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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, este viernes en la sede del Gobierno.

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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, este viernes en la sede del Gobierno. Javier Cotera

Gochicoa y el director general de Obras Públicas dimiten por el escándalo de las adjudicaciones

El Gobierno reconoce que «los controles han fallado» y se compromete a revisar los protocolos en materia de contratación para evitar casos similares en el futuro | El Ejecutivo solicita a la jueza que paralice las licitaciones pendientes en las que han participado las empresas y el jefe de Carreteras, al que quiere retirar su condición de funcionario

Viernes, 3 de marzo 2023, 10:31

«José Luis Gochicoa está limpio, pero como hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos, la semana ... que viene aceptaré su dimisión con harto dolor y consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia». Después de media hora de una larga comparecencia que arrancó repasando la trayectoria del PRC y señalando que el motivo fundamental de su existencia, además de la defensa de la autonomía, es la lucha contra la corrupción, Miguel Ángel Revilla pronunció la frase con la que desde este mismo viernes intenta poner fin a nueve días de una tormenta política sin precedentes en el Gobierno. La presunta trama de corrupción liderada por un alto funcionario de la consejería ha generado una profunda herida en el Ejecutivo –y más concretamente en el área regionalista– a tres meses de las elecciones. Un golpe moral y de imagen pública que Revilla espera dejar atrás con la salida del que «probablemente sea el mejor hombre de mi Gobierno» y de su número dos en Obras Públicas, el director general Manuel del Jesus. Dos salidas a las que se suman una batería de medidas internas para reforzar los controles en los mecanismos de contratación y una acción judicial con la intención de apartar de los concursos de forma cautelar a las cuatro empresas involucradas –Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad– y de retirar su condición de trabajador público a Miguel Ángel Diez, el jefe de servicio de Carreteras que ideó el supuesto entramado.

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