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Los menores de edad tienen prohibida la entrada a las salas de juego. Así lo indican carteles al respecto. Pero acceden. Bien porque no les piden el DNI, bien porque enseñan uno falso, bien porque los responsables de los locales hacen la vista gorda ... ante un caladero creciente de clientes... En este preocupante contexto, el Gobierno de Cantabria ultima la elaboración de una normativa que endurecerá el control de acceso e introducirá medidas efectivas para impedir la entrada a este tipo de negocios de menores y de personas que sufren ludopatía. Entre las acciones se contemplan el establecimiento de un servicio de admisión a las puertas de los salones similar al que tienen los bingos y casinos; y la implantación de una aplicación informática para el control de entrada que dará soporte a todo el procedimiento de inscripción del ciudadano y su gestión por parte de la Administración autonómica y los propias salas de juego y casas de apuestas.
Estos aspectos se encuentran ya muy avanzados en su regulación. En el caso de la aplicación informática, cuya misión es facilitar a los operadores la ejecución del servicio de admisiones, se trabaja con el sector para implantar el sistema de certificación necesario. Igualmente, se ultima el diseño del mecanismo más adecuado para desarrollar el servicio de admisión que controle la entrada a los locales.
Igualmente, la normativa regulará el Registro de Interdicciones de acceso al juego que impide la entrada a los locales de ludópatas apuntados al mismo.
El decreto saldrá a consulta pública el próximo 20 de febrero con el objetivo de que se haga efectivo «lo más rápidamente posible».
paula fernández, consejera de presidencia
Así se lo explicó este viernes la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, a los representantes de FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria) y Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) que, encabezados por sus presidentas Leticia Cardenal y Mónica Haro, respectivamente, acudieron a la reunión organizada con el fin de trasladar las medidas de prevención que impulsa Cantabria frente a la ludopatía en los jóvenes y dar a conocer el programa de juego responsable que impulsa el Ejecutivo desde 2018. «Con este nuevo decreto ya no van a entrar menores en las salas de juego, es fundamental que en la misma puerta del establecimiento ya se detenga al menor», señala Fernández.
leticia cardenal, presidenta de FAPA
Medidas preventivas y también punitivas, ya que las sanciones serán dobles: por permitir la entrada a un menor y por no cumplir el decreto que lo impide. Se está trabajando en definir la cuantía de las mismas. Hasta ahora, para sancionar a un salón de juego era necesaria la presentación de una denuncia y demostrar en los tribunales de manera clara y efectiva que se trataba realmente de un menor, lo que ha hecho que, en alguna ocasión, las denuncias quedaran en el limbo. «El derecho de admisión va a evitar todo eso, porque, por ejemplo, va a poner un arco metálico y una persona en la puerta que identifique a todo el que entra sospechoso de ser menor», destacó la consejera.
Leticia Cardenal valoró como «positivo» este decreto para evitar que los menores puedan acceder a las salas de juego, aunque volvió a manifestar su «preocupación» por la apertura de nuevos establecimientos en el entorno de centros educativos, como ocurrirá con los proyectados en la calle Los Ciruelos, en El Alisal, y en la calle Torres Quevedo, en Cazoña, ambos en Santander. Por ello, anunció que se mantendrán las movilizaciones, junto a las asociaciones de vecinos, para tratar de impedir su apertura, y reclamó al Ayuntamiento que limite los horarios de este tipo de negocios, que según detalló, «abren sus puertas a las ocho de la mañana», cuando los estudiantes acuden a los institutos, y «ofrecen Cola Cao gratis».
Por su parte, Mónica Haro también agradeció la puesta en marcha de este nuevo decreto, aunque lamentó que «llega tarde», porque «hay menores que juegan en esos locales y que ya tienen adición».
La norma de control de acceso se sumará a la nueva ley que entró en vigor el 1 de enero que impide la apertura de salas de juego a menos de 500 metros de los centros educativos (Cantabria es la comunidad española que más distancia exige) y a la intensificación de las inspecciones (de 564 en 2016 a 1.188 en 2019), que ha permitido aplicar sanciones de 10.000 euros a varios establecimientos por faltas «muy graves».
mónica haro, presidenta de concapa
Fernández insistió que la nueva distancia no se puede aplicar con carácter retroactivo a los 48 locales de juego y casas de apuestas en funcionamiento –«sería prevaricación», apuntó– ni a los que han solicitado su apertura seis meses antes de que la norma se pusiera en marcha. Eso sí, aclaró que de las 17 licencias que tienen viabilidad para una posible apertura, «seis es imposible que lo hagan porque ya se han establecido otros negocios y otros dos están a más de 500 metros de colegios e institutos».
Existe todavía un gran 'agujero negro' pendiente de regular: el juego online, que permite a los menores tener al alcance de la mano, desde el móvil o la tablet, los juegos de azar y apuestas; y su machacona publicidad, muchas veces protagonizada por ídolos de niños y jóvenes como deportistas de élite. En este ámbito, el Gobierno de Cantabria participará en el Consejo de Políticas de Juego, convocado por el Ministerio de Consumo, que se celebrará en marzo, con el fin de compartir las iniciativas en este ámbito de actuación concreto, que compete a la Administración del Estado. Fernández señala que hay que ser «inflexibles» y ha ofrecido al Ministerio toda la colaboración del Gobierno de Cantabria para diseñar un real decreto que limite la publicidad online en el ámbito estatal.
En virtud del programa de juego responsable, el Gobierno ha reforzado la vigilancia para evitar los efectos nocivos en los sectores sociales vulnerables, como son los jóvenes. Entre las acciones, decidió impulsar cambios legales para limitar primero las distancias entre salones, que pasó desde 2017 de una distancia mínima de 150 metros a una distancia mínima de 500 metros.
Esta misma limitación (distancia mínima de 500 metros), se extendió a partir de 2020 (con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2019) entre los establecimientos de juego y los centros escolares, siendo actualmente la comunidad autónoma española más restrictiva en este ámbito.
El resto de autonomías no regula las distancias con los centros de enseñanza o bien las limitaciones van de los 50 metros de Canarias, a los 100 de Madrid, Asturias, Balerares, Cataluña y Castilla y León. Galicia establece 150 metros, Extremadura fija una distancia mínima de 300 metros y la Comunidad Valenciana prevé impulsar en el próximo tiempo una norma con la misma distancia establecida por Cantabria, 500 metros.
Por otro lado, ante la preocupación social por el incremento de la adicción del juego, Cantabria ha intensificado de forma importante las inspecciones de juego, pasando de las 564 en 2016 a las 1.188 en el último año.
Otras medidas restrictivas han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006.
El índice de denuncias policiales por procedimientos sancionadores es muy bajo y en 2019 no entró ninguna denuncia por la entrada de menores a establecimientos de juego (en 2018, dos expedientes, aunque no hubo sanción por falta de pruebas en el proceso). En 2020, el Gobierno cántabro ha incoado un expediente con motivo de una operación policial en la que se identificaron menores dentro de un salón de juegos de Santander.
Las salas de juego y los menores
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