La caja única de las pensiones, ¿en peligro?

Hay que acudir al Estatuto de Gernika, y concretamente al segundo punto de su artículo 18, para comprobar cómo se indica que corresponderá al País Vasco «la gestión del régimen económico de la Seguridad Social», sin más.

La extrema vaguedad del acuerdo deja abierto a cualquier interpretación el alcance de la transferencia que, dicho sea de paso, no aclaró ni el propio líder del PNV. «Sabemos que es un tema que tiene sus complicaciones y sus aristas, pero negociando todo es posible», fue su escueta explicación.

Para PP y Vox, el traspaso podría suponer el fin de la caja única de la Seguridad Social, la gestión común del cobro de cotizaciones y el pago de prestaciones. El PSOE limita el cambio prácticamente a su tramitación. Todos, en definitiva, parecen moverse en el terreno de la incertidumbre.

David Cantarero, catedrático de Economía de la Universidad de Cantabria, echa en falta conocer esa «letra pequeña» para poder valorar un acuerdo que, llevado a su extremo, «podría chocar con algunos principios constitucionales, porque el sistema de Seguridad Social se basa en el criterio de gestión única, que son básicamente los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera. Desde luego, no nos encontraríamos ante un traspaso competencial más».

De llevarse hasta ese último término, privar a esa caja común de las cotizaciones sociales vascas y aliviarla del pago de aquellas pensiones obligaría a realizar ajustes en el resto de comunidades, algo que, obviamente, afectaría a Cantabria. Claro que, como recuerda Cantarero, los pensionistas del País Vasco reciben las prestaciones medias más altas de todo el país, lo que supone un déficit milmillonario entre ingresos y pagos, y sería necesario aclarar quién se haría cargo de él. De ser el Estado, tendría una repercusión negativa para las demás autonomías.

Otra de las preguntas básicas a responder, según el catedrático de la UC, es si, una vez hecha efectiva la transferencia, «la normativa básica seguiría siendo una competencia estatal, y si los criterios de acceso a la pensión y el cálculo de la misma seguirían siendo iguales en el País Vasco y en Cantabria o Asturias después del traspaso».

Queda también la posibilidad de que todo se reduzca a una cuestión casi simbólica, con la creación de unas oficinas propias y el consiguiente traspaso de funcionarios estatales, que pasarían a depender de la Administración vasca.

«El acuerdo es tan ambiguo que cabe todo», admite el senador autonómico Íñigo Fernández. «Los dos pilares que sustentan la igualdad de un país son la educación y las pensiones, y si rompemos eso no queda nada. Hay que explicar si se transfiere exclusivamente la parte de la gestión y si eso abre la puerta para que en una región de España las cotizaciones y el pago de pensiones se desgajen de la caja común. Probablemente, Pedro Sánchez no sabe ni lo que ha firmado en su afán por obtener los votos que le permitan seguir en el poder. Este hombre al frente del país es un peligro público».

Frente a los nervios del PP, la calma en el PSOE: la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado que ella cree en el diálogo, en la búsqueda de consensos y en la vertebración territorial del sistema, «preservando la caja única y la sostenibilidad». Dicho de otro modo, que el acuerdo «no contempla ruptura alguna de la caja única de la Seguridad Social, para nada».