El amianto obligará a desmontar la Residencia planta a planta con un coste de 17,5 millones

La retirada controlada del amianto, el fibrocemento o el plomo expuesto a radiación obligará a un desmontaje planta por planta y será una de las causas del alto coste de la demolición, que ascenderá a 17,5 millones de euros y durará alrededor de dos años. Para hacernos una idea de la magnitud del derribo, se podrían llenar medio centenar de piscinas olímpicas con los 120.000 metros cúbicos de escombros que se generarán, según el informe de la demolición que maneja el Gobierno y al que ha tenido acceso El Diario Montañés. Los detalles del contrato para ejecutar el derribo aún no se han hecho públicos, pero el Gobierno del PP está valorando hacer una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa (en colaboración con la consultora vasca IGR), lo que reduciría drásticamente el tiempo y los trámites administrativos, pero podría encarecer el coste final al estar luego Tragsa obligada a subcontratar a una empresa privada que sí cuente con los medios necesarios para una operación de este calado.

En cualquier caso, la demolición se dividirá en cinco fases. La primera será de preparación. Además de cortar todos los servicios de agua y luz, se instalará una báscula para pesar con exactitud todos los residuos generados, parte fundamental en los costes de la obra. En este momento también se colocará los andamios de 50 metros de altura por toda la fachada del edificio principal.

Antes de que llegue este momento, el Gobierno de Cantabria deberá resolver la reubicación de los cerca de 80 trabajadores de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que, a día de hoy, siguen trabajando en el edificio adosado a la Residencia.

En una segunda etapa, varios grupos de operarios desmantelarán a mano el interior de cada una de las trece plantas: los falsos techos, la carpintería, los cristales, puertas... Será clave entonces detectar los equipos que contengan residuos peligrosos, como sustancias líquidas y elementos radiactivos en las zonas de rayos x, detectores de humo o pararrayos.

La tercera etapa será una de las más complejas, ya que se centrará en la retirada del amianto, un mineral muy utilizado en la construcción en el siglo pasado y prohibido desde 2002 por su toxicidad. Al romperse libera polvo de fibras que pueden resultar potencialmente peligrosas si se inhalan, por lo que exige una desinstalación y retirada mediante procesos muy especializados y también muy costosos. De hecho, como explicó Pablo Gómez, ingeniero y técnico de prevención en la empresa Indaccess, no existe ningún depósito en Cantabria para almacenar este material cuando se retira, por lo que una vez precintado es necesario llevarlo hasta plantas especializadas en Galicia o Zaragoza.

Para evitar riesgos será necesario instalar en cada planta burbujas de contención que aíslen el exterior del interior mientras los operarios, protegidos con trajes EPI –como los que fueron tan usuales durante el covid–, retiran el amianto.

La cuarta fase será la más vistosa para las miles de personas que cada día acceden con su vehículo a Santander por Valdecilla. Las grúas pesadas, de brazo largo y gran tonelaje, solo disponibles en empresas nacionales muy especializadas, rodearán la Residencia para demolerla. En primer lugar se tirarán los edificios anexos para que las máquinas tengan superficies de apoyo seguras y con libertad de movimiento suficiente.

Mientras en el exterior trabajan las grandes grúas, en el interior también se usarán robots teledirigidos para demoliciones específicas en cada planta y retirar el material que se vaya desprendiendo.

La quinta y última fase se centrará en el transporte y la gestión de los residuos, con especial interés en la seguridad de los materiales con amianto. Si todo va según los planes del Gobierno, el solar quedará vacío y limpio en dos años, tras el verano de 2026.

Hasta entonces, a la presidenta le tocará pelear en Madrid las ayudas económicas tanto para el derribo de la Residencia como para el Parque Científico de la Salud, muy complicado de asumir en solitario por Cantabria. De hecho, Buruaga ya adelantó que una de los primeros temas que pondrá sobre la mesa de Pedro Sánchez –si es que en algún momento logra reunirse con él por primera vez– es la petición de facilidades administrativas para el proyecto. Eso como mínimo, sin descartar la firma de un convenio de ayudas para su financiación.

Lo que el Gobierno da por resuelto es la cesión del edificio y el suelo, cuyo propietario es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según confirmó el Ejecutivo del PP, el Estado ha dado el visto bueno a la demolición y sigue vigente la cesión de uso a Cantabria siempre que se destine a un proyecto sanitario. Sin embargo, el consejero de Salud, César Pascual, dijo en el Parlamento hace solo un mes que el Gobierno central ha rechazado la cesión perpetua y se le ha planteado como alternativa una cesión a largo uso, sin que hubiese contestado todavía.

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