El acusado que negó matar al anciano dice ahora que participó en los hechos

Tal y como adelantó este periódico en su edición del martes, en la primera sesión del juicio, uno de los tres únicos acusados -Paulino Gómez L.- confesó haber participado en este suceso y haberlo hecho, además, acompañado de su hermano Ricardo, eximiendo de toda responsabilidad al tercero de los procesados, Juan Carlos Cobo S. Pero en su declaración, Ricardo, del que se esperaba que corroborara la versión del anterior, la negó muy tajante asegurando que él nunca estuvo ni en el garaje de la calle Beato de Liébana, donde la víctima murió asfixiada, ni en la vivienda de la calle Alcázar de Toledo, donde se perpetró el robo.

Si ese giro de los acontecimientos producido el martes fue brusco, el de ayer fue ya copernicano. En un intento por enderezar el rumbo de su cliente en el juicio, y ante las abrumadoras pruebas que le sitúan en los dos escenarios (la confesión de su hermano, entre ellas), el abogado de Ricardo, Manuel Fernández Garrido, que intenta rebajar de asesinato a homicidio la calificación de los hechos para su defendido, solicitó a la jueza María Rivas, tan sorprendida como los demás, que estimase una segunda declaración del encausado.

Así, la defensa invocó el artículo 42.1 de la Ley del Jurado, que remite al 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al procedimiento ordinario y que contempla la posibilidad de que el acusado sea escuchado otra vez aunque ya haya declarado.

«Siendo este un asunto tan relevante debe concederse al acusado la oportunidad de aclarar los hechos para ilustrar mejor al jurado», explicó luego el letrado, que prefirió utilizar esta herramienta antes que decantarse por el derecho a la última palabra «porque cuando un procesado ejerce ese derecho en concreto, es decir, justo antes de que el juicio quede visto para sentencia, las partes ya han elevado a definitivas o modificado sus conclusiones con las correspondientes condenas».

Dado que ninguna de las partes se opuso a esa segunda declaración, la magistrada María Rivas, que luego admitió haber vivido una situación para ella inédita, concedió la palabra a Ricardo, que habló por segunda vez para aclarar la situación. «Ayer no me tomé la medicación y estaba un poco nervioso», se justificó de primeras el acusado, que, como ya hiciera su hermano Paulino el día anterior, pidió perdón.

«Siento muchísimo la muerte de ese señor. Sólo quería dinero. Lo siento muchísimo, muchísimo», repitió entre lloros Ricardo, que a preguntas de la Fiscalía y la acusación particular reconoció que acompañó a su hermano hasta el garaje de la víctima, primero, y hasta su domicilio particular, después.

El procesado admitió que maniataron y amordazaron al hombre, si bien negó que le golpearan. «¿No le golpearon?», le preguntó directamente el fiscal. «No recuerdo que le golpeáramos», respondió con dudas él. «Le pregunto esto porque como el fallecido tenía tres costillas rotas...», replicó el fiscal a Ricardo. «De mala memoria a largo plazo», el acusado tampoco logró recordar quien de los dos introdujo en la boca al anciano el paño que, según el dictamen forense, le provocó la muerte por asfixia. Ni ese ni tampoco algunos detalles por los que fue cuestionado antes de dar por concluido su segundo testimonio.

Una vez conseguida la confesión de Paulino y Ricardo Gómez L. como los dos autores materiales de los hechos que se están juzgando, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular se concentraron ya en apuntalar su pleno convencimiento de que en el suceso participó una tercera persona, Juan Carlos Cobo S., en su caso en calidad de colaborador necesario.

Amigo de Paulino, Juan Carlos es, a sus ojos, la persona que suministró a éste toda la información relacionada con la víctima -en especial su desahogada situación económica- y acompañó a los otros dos procesados el día en que se produjo el suceso. El 4 de febrero de 2017.

En esto jugaban un papel determinante los policías que participaron en las investigaciones, que, uno por uno, fueron desfilando este miércoles por la sala del juicio para tratar de aportar un poco de luz al jurado.

Resultó especialmente interesante escuchar el testimonio del responsable de la investigación, un inspector jefe perteneciente a la Unidad Central de Madrid que se incorporó seis meses después de los hechos.

El funcionario explicó al tribunal que cuando la Policía Nacional decidió hacer pública la llamada telefónica que Paulino efectuó a la Cruz Roja solicitando ayuda para el anciano, él acudió al programa 'Expediente Marlaska' y que al terminar recibió una llamada anónima que aseguraba que la voz pertenecía a Paulino, al que el comunicante relacionaba con un vecino de Santander, Juan Carlos Cobo, quien, afirmó, «tenía un interés en este robo», que no era otro que participar en el reparto del botín.