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Hace unos años el tema asomó en la lista de preocupaciones del sector hostelero. Hubo cierto revuelo, un puñado de denuncias, más amenazas que multas ... por parte de la Administración y la promesa de un decreto para regular el asunto de las viviendas de uso turístico. Ese documento se aprobó en 2020. Para los empresarios –que presentaron alegaciones–, muy poco exigente. Pero eso ha quedado en un segundo plano. Porque la idea era que los pisos se inscribieran en un registro. Legalizar, aflorar, la actividad. Tras el paréntesis de la pandemia, la cosa ha escalado varios peldaños de golpe. Tanto, que ahora es la máxima preocupación de los empresarios, el número de alojamientos con esta fórmula se ha multiplicado y el objetivo de que todos desarrollaran su actividad de forma regulada se ha quedado muy lejos. Según el Gobierno hay registradas 1.588 viviendas. ¿Pero cuántas de este tipo se ofrecen en Cantabria? En una reunión con el Ejecutivo celebrada esta semana, la Asociación de Hostelería aseguró que unas 10.000. La cifra, según explican desde el colectivo, sale de la herramienta que adquirió Cantur hace pocos meses para 'mapear' los alojamientos rastreando las páginas web en las que se anuncian (aunque en la Consejería, recién aterrizados en el cargo, prefieren ser cautos de momento y no ofrecen datos). O sea, que de unas 10.000, sólo 1.588 funcionan en la región como marcan las normas. Conclusión: menos de un 16%.
El dato –abrumador– más que tomarlo al pie de la letra sirve para visualizar la tendencia. Los balances 'oficiales' son del INE y se hacen públicos en febrero y en octubre (más allá de la eficacia para medir algo así con exactitud). En la oleada de invierno (la de febrero) el número había crecido un 18% respecto al año anterior. En esa fecha de 2023 había 5.701 viviendas de uso turístico. Son, claro, muchas menos de las que se ofrecen en verano (muchos de estos alojamientos sólo están disponibles en los meses puramente vacacionales). Para hacerse una idea, en agosto de 2022, según el INE, eran 6.281. Y es una evidencia que el ritmo de crecimiento ha ido en aumento. De hecho, los propietarios que sí que han registrado su vivienda también han crecido. En el último tramo de 2022 había 656 registradas y otras 503 en fase de tramitación. En mayo de este año, la cifra era ya de 1.490. Ahora (es el último dato disponible) son esas 1.588. En ascenso, pero incapaz de seguir el ritmo real de alquileres vacacionales en oferta.
5.701 viviendas
de este tipo (entre legales e ilegales) había en Cantabria según el INE en el pasado mes de febrero. La cifra de 10.000 es la que maneja la Asociación de Hosteleríay que hizo pública en la reunión con el Ejecutivo. Se basan en lo visto a través de la herramienta que contrató Cantur hace unos meses y que 'mapea' el territorio a través del rastreo de las páginas web que ofrecen estos alquileres.
1.588 viviendas
de uso turístico están registradas en la lista de la Dirección General. Son las que ofrecen sus servicios cumpliendo la normativa establecida desde 2020.
17 viviendas
de uso turístico ilegales localizan de media cada día en el rastreo que están haciendo para preparar denuncias en Turismo Rural. Desde que entró en vigor el decreto del Gobierno de Cantabria se han notificado únicamente 86 denuncias
De ese registro se puede extraer otro dato interesante. Ahí figuran las plazas disponibles. En total, 7.284. O sea, que, de media, salen casi cinco por vivienda (son 4,58, pero contar medio huésped no tiene mucho sentido). Con otra cuenta simple, tomando como referencia el dato de Hostelería, la oferta vacacional cántabra en alojamientos turísticos estaría cerca de las 46.000 plazas. En Santander, por ejemplo, ya es un hecho que supera la disponibilidad de plazas hoteleras (registrados en la capital hay únicamente 413 pisos). Y tampoco es desdeñable significar que en 91 de los 102 municipios hay viviendas registradas (contando sólo las legales, entonces). O sea, que el fenómeno está extendido por toda la comunidad.
Los argumentos de los empresarios del sector turístico no son nuevos. Competencia desleal, anuncios en las mismas páginas que ellos mismos sin cumplir casi ninguno de los requisitos que a ellos les exigen, pérdida de rentabilidad de sus negocios frente a ingresos sin declarar, turismo descontrolado e, incluso, riesgo de inseguridad ante la ausencia de registros de viajeros o efectos negativos sobre el mercado de alquiler general. Este mismo mes de julio los resultados no han sido los esperados (pese a la cantidad de gente que hay en Cantabria) y, en parte, lo achacan a esto. De ahí la reunión del pasado miércoles, en la que la nueva consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, aseguró que «no habrá otro verano sin nuevo decreto de pisos turísticos ilegales». «El territorio de Cantabria es el que es, tiene unos límites y tiene una capacidad de acogida limitada. No podemos saturarlo porque eso va en detrimento de nuestro mayor activo, que es el paisaje, y de los servicios que ofrece la hostelería. Por lo tanto, tenemos que trabajar en modelos que sean beneficiosos», dijo.
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Está por ver lo que hacen –o pueden hacer–. De momento, la única herramienta disponible son las multas. Y no se ha usado mucho. El último balance (de hace pocos meses) concluía que se habían impuesto 86 sanciones –28 de ellas en Santander– desde la entrada en vigor del decreto.
En este sentido, la Asociación de Turismo Rural anunció recientemente una campaña para rastrear y denunciar viviendas ilegales. Pidieron, de entrada, colaboración a sus asociados. Que les avisaran. Pero finalmente han tenido que recurrir a poner a una persona para dedicarse a ello. A rastrear. «Lleva su tiempo porque cada denuncia debe llevar un importante soporte documental y obtener todos los datos no siempre es fácil en las plataformas», explica Jesús Blanco, el presidente del colectivo. Además de los avisos de los establecimientos, estudian las ofertas «por comarcas». De media, detectan «unas 17 al día» y tienen previsto presentar en las próximas semanas ante Turismo (posiblemente a principios de septiembre) una primera batería con más de cien denuncias.
Por municipios
El total: En 91 de los 102 municipios de la comunidad autónoma hay viviendas registradas (legalizadas). Este fenómeno está, por tanto, extendido por casi todo el territorio
Los que más: Sólo en tres ayuntamientos hay más de cien dadas de alta en esa lista. Santander, Comillas y San Vicente de la Barquera.
Torrelavega y Laredo: Llaman la atención sus datos de registro. En la capital del Besaya (por habitantes, el segundo municipio) sólo hay dadas de alta doce viviendas, mientras que en Laredo (territorio muy turístico) son únicamente 17.
«Ha habido tal aluvión de viviendas turísticas aquí, que Turismo no da para más. Ahora sólo pueden hacer licencias y no están como para hacer inspecciones. En resumen, les han quitado la capacidad de inspeccionar y sólo llegan si hay una denuncia de un vecino». Eso lo explica Jaime Paino de Pedro, responsable de la empresa Cantabria Host, que gestiona alquileres vacacionales –todos en viviendas legalizadas y, de hecho, es muy beligerante con este asunto–.
El empresario defiende su actividad. Asegura que les achacan problemas que no son culpa suya (el escaso y caro parque de viviendas de alquiler, por ejemplo) y cree que el alquiler turístico forma parte de un nuevo modelo que ha venido para quedarse. «Antes, o viajabas a un hotel o lo hacías a un apartamento que estaba anunciado en otras páginas. Se cobraba en negro, y ahora todo ese dinero se declara», explica en referencia a las viviendas que sí están registradas. Y responde al sector hostelero. «Es como el del taxi. No puedes tirarte en contra de la economía colaborativa».
Incluso, otros propietarios que han recurrido puntualmente al alquiler vacacional (sin registrarse) y que han contactado de forma anónima con este periódico insisten en que los problemas de fondo son la subida generalizada de precios (que hace que los salarios o las pensiones no alcancen) y, especialmente, la indefensión ante inquilinos convencionales que dejan de pagar el alquiler. Con esta fórmula, explican, obtienen de forma esporádica un ingreso extra para llegar a fin de mes con menos riesgos. Conscientes de que actúan al margen de las normas, creen que se pone el foco más en ellos (son pequeños propietarios los que se quejan) que sobre las cuestiones «más importantes».
Con todo, Paino de Pedro (Cantabria Host) deja otra reflexión. La posibilidad de morir de éxito. A su juicio, «hay una burbuja que está empezando a desinflarse» en Cantabria. La explosión de oferta es evidente y el buen ritmo de la demanda, también. La fórmula difícilmente tiene vuelta atrás. Pero señala que solo este año han aparecido «entre cinco y ocho empresas nuevas de gestión de viviendas destinadas a vacaciones en Cantabria». Porque el coste de ingreso, explica, «es mínimo». En este sentido, cree que el tiempo «pondrá a cada persona en su sitio». Como todos los mercados, esto funciona «con la ley de la oferta y la demanda» y muchos pisos están «bajando los precios para ganar clientes». «Pero bajando el precio –concluye– no se gana más».
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Ana del Castillo
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