Las sedes de las tres empresas implicadas recuperan la normalidad pese a las investigaciones judiciales

API Movilidad se ubica en la calle Faustino Cavadas de Santander, a lado del barrio del Primero de Mayo. Curiosamente, tiene pegada a uno de sus costados una copistería industrial. La vida en el polígono tampoco ha cambiado. «El otro día -por el miércoles de la semana pasada-, sí que hubo más movimiento, aunque la mayoría ni se dieron cuenta porque fue muy temprano», relata el titular de uno de los negocios adyacentes.

«Los que realmente están preocupados son los trabajadores, por si se les caen las obras y les acaba afectando a sus empleos», añade otro empresario de la zona. Los vidrios tintados de la fachada dejan ver el movimiento interior. «Pero hay menos trajín. De hecho, aquí hay menos coches aparcados que habitualmente», comentan en la gasolinera de bajo coste que hay justo enfrente.

La situación en La Encina, en el barrio de las Veneras (Arce), era similar. Fuera, en el amplio aparcamiento del que disponen, lo más llamativo eran los copos de nieve que caían del cielo. Durante un cuarto de hora, las instalaciones tomaron una imagen de postal. Dentro, los pocos clientes que había a primera hora de la mañana deambulaban por los pasillos entre las plantas, las flores y el mobiliario que allí venden. Los trabajadores, mientras tanto, se afanaban en sus tareas ajenos a la polémica.

La sede de Rucecan, en Torrelavega, también ha recuperado la rutina previa al escándalo. Las dependencias de la firma constructora, ubicadas en Sierrapando, reflejaban ayer el ir y venir habitual de su agenda. La entrada y salida de empleados de vez en cuando o la llegada del suministro de dispensadores de agua fueron algunos de los síntomas de normalidad revelados durante la jornada, señales que, pese a todo, siguen dando de qué hablar una semana después. Los corrillos y los comentarios de algunos vecinos todavía forman parte del escenario en la Avenida de Bilbao. «Parece que todo está más tranquilo», «ni rastro de la Policía» o «vuelven a la normalidad» fueron algunos de los resúmenes que los torrelaveguenses dejaron en las inmediaciones de la sede, un hervidero de fuerzas de seguridad, cajas de cartón para requisar documentación y llamadas telefónicas hace sólo siete días.