Más autogobierno, pero a la carta

Y Cantabria está incluida en este segundo grupo, aunque el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, muy crítico con las cesiones de Sánchez a nacionalistas y separatistas, tampoco se ha interesado por ahora en ganar cuotas de autogobierno. Solo hay dos asuntos que Peña Herbosa tiene sobre la mesa. Como explicó el PP durante la campaña electoral y aparece en el programa con el que Buruaga ganó con las elecciones, la presidenta sí considera interesante que Cantabria asuma las competencias en materia de ríos (en concreto, las cuencas que transcurren únicamente por la región para facilitar la limpieza de cauces y la prevención de riadas) y la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la prestación de nueva creación que puso en marcha la pasada legislatura la Seguridad Social.

«Desarrollar el actual Estatuto de Autonomía de Canarias con un calendario que incluya el traspaso de competencias». Esa es la promesa que el PSOE le ha hecho a los nacionalistas canarios para conseguir el voto de su única diputada en el Congreso de cara a la investidura de Sánchez. La misma, por cierto, que hizo el PP cuando el candidato fallido a La Moncloa fue Alberto Núñez Feijóo. Unos términos muy similares a los que aparecen en el documento con el BNG, que habla de la «activación de la transferencia de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto», pero también abre la puerta a que el Parlamento gallego reclame otras de forma adicional. Más ambigua es la redacción del acuerdo con el PNV:los vascos reclaman sí o sí una veintena de transferencias pactadas en la anterior legislatura y que están por desarrollar, pero dejan entrever su intención de dar un paso más y reformar el estatuto tanto para asumir nuevas competencias como para modificar su estatus dentro de España. Es más, el lehendakari Iñigo Urkullu señaló la semana pasada la posibilidad de celebrar un «referéndum acordado con el Estado».

Las peticiones –ya aceptadas por Sánchez– de los separatistas catalanes son mucho más concretas y tienen que ver con la cesión de las políticas de Ciencia, Universidades y becas y ayudas al estudio. Parecen cosas menores, pero es que el grueso de las competencias que podían asumir conforme a las leyes nacionales y autonómicas ya las tienen. Y para esas piden más recursos.

Por cuantificarlo, los distintos gobiernos del PSOE y del PP han transferido a Cataluña 192 materias, la cifra más alta de todo el país, incluidas políticas como el tráfico, la meteorología o las cárceles, que en la mayoría de regiones se dirigen desde Madrid. Son casi el doble de las 106 que ha ido asumiendo Cantabria, que aun con todo se encuentra en la parte media de la tabla, por encima de Navarra, Asturias, La Rioja, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Previsiblemente, lo que ocurrirá con los acuerdos entre el PSOE y sus socios será que aumenten las diferencias entre los niveles de autogobierno de los distintos territorios. Porque si Sánchez cumple su palabra, Galicia, País Vasco, Cataluña y Canarias tienen ya aseguradas nuevas competencias, mientras que el resto de regiones tendrán que pelearlas. Si es que realmente quieren conseguirlas, que está por ver.

Cantabria, por ejemplo, tiene capacidad para hacerse con la gestión de la sanidad penitenciaria, pero hasta ahora no le ha interesado reclamárselo al Estado. De hecho, desde 2010, cuando se amplió la capacidad de Cantabria en materia de conservación de la naturaleza para que pudiera asumir la gestión del Parque de Picos de Europa (junto a Asturias y Castilla y León), no se han producido nuevas transferencias salvo en materia de impuestos.

Desde 1998, tras la tercera de las cuatro reformas del estatuto que se han producido, Cantabria es considerada «comunidad histórica», pero para llegar a las cuotas de autonomía que tienen las llamadas «nacionalidades históricas» tendría que acometer otra reforma estatutaria. Al contrario que el PRC o Cantabristas, el resto de partidos ni siquiera lo han sugerido.