir, llegados a este punto sí cabe la opción del embargo.

En las notificaciones que nos remitan debe aparecer qué plazo tenemos para presentar alegaciones, que no tienen por qué coincidir con los veinte días que hay en España. Si optamos por dejarlo pasar y finalmente nos denuncian, salvo que haya un convenio internacional, los jueces aplicarán la normativa española. «Esto quiere decir que es quien acusa quien debe demostrar que se ha cometido la infracción y, además de respetarse la presunción de inocencia, ha de quedar acreditada la autoría. Por lo que la primera defensa es averiguar si el conductor –y no el vehículo– está bien identificado», explica González.

Nada nos puede librar de un despiste que suponga una multa, pero para emprender el viaje con tranquilidad debemos informarnos sobre las normas de conducción del país que visitamos y asegurarnos de que llevamos la documentación adecuada. Hay que saber, por ejemplo, si el carné español es válido o si necesitamos el permiso internacional. Ojo, porque este no tiene validez por sí mismo y siempre debe ir acompañado del nuestro. Además, como recuerda Fernando González, «hay que llevar la documentación personal y la del vehículo, lo que incluye el seguro. Lo recomendable, incluso en la UE, es llevar el Certificado Internacional del Seguro –el CIS, antes denominado carta verde–, que es un documento reconocido internacionalmente para probar que el vehículo tiene el seguro obligatorio a terceros. También hay que llevar el documento acreditativo de que hemos pasado la ITV y no solo la pegatina. Si es posible, hay que llevar los originales». Por otra parte, si nos han prestado el coche no está de más llevar una autorización del propietario.