Juan Luis Fernández expone en el Ateneo 21 propuestas para mejorar la autonomía

«Los datos económicos son muy contundentes. Al inicio de la autonomía, Cantabria tenía un 122% del PIB per cápita de España. 40 años después, no llegaba al 95%. Ha bajado bastante. Cantabria como región tiene menos peso económico en España que la provincia de Santander. Una situación que se ha acentuado con la llegada del euro. Desde ese momento, son contadas las ocasiones en las que hemos crecido más que la media nacional», ha lamentado el experto, que también ha dado razones para señalar que Cantabria es ahora más dependiente del Estado que en 1982.

La principal, que más de la mitad de la población la constituyen jubilados, perceptores de ayudas sociales y empleados públicos, por lo que de una u otra manera dependen del dinero que Madrid quiera asignar a cada uno de ellos y de los fondos que envíe a Peña Herbosa para pagar nóminas de funcionarios.

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Fernández entiende que en estos 40 años los sucesivos gobiernos no han sabido crear una 'política interior-exterior' para tratar con las comunidades vecinas de forma directa asuntos de interés para ambas. «Hasta la prohibición de la caza del lobo, no ha ocurrido nunca», ha apuntado el columnista, que echa en falta una política de relación estratégica hacia Castilla y León, con la que entiende que existen más vínculos y áreas que trabajar que con Vizcaya. Porque «quitando el peso del sector agrario, el resto de la estructura económica de Cantabria es muy similar a la de Castilla y León, mucho más de lo que era hace cuatro décadas: «Al cabo de 40 años de separarnos de Castilla, nuestra estructura económica se parece más». Con una diferencia. Mientras que aquí apenas ha crecido el gasto en I+D+i, allí se ha multiplicado por cinco.

En ese diagnóstico, Fernández ha censurado que «seamos con Baleares y Asturias uno de los sitios con más presión fiscal. Un coctel preocupante si se tiene en cuenta que además hay mucha burocracia y poco dinamismo». Así, como otros territorios del norte, Cantabria es uno de los que menos ha crecido en población y en creación de empleo. Internamente, defiende que unificar municipios –que sean de al menos 20.000 habitantes– sería beneficioso para aplicar de forma más eficiente políticas autonómicas sobre el territorio, reduciendo burocracia y ampliando servicios.