El aviso por agresión a sanitarios movilizó a las fuerzas de seguridad 368 veces el año pasado

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Marta San Miguel

La prueba de que el problema es mucho mayor de lo que reflejan las denuncias salta a la vista cuando se cruzan con las intervenciones policiales realizadas el año pasado por avisos de agresión en la red sanitaria. Según los datos facilitados desde la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional -con competencias en el área de Santander- tuvo que realizar 82 actuaciones operativas solicitadas por profesionales de la salud en centros sanitarios -aquí se incluyen también las llamadas desde Valdecilla-, aunque los agentes tuvieron que acudir, además, hasta 186 veces por situaciones comprometidas vividas por el personal durante la atención a domicilio. Es decir, sólo en este tipo de asistencias se han dado casi el doble de altercados con usuarios que las denuncias registradas de forma oficial. Y a esas cifras hay que añadir, por otro lado, los dispositivos en los que ha tenido que intervenir la Guardia Civil en el resto de la región por avisos de la misma naturaleza, que según la Delegación suponen otro centenar, entre los que se llegó a detener a trece personas por delitos de agresiones, injurias y amenazas a personal sanitario.

Sumadas unas y otras, hasta en 368 ocasiones -prácticamente una cada día- se movilizaron las fuerzas de seguridad por enfrentamientos protagonizados por pacientes insatisfechos y agresivos. Así las cosas, «era cuestión de tiempo que pasara un hecho tan terrible y por desgracia no aislado como el de nuestros compañeros de Los Castros », lamentan desde la asociación aSUAP, «porque llevamos años denunciando la falta de seguridad en los centros». De hecho, justo la semana pasada, horas antes de esta brutal agresión, habían reclamado al nuevo gerente del SCS, Rafael Sotoca, medidas frente «a la desprotección que estamos sufriendo». «Esperamos que esta situación tan terrible sirva como acelerador para la toma de decisiones», advierte el personal de Urgencias. Y parece que así ha sido, pues la Consejería de Sanidad ha convocado para esta mañana una reunión con las diferentes Gerencias y los sindicatos de la mesa sectorial para abordar la problemática y las medidas en ciernes con las que aspira a frenar esta lacra. El pasado enero, en plena ebullición de la sexta ola y con la Atención Primaria colapsada, la gerente del área, Teresa Ugarte, reconocía el aumento de las tensiones y anunciaba que se sopesaba la instalación de cámaras de seguridad en los SUAP. Según indican desde la Consejería, «los trámites están en marcha», pero no se concretan plazos. «Llega tarde», opina el Sindicato Médico, que pide «que el peso de la ley recaiga con contundencia sobre los agresores» y que «se aplique de una vez el régimen sancionador regulado por la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria de 2002», que contempla sanciones desde 3.000 a 600.000 euros.

«Somos los mismos profesionales a los que la población hace tan solo unos meses aplaudía. Es muy decepcionante darte cuenta que tan solo en cuestión de meses, hemos pasado de los aplausos a los puñetazos», declara Roberto Garrastazu, secretario de aSUAP.