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Hace solo unos pocos días, cuando la presidenta de Cantabria avanzó en el Parlamento que los municipios tendrían más poder para limitar o no los ... pisos turísticos, prácticamente ningún ayuntamiento se atrevió a valorar unas palabras que, hasta entonces, eran solo eso, una declaración de intenciones del nuevo Gobierno del PP. Pero ahora ya existe oficialmente un borrador de un nuevo decreto que, entre otras cosas, descarga la responsabilidad del Ejecutivo regional en la regulación de estos inmuebles y la pone en las manos de los alcaldes. Sigue habiendo ayuntamientos que optan por esperar y no hablar hasta haber estudiado a fondo el documento, como es el caso de Santander y San Vicente de la Barquera, pero una mayoría consultada por este periódico sí lo hace y se muestra dividida por el empacho de competencias que deberán asumir en un asunto tan polémico y marcado en rojo en la agenda turística y social no solo de Cantabria, sino de las principales capitales del país, en plenas protestas por la gentrificación de las ciudades y el turismo masificado.
La total autonomía municipal que busca el Gobierno –«cada uno decidirá que tipo de modelo quiere», dijo la consejera de Turismo– tiene tantos detractores como defensores en el mapa regional, aunque la inmensa mayoría se pueden clasificar por las siglas de los partidos. En el PRC y el PSOE creen que el Gobierno se ha quitado el problema de encima y se lo ha pasado a los municipios, mientras que los consistorios dirigidos por el PP –con excepciones– aplauden que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga otorgue esa libertad a cada ayuntamiento para regular en función de sus necesidades y peculiaridades. «No es lo mismo Castro Urdiales que Tresviso», señalan regidores populares como Miguel González (Laredo) y Mireia Maza (Noja). «Me agrada mucho que no sea una normativa impuesta. Cada territorio es distinto. En el caso de Noja hay mucha población flotante que no tiene, por ejemplo, Reinosa», señaló Maza, al frente de un municipio que pasa de 3.000 vecinos a 80.000 habitantes en verano. «Cada uno sabe cuáles son sus necesidades. En Laredo solo tenemos cuatro hoteles y están llenos, por lo que debemos ser más permisivos con los pisos turísticos para facilitar que haya más», corrobora González.
Pero no todos los alcaldes del PP comulgan con tanto fervor con el nuevo decreto. El de Potes, Javier Gómez, cree también en los beneficios de esa autonomía municipal, pero vaticina muchos problemas con la regulación de las licencias ya concedidas: «La nueva normativa no soluciona nada, es más, muchos pisos legales se pasarán al lado oscuro y se harán ilegales».
Gómez se refiere, en concreto, al artículo 6 del decreto, donde dice que las 2.100 viviendas de uso turístico legales que existen en Cantabria –de las 10.000 totales que se calcula que existen– tendrán un plazo de seis meses para adaptarse y presentar una nueva declaración responsable de actividad. La Consejería de Turismo no accede a establecer una moratoria que prohiba dar nuevas licencias como pedían algunos grupos y tampoco a poner un límite de 60 días al año en los que se puede alquilar una vivienda, como reclamaba Santander.
«Admiro la voluntad del Gobierno de intentar regularlo, y no propone ninguna burrada»
«A los municipios nos deja a los pies de los caballos con una herramienta que no arregla nada»
«Puede provocar que muchos pisos legales se pasen al lado oscuro y se hagan ilegales»
«Es muy positivo que tenga en cuenta a los ayuntamientos porque cada uno es distinto»
«Es imprescindible una visión territorial de toda la región para que no ocurra lo de Baleares o Cataluña»
«Nos deja libertad porque cada municipio tiene sus peculiaridades y sus propias necesidades»
«Pero si el 90% de los ayuntamientos no cuenta con normativa urbanística que regule este tipo de pisos, ¿qué van a exigir exactamente a los propietarios? ¿Y les van a pedir que cumplan más obligaciones pese a que ya tienen permiso concedido desde hace años? Esto va a dar lugar a casos de indefensión y a reclamaciones», vaticina el alcalde de Potes, que pide reforzar los sistemas de control de estos pisos porque nunca se hace. «¿O acaso alguien se cree que en Santander solo hay viviendas de uso turístico en bajos y primeras plantas como obliga la normativa de ese Ayuntamiento?», se pregunta Gómez. Sin embargo, el decreto no cambia el régimen sancionador y, debido a la falta de inspectores, el año pasado solo se tramitaron una treintena de multas en toda la región.
Los alcaldes del PRC sí han levantado la voz por la ausencia de un marco jurídico claro y único en toda la región. El regidor de Torrelavega, Javier López Revuelta, considera que la visión territorial es «imprescindible» para que las decisiones de un municipio no afecten negativamente a otros. Y puso el ejemplo de la comarca del Besaya, donde la presión de pisos turísticos en Santillana del Mar y Suances está generando una mayor demanda de viviendas en Torrelavega.
La alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, es todavía más contundente en su valoración de la normativa que el Gobierno pretende aprobar: «Nos deja a los ayuntamientos a los pies de los caballos, nos pasa la patata caliente con una herramienta peor de la que existe».
Otro de los puntos críticos del decreto es el informe de compatibilidad que deberá ser expedido por un funcionario municipal para confirmar que el uso turístico del piso no choca con el planeamiento urbanístico. Para el alcalde de Torrelavega esta medida es errónea desde el origen: «Cuando se redacta un Plan General –detalla–, se diseña una trama urbana con equipamientos adecuados para las viviendas de uso residencial. Si esos pisos se convierten en turísticos, el colegio que se construyó allí, por ejemplo, dejaría de cumplir su función».
La próxima semana será determinante para conocer la opinión generalizada de los ayuntamientos. La Federación de Municipios ha convocado una reunión de su junta directiva el próximo día 17 –el miércoles– para intentar consensuar una postura oficial, aunque «no será fácil», aventuró su presidente, Javier Camino (PP).
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Ana del Castillo
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