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La entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, impulsada por el Gobierno con el loable propósito de combatir el maltrato a los animales castigando con puño de hierro cualquier comportamiento indigno -su denigración, su explotación, su abandono, su sacrificio, su tenencia ... irresponsable...- no ha sido recibida en Cantabria de un modo muy distinto a como se ha acogido en el resto del país, donde la norma, que todavía se encuentra en fase de desarrollo, se ha incorporado al plano legislativo dejando a los afectados muchas dudas y pocas certezas. Sí. Porque saben que deberán superar un curso de formación, pero no cuándo; saben que deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, pero no cómo; saben que deberán identificar a sus animales, pero no dónde; saben que podrán comercializar con unas determinadas especies, pero no cuáles...
Ignorados por los redactores de la norma, que no han tenido en cuenta ni una sola de sus propuestas, los veterinarios dicen que es una ley bienintencionada a la que, no obstante, le faltan contenidos específicos y le sobran términos confusos y abstractos que van a ocasionar problemas a la hora de su aplicación. «Su entrada en vigor está causando muchísima incertidumbre» entre profesionales y clientes, dice inquieto el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Fernando Ruiz Sarabia, que, en este sentido, recuerda que «todavía hay una parte de la ley que está pendiente de desarrollo», lo cual está ocasionando «inseguridades».
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Ana Isabel Cordobés
Estando de acuerdo en que es «útil», «buena» y «necesaria», Ruiz Sarabia avisa de que la ley «no da la importancia que merece a asuntos que nosotros creemos que son fundamentales». Por ejemplo, la identificación de todos los animales de compañía, un requisito que ya era de obligado cumplimiento antes de entrar en vigor la ley y que es capital para una tenencia responsable. «No se le da a este asunto la importancia que en realidad tiene», insiste el presidente de los veterinarios, que, por el contrario, cree excesivo el celo de la norma en otros aspectos.
«Ahora mismo, tener un animal de compañía es exponerte a quedarte fuera de la ley por menos de nada», dice Ruiz Sarabia. «Te sitúas bajo la lupa de los demás, que, a partir de ahora, estarán especialmente vigilantes cuando te vean pasear al perro, a ver si le dejas un minuto solo, a ver si le riñes o si le castigas, a ver si has hecho el cursillo, a ver si has contratado el seguro...». Algo así como lo que sucedió durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, cuando las ciudades adoptaron lo que se dio a conocer como el policía de balcón.
En general, resume el presidente del colectivo en la región, los veterinarios de Cantabria valoran positivamente que se haya establecido al menos una ley de mínimos y un marco normativo a nivel nacional, aunque, insiste Ruiz Sarabia, aún quedan «flecos sueltos».
Esas dudas que tienen los veterinarios, y que estos a su vez detectan entre sus clientes habituales, las tienen también los sectores a los que para mal y para bien más va a repercutir la aplicación de esta Ley de Bienestar Animal; las tiendas de venta de animales, a las que la norma aboca al cierre o a un cambio de su actividad, y los criaderos autorizados, a los que la nueva ley convierte en los grandes beneficiados al blindarles frente a la competencia que les hacen no solo los establecimientos comerciales aludidos sino los miles de particulares que mercadean con animales de cualquier manera.
De acuerdo con el reglamento, las tiendas que en la actualidad venden perros, gatos y hurones (los considerados animales de compañía) tienen un año de plazo desde la entrada en vigor de la normativa (el día 29 de septiembre de 2023) para abandonar esa práctica.
Pero esto, sin embargo, no significa que vayan a dejar de vender animales.
«La situación es muy parecida, yo incluso diría que la misma, a la que teníamos antes», aclara el dueño del comercio Jungla Animal, Roberto Fernández, al que la norma en cuestión no afecta ahora mismo porque él no vende perros, gatos ni hurones. Pero sí le afectará en un futuro, «cuando conozca qué especies integrarán el listado positivo». Así es como se llama a la relación de especies que serán consideradas como animales de compañía, una lista que va a elaborar un comité científico-técnico y que durante los próximos cuatro años será una incógnita.
«Hasta que se publique el listado positivo, todos aquellos animales que hoy son considerados de compañía seguirán siéndolo», así que las tiendas especializadas «podremos seguir vendiendo hámsters, tortugas, conejos, periquitos...», enumera Fernández, que lamenta mucho el «daño» que está haciendo a este sector «la desinformación que existe sobre esta ley».
Una ley que va a proteger la figura del criador especializado, debidamente registrado y autorizado para ejercer su actividad, sobre el que recae la venta exclusiva de los perros.
«Siempre habrá quien continúe vendiendo animales haciendo quiebros a la ley», se lamenta la criadora Natalia González, «pero es verdad que no van a poder hacerlo con la misma alegría con la que lo estaban haciendo», avisa la dueña de nuestroschicosmalteses.com, que previene: «Tendrán problemas a la hora de requerir asistencia veterinaria, tendrán problemas a la hora de colocar a sus cachorros...». Porque, según explica González, «antes se entregaban de cualquier manera y sin identificar, pero ahora, con esta nueva ley, todos los cachorros que se vendan deberán llevar obligatoriamente el microchip implantado por el veterinario de la persona criadora legalizada».
Más satisfecha por lo que la ley supone para la protección de los animales que por lo que representa para el futuro de su negocio, la criadora santanderina cree que «si con la puesta en marcha de esta nueva normativa se consigue promover la cría responsable, erradicar la explotación y garantizar un trato y un espacio adecuados para los perros, entonces habremos logrado dar un paso importante».
Al contrario de lo que cabía esperar, la Ley de Bienestar Animal ha aterrizado en los refugios -tanto los caninos como los felinos- levantando una gran polvareda. La norma da visibilidad a los animales. Y les garantiza protección. Pero no en la manera en que entienden que es la adecuada los responsables de las asociaciones protectoras de animales, que están notando un significativo aumento en el número de abandonos que ellos relacionan con la reciente entrada en vigor del nuevo texto normativo.
Crítico con el documento, que él cree que merece una revisión, el responsable de Asproan, Roberto Puertas, advierte de que «frente a la obligación de hacerlo todo al pie de la letra bajo amenaza de sanciones altísimas (estamos hablando de que las infracciones leves acarrean multas de entre 500 y 10.000 euros), la única opción es el abandono». No es una hipótesis. Es un hecho. «En septiembre del año pasado recogimos doce perros. En septiembre de este año hemos recogido 26». Algo más del doble. «La gente tiene miedo y prefiere no arriesgarse».
Puertas pide «darle una vuelta» a la ley para incluir en el texto a los perros de trabajo y, de paso, a algunas herramientas que han sido excluidas de la normativa, «como los collares de ahogo o los collares de impulso, tan necesarios en el trabajo que desarrollamos a la hora de reeducar a perros conflictivos».
En sintonía con los demás, la voluntaria de Amigat Cantabria, Russell Simoni, reprocha a los legisladores que todavía existan «aspectos de la ley por desarrollar» porque ello está generando «mucha desinformación» entre quienes están interesados en conocer los contenidos del documento legislativo.
A ella le parece una buena idea «la esterilización obligatoria de los felinos», que es, a su juicio, «el camino a seguir para evitar lo que vemos cada día quienes nos dedicamos a atender a estos animales». Maltratos continuos, envenenamientos, sacrificios... Y también aplaude la identificación de los gatos comunitarios. «Pero habría que afinar más y darle una mayor importancia a su vacunación», precisa Simoni, que reprocha a la nueva norma «que no contemple refugios dignos para los gatos».
La Ley de Bienestar Animal busca, además, una mayor implicación de las administraciones locales, a las que corresponde la tarea evaluadora, correctora y sancionadora.
Se desconoce en qué términos aborda este nuevo documento el Ayuntamiento de Santander, porque la concejala responsable del área, Zulema Gancedo, rehusó hacer cualquier valoración aun siendo la de ese Consistorio una postura que interesa a miles de ciudadanos que tienen animales de compañía.
En cambio, si se sabe cómo lo afrontan otros ayuntamientos, más dispuestos y menos esquivos a la hora de aclarar las dudas a sus ciudadanos.
«Hemos mantenido varias reuniones para ver cual es el recorrido de esta ley en la ciudad», dice el concejal de Bienestar Animal de Torrelavega, Borja Sainz, manos a la obra ya para cubrir las necesidades que requiere el refugio canino situado en Torres y que implica «la desparasitación, la esterilización y la vacunación» de los animales que se recogen de las calles.
En relación con el régimen sancionador, el edil, que es de los que abogan por brindarle al ciudadano la oportunidad de familiarizarse con una nueva ley antes de aplicársela a rajatabla, advierte de que, una vez esto sea así, «seremos tajantes, que es como hay que ser con una persona que abandona a un animal».
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