El escándalo de Carreteras abre las primeras fisuras entre los dos socios del bipartito

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Gochicoa lleva seis días sin agenda pública y analizando el sumario del caso

Daniel Martínez

Zuloaga no dio detalles sobre el contenido del sumario y recordó que es el Servicio Jurídico, dependiente del área regionalista, el que lo está analizando. Porque aunque el que está personado en el caso es el Gobierno de Cantabria –en su conjunto–, quien tiene los 4.080 folios es Presidencia. Por eso aclaró que recae sobre Revilla la responsabilidad de dar las explicaciones al respecto.

Según el auto de entrada en prisión del jefe de servicio de Carreteras Autonómicas, las irregularidades se remontan, al menos, a hace diez años y se han producido en «una Consejería que ha tenido siempre diferentes titulares del PRC y del PP de Cantabria», como quiso subrayar el socialista. También prefirió dejar a Gochicoa la respuesta a la pregunta sobre si resulta o no dudoso que tres empresas se llevaran tal porcentaje de adjudicaciones del departamento de Obras Públicas.

La oposición ha recordado en los últimos días la contundencia de Revilla con el asunto de Alicia Renedo, ya que el presidente pidió públicamente su dimisión –como finalmente ocurrió– el mismo día en que se conoció la noticia, frente a su actitud con el caso de Carreteras. Ocho días después de que se destapara con los registros a la sede de Obras Públicas, a las empresas y a los domicilios de los implicados, esta operación policial aún no ha derivado en dimisiones. Esa doble vara de medir –las prisas y la mucha contundencia con lo pequeño y la poca con lo grande, que es como interpretan los socialistas la reacción del presidente– también incomoda al PSOE.

Zuloaga insistió en que lo ocurrido en la presunta trama de corrupción destapada por la UDEF y la Agencia Tributaria basada en la adjudicación de obras de carreteras nada tiene que ver con lo ocurrido con la ya exdirectora de Juventud, Alicia Renedo: «Son casos completamente diferentes. No hay prisma que pueda permitir compararlos».

Como ya adelantó El Diario Montañés, el vicepresidente confirmó ayer que se ha incoado un expediente tras un primer informe técnico que detecta «al menos una infracción» en la actuación de Renedo. En cualquier caso, quiso dejar claro Zuloaga que «no hay ninguna trama que tenga que ver con las actuaciones desde la Dirección General de Juventud y se señala solo un posible error en la tramitación de un expediente de adjudicación de un servicio que nunca ha sido cuestionado por importe 1.580 euros». «Es absolutamente diferente la escala y la magnitud», concluyó.