«Los ayuntamientos van a tener que hacer un ejercicio de responsabilidad»

«Ahora se permitirá el acceso a esta modalidad a las personas jurídicas y eso va a facilitar que empresas y grandes tenedores tengan más viviendas de este tipo. Que una empresa tenga cinco o seis en una comunidad de vecinos, algo que ahora no se permitía», apunta Eduardo Lamadrid sobre uno de los aspectos en los que harán alegaciones. El recién elegido presidente de los hosteleros de la región se centra, visto el documento, en el papel que jugarán los ayuntamientos. Más que en valorar que se deje en sus manos, en los posibles escenarios a partir de ahora. «Realmente va a depender de ellos. Tienen que tener un plan urbanístico y no todos lo tienen. Tendrán que hacer ordenanzas y vamos a tener municipios que prohiban estas viviendas turísticas y otros que no. Y lo habrán decidido de manera subjetiva, algo que creemos que no debería ser así». En este escenario, reconoce que tendrán que pelear «municipio por municipio». «Nos preocupa, claro, qué ayuntamientos van a aplicar normas y qué normas van a aplicar. Los ayuntamientos tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad y darse cuenta del conflicto que está generando este modelo. Y, apartir de ahí, actuar con celeridad y responsabilidad», exige Lamadrid.

Hay más preocupaciones. «El régimen sancionador». Y aquí lanza como propuesta que, «si en Turismo no tienen suficientes inspectores, que los policías locales o los guardias civiles tengan capacidad para actuar si se detectan situaciones ilegales».

Pero Lamadrid sí valora positivamente algunos aspectos. «La parte retroactiva», destaca. Que se tengan que presentar «declaraciones responsables tanto por parte de quienes quieran ejercer la actividad como por las que ya lo estaban haciendo», ateniéndose a los nuevos requisitos.

La visión desde Hostelería, así, es menos contundente que la que dan en Turismo Rural. «El decreto no plantea soluciones a los problemas generados por la invasión de estos alojamientos. Sólo añade un seguro de responsabilidad civil y abre el melón a que las personas jurídicas pongan pisos turísticos. Es abrir la puerta a los fondos buitre y dejar sin resolver las consecuencias del problema social de los alquileres», explica Jesús Blanco. Y continúa. «La norma sigue sin entrar en las obligaciones que conlleva la apertura de un establecimiento turístico (no los valora como empresas) y pasa la patata caliente a los ayuntamientos». A su juicio, las consecuencias de esto son claras: «más masificación, menos calidad turística y más desorden». «Y sin tener claro ese desarrollo sostenible y de calidad al que aspirábamos y por el que sí van otras comunidades».

Tan descontentos están en Turismo Rural que entienden que, «para esto, no vale la pena modificar el decreto que ya existe». «Todos estos meses para esto... Para seguir igual o, incluso, en algún aspecto, peor», señala Blanco, que ha pasado el borrador a todos los asociados para que den su opinión de cara a las alegaciones que van a presentar.

«Es muy genérico», reconoce Eneko Valle desde la Asociación de Campings, aunque recuerda que «es un borrador y se pueden hacer alegaciones». Primera reflexión. A partir de ahí, el presidente de este colectivo, como el de Hostelería, entra de lleno en el nuevo escenario que se plantea. «Dentro de que debe haber una regulación y se tiene que dar el primer paso, Turismo llega hasta donde llega. Con esto serán los ayuntamientos los que tengan que exponer sus criterios y, tal vez, deberían ponerse de acuerdo para evitar competencias desleales. Hay ayuntamientos con planes urbanísticos y otros que no. Partir de lo que ya existe y buscar acuerdos puede ser una fórmula para arrancar. Algo tendrán que hacer porque, de lo contrario, esto se va a desbordar de tal manera...».

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