Cantabria recibirá del Estado 180 millones frente a los 540 del impacto de la pandemia

Según los cálculos de la Consejería de Economía, llegarán de Madrid 180 millones de euros. Es exactamente un tercio de lo que el departamento que dirige la socialista María Sánchez estima que costará a Cantabria el coronavirus. Según explicó el pasado 13 de mayo en el Parlamento, la factura a final de año podría ascender a 540 millones de euros. La parte más importante por gastos no previstos -alrededor de 376 millones- y el resto por la pérdida de ingresos por vía de los impuestos a causa de la menor actividad económica.

El Ejecutivo autónomico entiende que la aportación del Estado no puede asumir todo ese montante, pero insiste en que los criterios del reparto son «absolutamente injustos». Aunque Hacienda ya ha dicho que no hay marcha atrás, el presidente Miguel Ángel Revilla apuntó ayer que a Cantabria le deberían corresponder entre 40 o 50 millones más. De hecho, esta ha sido una de sus principales reivindicaciones en las conferencias de líderes autonómicos que Pedro Sánchez ha organizado una vez por semana durante el estado de alarma. No ha servido para mucho, más allá de para generar un desencuentro con su vicepresidente, Pablo Zuloaga, para quien la llegada de este dinero es «una buena noticia», sobre todo porque se han logrado rascar alrededor de 10 millones más de los previstos inicialmente. Otros territorios como País Vasco o Murcia también se han sentido agraviados.

El fondo, que movilizará 16.000 millones de euros, se divide en cuatro tramos, todos ellos con carácter finalista. Los dos primeros deben dirigirse a sufragar gastos o inversión sanitaria. Son los de mayor cuantía, 119 millones de euros -los primeros 65 ya en julio y el resto en octubre- para la región, que habrían sido 178 millones si Hacienda hubiera utilizado el mismo criterio de reparto que el existente en el Sistema de Financiación Autónoma, del que Cantabria y La Rioja son las mejor paradas, ya que tiene en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios. No sólo mira el número de censados, también el envejecimiento, la dispersión de la población, la ruralidad... Así, la comunidad autónoma recibirá alrededor del 1,2% del total, en principio algo menos de lo que la correspondería por su peso población.

Porque la ministra María Jesús Montero se ha fijado en «la incidencia del virus en los territorios: ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PCR totales realizadas, así como población protegida equivalente», tomando como referencia los datos a 30 de abril. A Madrid y Cataluña, las más beneficiadas, les ha asignado el 40% de todo el fondo.

El tercer tramo, reservado a la Educación, se abonará en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En este caso, el 80% del importe se distribuye en función de la población de 0-16 años de cada comunidad, y el 20% restante por el número de habitantes de 17 a 24 años. La Consejería estima que, de este modo, a Cantabria vendrán 22 millones, y otros 55 del cuarto tramo, que se pagará en diciembre y está ideado para compensar la caída de los ingresos. El resto, unos cinco millones, financiarán el déficit adicional que ha sufrido el transporte público autonómico.