Cantabria abre una nueva etapa

El alzamiento del estado de alarma afecta directamente a cuatro de las restricciones: el confinamiento perimetral de Cantabria, el encierro nocturno de su población -de once a seis-, la limitación del tamaño de los grupos -de no convivientes-, y la permanencia de personas en lugares de culto. Son las que, en esa situación, fijaba el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, quien, como siempre ha insistido, lo hacía siguiendo las instrucciones de los técnicos de Sanidad. El resto de medidas, que dependen de esta Consejería, no se ven afectadas.

Entre estas medidas se encuentran las que afectan a la hostelería, que probablemente sean las que más desgaste han supuesto para el Gobierno por la decidida contestación del sector, de tanto peso en la región. Inevitablemente, a partir de ahora deberá modificarse el planteamiento: si el Ejecutivo cántabro no tiene potestad para limitar el número de personas que pueden reunirse en un domicilio ni hasta qué hora pueden hacerlo, deberá preparar una buena explicación para los hosteleros, que siguen con los interiores de sus negocios cerrados y solo pueden trabajar hasta las 22.30, ante la previsible proliferación de fiestas en casas particulares, botellones aparte.

Sin duda, la anunciada implantación de un 'semáforo covid', en cuyo diseño trabaja Sanidad, tiene que ver con todo esto. Resumido, este nuevo modelo de actuación consiste en atender a los datos epidémicos de cada municipio para modular las restricciones en función de ellos, algo que incluso podría permitir la apertura del interior de bares y restaurantes a partir del 11 de mayo en determinadas condiciones.

Es una idea similar a la que Vox planteó recientemente en el Parlamento, que cosechó el rechazo del resto de partidos de la Cámara y que, en concreto, el PSOE redujo a la categoría de ocurrencia. «Esto es algo que se le ha ocurrido al señor Cristóbal Palacio después de comer», dijo la portavoz socialista, Noelia Cobo, a su homólogo de la formación contraria.

No es descabellado suponer que el triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid, aupada por una gestión de la pandemia que se ha caracterizado, entre otros aspectos, por mantener viva la actividad hostelera, haya pesado en este sorprendente cambio de rumbo. En Cantabria, los interiores de bares y restaurantes quedaron cerrados a primeros de noviembre y reabrieron en marzo, durante poco más de un mes.

La región se ha comportado de forma bastante conservadora a lo largo de todo el segundo estado de alarma. Atrás quedaron las frivolidades del presidente invitando a acercarse a los madrileños durante el puente del Pilar antes de que su comunidad se blindase ante la explosión de contagios. En esa imaginaria balanza en la que la salud está en un platillo y la economía en otro, ha pesado más lo primero: al dejar las decisiones sobre la conveniencia de aplicar restricciones al criterio de los responsables de Sanidad, estos siempre han optado por la prudencia.

De hecho, pocos días después de la declaración del estado de alarma, y ante el empeoramiento de la situación epidémica, el Gobierno regional anunció la suspensión de las vacaciones escolares programadas del 2 al 8 de noviembre, con la intención de evitar desplazamientos por la provincia, ya cerrada al exterior. Fue una polémica decisión, muy criticada por profesores y alumnos, y finalmente rechazada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que concluyó que no se había justificado suficientemente la relación entre el disfrute de esos días libres y el incremento de contagios. Tras el dictamen de los jueces, la reacción de Sanidad consistió en confinar todos los municipios.

Este revés judicial puede explicar la inquietud con que el Gobierno encara esta nueva etapa que comienza hoy, sabiendo que todas sus decisiones deberán ser aprobadas por los tribunales. Esa inseguridad es compartida por el resto de comunidades, que han venido reclamando herramientas legales para poder seguir batallando con la crisis sanitaria. El apaño ideado desde Madrid de endosar al Tribunal Supremo la tarea de unificar criterios -en definitiva, de legislar-, contra el que se ha revuelto este mismo órgano, no parece una solución muy airosa.

Revilla ya adelantó que Cantabria renunciaría a mantener el toque de queda y el cerrojazo regional a partir de hoy. También dijo que antes de dar un paso en este sentido lo consultaría con los jueces para no arriesgarse a que estos echen por tierra una decisión ya adoptada.

El presidente del TSJC, José Luis López del Moral, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rafael Losada, explicaron que el Gobierno puede acudir ante el tribunal tanto para pedir autorización para una restricción como para aprobar la que se esté aplicando. Es un movimiento que ya realizó hace unos días el País Vasco, donde el virus continúa desbocado, con el resultado de que la Fiscalía se opone a que el Ejecutivo autonómico pueda ordenar cierres perimetrales y toques de queda, al considerar que no tiene potestad para restringir libertades de esa naturaleza sin el amparo del real decreto que acaba de expirar. El lendakari, Iñigo Urkullu, se ahorra de momento el viaje hasta el Supremo y se resigna a levantar estas limitaciones.

El fin del estado de alarma se produce cuando Cantabria, aparentemente, ha superado ya el pico de la cuarta ola, pero con un índice de contagios demasiado alto como para lanzarse a cantar victoria.

El director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, advirtió esta misma semana de que la región atraviesa «una situación de alto riesgo». Se mantiene en el nivel 3 de alerta, pero cerca del límite con la zona de riesgo extremo. En tales circunstancias es lógico que el doctor considerase «una faena» prescindir a la fuerza de unas medidas que han ayudado a la contención de la enfermedad. «La precaución tiene que mantenerse al máximo, pero perdemos el escudo que nos protege, que incluye medidas que han contribuido a la bajada de casos».

Pese a que el número de casos diarios parece apuntar un descenso, los efectos de la última arremetida del coronavirus se mantienen crecientes en los hospitales, con porcentajes de ocupación de camas de cuidados intensivos nada tranquilizadores.

Habrá que ver cómo influye en los parámetros que miden el grado de riesgo la apertura de los límites autonómicos, que supondrá la llegada de visitantes de otras regiones. En especial, preocupa qué pasará en la frontera del País Vasco: si, durante el estado de alarma, se han contado por miles los desplazamientos diarios entre ambas comunidades, por motivos de trabajo, de estudio o de domicilio, agotado este se iniciará un nuevo flujo, de carácter turístico.

La economía de las principales localidades de la comarca oriental depende en buena parte de los ingresos derivados de los visitantes vascos, tanto de quienes llegan a ellas de forma esporádica como de los que mantienen una segunda vivienda y acuden con más regularidad. En todo caso, los malos registros sanitarios de la comunidad vecina hacen augurar un repunte de las infecciones en la zona, como ya se viene notando en Castro Urdiales, la ciudad más próxima, que lleva días bajo la lupa de los responsables sanitarios.