Habrá bonificaciones en el IRPF de los residentes en las zonas despobladas

«Con carácter general -propondrá el Gobierno según ha sabido este periódico-, se ha procedido a modificar el límite máximo de la base imponible del contribuyente que da derecho a las deducciones correspondientes. Estableciendo el límite común a todas las deducciones de 31.485 euros en el supuesto de la declaración conjunta y de 22.946 euros para las declaraciones individuales». El requisito base para las deducciones. El Gobierno destaca la supresión de la «Deducción autonómica por ayuda doméstica». Argumenta, básicamente, que es difícil que las rentas bajas se puedan permitir contratar la prestación del servicio que se pretende estimular y que eso, por tanto, no favorece la igualdad que se busca. Pero lo más llamativo está en los «tres conceptos nuevos de deducciones de la cuota no considerados con anterioridad». Se refiere, de entrada, al que se establece por nacimiento y adopción de hijos. Cien euros para deducir por cada uno si conviven con el contribuyente (limitado a una determinada renta). La segunda novedad es para los casos de «inversiones o donaciones a entidades de la Economía Social». Esto es más una intención que una medida práctica. Porque los propios autores del Anteproyecto dejan claro que ese término de Economía Social -y quienes entran en el grupo- está poco desarrollado. Y justo eso es lo que persiguen. Avanzar.

Más bajado a la tierra parece entonces el paquete de medidas del IRPF para «contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales de Cantabria en riesgo de despoblamiento» (es la estadística del Icane la que determina qué partes de la región están catalogadas como tal). En concreto, en estos territorios, el arrendatario podrá deducirse el 20% del pago del alquiler por su vivienda -con unos topes- y el arrendador reducir el 50% el rendimiento neto (siempre que el arrendamiento no sea su actividad económica y viva en la misma zona). Además, los residentes podrán desgravar los gastos de guardería de los hijos (un 30% con un límite de 600 euros anuales por cada hijo menor de tres años).

Son medidas para apoyar a los que ya están y también para empujar a que vengan otros. Por ejemplo, una deducción de 500 euros por «los gastos ocasionados al trasladar la residencia habitual a una zona de Cantabria en riesgo de despoblamiento para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica». O sea, por venirse a vivir y a trabajar. Y quedarse, ya que se fija como requisito una permanencia mínima de tres años.

Crear actividad se premia. Los menores de 35 años «que causen alta por primera vez, como persona física o como partícipe en una entidad en régimen de atribución de rentas, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores» podrán deducir 1.000 euros en su declaración. Un intento de fomentar el autoempleo entre los que habitualmente se marchan del pueblo.