Las batallas de Miguel Rodríguez

A Miguel Rodríguez (Reinosa, 1964), que aceptó tomar las riendas de la Consejería en 2019 convencido de que era una oportunidad profesional que se presenta una vez en la vida, le duró la tranquilidad lo que tardó en llegar el coronavirus, que lo acaparó todo, dejando en la lista de pendientes el grueso de sus objetivos de legislatura. Algunos incluso más alejados de cómo los encontró, como las listas de espera, que se han disparado por el impacto de la pandemia -13.453 pacientes en cola había al cierre del año, con cinco meses de demora media-. Imposible remontar un balance que ya era negativo de entrada, pues en junio de 2019 ya se había invertido la tendencia a la baja de los años anteriores.

Justo cuando se cumplen dos años de crisis sanitaria, con la incidencia de la sexta ola en cifras llevaderas, es Rodríguez quien ha alcanzado el pico máximo de desgaste. Y no toda la responsabilidad es achacable al covid. El último y definitivo empujón le vino desde dentro del propio Gobierno, por las desavenencias con Economía y Hacienda, en un momento de bajón anímico por cuestiones personales. También han sido evidentes en múltiples ocasiones las diferencias de criterio con el propio presidente, Miguel Ángel Revilla, quien no siempre le ha respaldado públicamente en sus decisiones -incluso más de una vez ha apoyado la postura opuesta-. Uno mirando por la parte sanitaria de los efectos de la pandemia para evitar un colapso hospitalario (no llegó a producirse en ninguna de las embestidas del virus) y el otro muy preocupado por las consecuencias económicas. Las más controvertidas han sido siempre las relacionadas con las restricciones, especialmente las que han afectado al ámbito de la hostelería, el frente crítico más beligerante contra el consejero.

Los vaivenes en los criterios y los cambios de última hora, incluso en las épocas fuertes del sector -el virus no entiende de Semana Santa, verano o Navidades, respondían desde el departamento de Rodríguez- alimentaron la batalla de los hosteleros, que pasaron de los reproches públicos a las protestas en la calle, para después recurrir las resoluciones de la Consejería por la vía judicial, con sentencias a favor y en contra. De todo hubo.

Consciente de que a Sanidad le había tocado ser «los malos de la película» y que lograr el equilibrio para que no se resintiera la economía era una utopía, el consejero siempre defendió que su objetivo era «preservar la salud de la población». En respuesta a los ataques de hostelería, no se cansó de repetir que las evidencias científicas avalaban las restricciones y que en espacios cerrados donde se quita la mascarilla para comer o beber el contagio era más probable, justificando así el cierre de interiores. Lo repitió tanto como Revilla eso de «que las medidas las pone Sanidad», cargando la responsabilidad sobre el consejero socialista, encargado de dar las malas noticias del covid y sus consecuencias. Incluso se dejaron de convocar las ruedas de prensa de evolución en Peña Herbosa para trasladarse al salón de actos de la Consejería.

Los indicadores que resumen el impacto de la pandemia sitúan a Cantabria entre las comunidades con menor exceso de mortalidad por covid, lo que implica que es «de las más vidas ha salvado», como destacó Zuloaga cuando alabó la labor del ya exconsejero la semana pasada. Pero en ese repaso hay capítulos que han embarrado su gestión. Uno de los más sonados fue la relación con las residencias de mayores en la primera fase de la crisis, cuando era allí donde se cebaba el virus ante la imposibilidad de frenar los brotes entre los más vulnerables. Al caos inicial se añadió después las «desafortunadas declaraciones», como él mismo reconoció, que hizo en una comparecencia en el Parlamento: «Las residencias no han estado a la altura». Aunque pidió disculpas al día siguiente, como le había indicado el presidente, fue la primera vez que le llovieron las peticiones de dimisión.

La pandemia no sólo evidenció la falta de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, sino que sacó a la luz las carencias del sistema en Salud Pública y las deficiencias de personal de la Atención Primaria, que se multiplicaron por mil con la explosión de Ómicron, haciendo saltar por los aires el sistema de rastreo, que ha sido uno de los grandes aciertos en la lucha contra el coronavirus. En ambas áreas hizo relevos el consejero. La primera crisis de su gabinete se desencadenó en enero de 2021, con el cese de su directora de Salud Pública, Paloma Navas, a quien sustituyó el médico austriaco Reinhard Wallmann, que pasó de ser el analista de los datos covid en la sombra a ser la mano derecha de Rodríguez.

En aquel momento, el problema de fondo era el atasco en la campaña de vacunación, con un arranque tan lento que Cantabria acabó a la cola de España. Aunque él no relacionó la salida de Navas únicamente con esto -había más desencuentros previos-. Influyó también que en aquellas fechas su número dos, la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, estaba de baja porque había sufrido un infarto meses antes. El tándem Salud Pública-SCS no había funcionado. Al comienzo se programaban 200 dosis al día, cuando después se llegaron a inocular más de 8.800 (récord del 15 de julio). Pese a los problemas iniciales, la región cumplió con los objetivos del despliegue masivo de la vacunación, con las interrupciones marcadas por los propios laboratorios, unas veces por recortes en los envíos y otros por prevención para estudiar efectos secundarios (causa de los parones de AstraZeneca y de Janssen).

La red de centros de salud lideró la estrategia, con nueva gerente al frente (Teresa Ugarte) después de la dimisión de Alicia Gómez a raíz la polémica suscitada con su directora médica (dimitida también), que adelantó la vacunación de su madre con una dosis sobrante de las destinadas al personal del 061. Otro contratiempo para el consejero, al que le llovieron las críticas por parte de la oposición. Además de estas bajas en su organigrama, hubo otras tantas. Unas por iniciativa propia, como las dos subdirectoras del SCS (Recursos Humanos y Gestión Económica), ambas fichadas fuera de la región , y otras por decisión del consejero, como la del subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS, Trinitario Pina, o el de las secretarias generales: Sara Negueruela, cesada a la par que Navas; y Virginia García, la salida más reciente (en enero).

Tras este último cambio subyacen los problemas en la tramitación del proyecto estrella de legislatura en materia sanitaria: la protonterapia, que queda en el aire con la salida de Miguel Rodríguez, más ahora que el Ministerio acaba de publicar el anuncio de licitación de las máquinas donadas por la Fundación Amancio Ortega. Para contrarrestar el pesimismo, el nuevo titular de Sanidad, Raúl Pesquera, también lo señaló entre sus prioridades en su toma de posesión. Los reproches de la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, cuando aseguró que la viabilidad de la protonterapia estaba comprometida y que había riesgo de perder los millones de los fondos europeos -aunque tratara de enmendarlo a posteriori, culpando al mensajero-, fue la gota que colmó el vaso de Miguel Rodríguez. Las tensiones internas entre ambos departamentos, cuyos titulares comparten las siglas del partido (PSOE), dejaron de ser un secreto.

En paralelo, la semana pasada todas las organizaciones sindicales se plantaron para denunciar «la mala gestión» de Sanidad, a la que acusan de «falta de transparencia y diálogo», reclamando su cese «para evitar una debacle». Más leña para un consejero que sufrió al comienzo de la pandemia los errores de su propia política de comunicación -el pasado verano prescindió de su jefe de gabinete, Víctor Casal-, que tuvo que lidiar con las discrepancias sobre la aplicación del semáforo covid, después también con el pasaporte (certificado de vacunación), y que ha llegado al fin de la sexta ola sin fuerzas para seguir el tramo final de la legislatura, que se augura agitada.