El atasco sanitario agrava la crispación en los usuarios y dispara las agresiones al personal

Ahora que hemos pasado de hablar de cuidados a hablar de agresiones a personal sanitario, cabe preguntarse dónde quedaron los aplausos de las ocho de la tarde durante el confinamiento. En los peores momentos de la pandemia, cuando todo era incertidumbre y el virus mataba sin piedad, desde los balcones se animaba al personal sanitario con palmas y vítores. El esfuerzo de aquella batalla inicial casi a pecho descubierto, cuando las bolsas de plástico llegaron a reemplazar los insuficientes trajes de protección (EPI) y se fabricaban incluso mascarillas de tela porque no había para todos, hubo un reconocimiento social que ponía los pelos de punta. Pasó la primera ola covid, pero en estos casi dos años vinieron otras cinco; la última aún no ha tocado techo empujada por Ómicron y ha alcanzado tales dimensiones que ha acabado colapsando la red de Atención Primaria y generando una presión hospitalaria sólo superada por el tsunami de aquel marzo de 2020 -ayer había ingresados 222 pacientes covid-. ¿Qué ha pasado en la sociedad para que impere la lógica del enfado en vez del respeto hacia los que ejercen los cuidados?

La fatiga pandémica o, lo que es lo mismo, el hartazgo generalizado por una situación que se prolonga en el tiempo sin final claro a la vista desgasta a las plantillas sanitarias, ahora de nuevo «desbordadas» por el crecimiento desmesurado de la sexta ola en Navidades, y a la vez, eleva el nivel de crispación en la población, que descarga muchas veces su impotencia por la desatención o la tardanza en resolver su problema de salud o administrativos con los médicos, las enfermeras o incluso los auxiliares que gestionan las llamadas que logran entrar entre los miles de intentos frustrados cada día. En ocasiones, «cada vez más», ese malestar se expresa de malas maneras o, incluso, de forma violenta.

Según los datos que aporta el Sindicato Médico, en 2021 las agresiones a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria aumentaron un 30% respecto al ejercicio anterior. En concreto, se registraron 53 -once protagonizadas por personas reincidentes-, «siendo el colectivo sanitario el que más las sufre». Entre el personal de enfermería se contabilizaron 27 y en administrativos, otras 33. Y eso contando que suceden «escenas desagradables» que no llegan a notificarse. El personal de los mostradores, que son el primer parachoque de esa frustración ciudadana, lo sabe bien, aunque cuesta encontrar a profesionales que se atrevan a contarlo en este reportaje por temor a que la crítica se les vuelva en contra.

Las quejas también son proporcionales a los atascos en los servicios de Urgencias de los hospitales, «en cierta manera razonables porque hay gente que, en las actuales circunstancias, se siente desatendida por el sistema de salud y acaba acudiendo a nosotros», como reconocía días atrás Luis Prieto, médico de Urgencias de Valdecilla. El problema viene cuando la protesta se va de las manos, como pasó la semana pasada cuando tuvo que intervenir incluso la Policía Nacional ante «un conato de rebelión de un grupo de pacientes» tras horas de espera en una sala para sospechosos de infección por covid.

Y es ahí donde las autoridades sanitarias y las organizaciones sindicales ponen el acento, porque «los profesionales no tienen la culpa» de que la demanda se haya disparado a niveles inasumibles. «Hacen lo que pueden y más», defiende la gerente de Atención Primaria, Teresa Ugarte. «El personal está soportando un momento de carga emocional y de carga de trabajo muy importante. Es muy duro que encima de eso a uno se le menosprecie, se le amenace o incluso se le agreda. Como sociedad, no debemos tolerarlo. Pedimos que haya respeto».

Desde el Sindicato Médico recuerdan que «la medicina es profundamente vocacional y se vive dedicado a ayudar a los demás, asumiendo agendas con el doble o el triple de pacientes de lo recomendado, saliendo todos los días dos o tres horas tarde de tu trabajo, agotado, con estrés, con tensión. Cuando en vez de reconocimiento lo que empiezas a recibir son insultos y amenazas, esa vocación cae fulminada». Tanto la Administración como los profesionales consultados por este periódico reconocen la «situación de crispación entre la ciudadanía», un hartazgo que «entienden» porque la pandemia ha colapsado lo que hasta ahora funcionaba, al menos en teoría, porque no son pocos los profesionales que aseguran que «el colapso en Primaria se veía venir», como Roberto González, médico de Primaria, para quien «la falta de inversión se está pagando ahora».

Ana Samperio, secretaria autonómica de Satse Cantabria, el principal sindicato de enfermería, señala que «la entendible frustración de la población al constatar los problemas de recursos y medios que tiene nuestra sanidad pública en plena sexta ola está propiciando que un mayor número de personas lo esté pagando con unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de incansable lucha contra la pandemia». La prueba es que «las agresiones, tanto verbales (amenazas, insultos, descalificaciones...) como físicas (empujones, puñetazos...), registradas en el último año duplican las del ejercicio anterior y multiplican por cuatro los datos previos a la pandemia», subraya Samperio. Una escalada que urge a poner freno: «La Consejería sigue sin tomar acciones y medidas concretas para luchar contra esta lacra que afecta sobre todo a las enfermeras por su contacto más cercano y continuado con pacientes y familiares».

En la misma línea, el Sindicato Médico achaca esta situación a que «el covid ha destapado en toda su crudeza el grave deterioro de la Atención Primaria, pero en modo alguno se puede descargar dicha frustración en forma de agresiones». No obstante, considera que el actual plan de actuación ante agresiones establecido por la Consejería de Sanidad es «un fracaso, pues favorece la impunidad de los agresores y deja en situación de desamparo a los sanitarios agredidos». Tal es así, expone su vicepresidente, Santiago Raba, «que los facultativos agredidos hacen uso habitualmente de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos ya que el servicio de salud se limita únicamente a enviar una carta amenazante al agresor, sin más consecuencias, y en ocasiones a cambiar al médico de centro de trabajo».

El sindicato ha exigido en «innumerables ocasiones» a la Consejería de Sanidad que aplique la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria (Loscan) ya que, «adecuadamente publicitada», tendría un efecto disuasorio inmediato ya que la ley recoge sanciones a partir de 3.000 euros por «trato desconsiderado hacia el personal del Sistema Sanitario Público de Cantabria» y de 15.000 en adelante cuando además hay coacciones o amenazas. «Sin embargo, la Consejería se niega a aplicarlas, sin justificación alguna, siendo su actitud, como la del alguacil y el corregidor: mientras las tortas se las den a los sanitarios y no al consejero, ahí me las den todas», critica Raba.

«No puede ser que la sanción por insultar y amenazar a un médico sea inferior a la de una infracción de tráfico». Esta situación no se da en el resto de países europeos -añade-, «donde la figura del médico no sólo goza de un gran prestigio social, por lo que cualquier agresor sería estigmatizado por el resto de ciudadanos», sino que además «las penas son muchísimo más elevadas que aquí, desde expulsar al infractor del sistema sanitario público hasta la cárcel. Aquí, en cambio, hay un exceso de garantismo».