El funcionario «se jactaba» ante los empresarios de su poder para dirigir las adjudicaciones

Para poder desarrollar esa supuesta actividad delictiva figuraba como responsable del contrato o como facultativo director del contrato de consultoría; era miembro de la Mesa de Contratación, actuando como vocal representante del órgano de contratación; era responsable, además, de pronunciarse sobre el cumplimiento de las condiciones de adjudicación, de la identificación de ofertas anormalmente bajas; y se encargaba también de elaborar los informes sobre la justificación de dichas ofertas desproporcionadas o temerarias o sobre la modificación de precios de los contratos.

Según sostienen los investigadores, este «favorecimiento» se concretaría en una variedad de conductas diferenciadas. El funcionario coordinaría a distintos licitadores, de tal forma que estos se repartían los distintos lotes de una determinada licitación, siendo competitivos únicamente en uno de ellos. «Así, los licitadores concertados no competirían entre ellos, minimizando el riesgo de perder el lote al que realmente optan, y perjudicando consecuentemente a terceros que pugnen limpiamente por ellos sin conocer los acuerdos a los que han llegado otros».

Asimismo, Diez coordinaría la «asignación» de un lote o de un expediente de licitación a un licitador, mientras que otro se comprometería a presentarse y renunciar en caso de ser el ganador. El que renunciase, en cualquier caso, se vería beneficiado al realizar ventas de materias primas al ganador, normalmente por un precio que ampliase su margen de beneficio usual. «La coordinación realizada por Miguel Ángel Diez consistiría en poner en contacto a distintos licitadores y animarlos a que lleguen a un acuerdo, tanto en lo que respecta al reparto de lotes como a la compra de material entre ellos».

En ocasiones, apunta la Policía Nacional, Diez mostraría a potenciales licitadores su preferencia por un proveedor de material concreto, advirtiendo de que valoraría preferentemente al que se asocie con el mismo.

Al margen de estas funciones de coordinación entre licitadores concertados, Diez también participaría directamente en la preparación de ofertas de ciertos licitadores, de tal manera que estos se presentasen al concurso con las mayores garantías posibles y pudieran obtener la máxima puntuación en apartados determinados, que, por otra parte, serían valorados por el mismo funcionario. Esta participación se habría concretado en «la preparación de forma conjunta con los licitadores de la documentación exigida para presentarse a la licitación, la aportación de estudios económicos que él mismo realizaba, la aportación de modelos de documentación adecuados pertenecientes a otros licitadores no concertados, el asesoramiento en relación a las bajas a presentar respecto al precio del contrato, y la asistencia con respecto a los problemas técnicos surgidos a la hora de presentar documentación.

Otro aspecto en el que el jefe de servicio de Carreteras ejercería su influencia sería en lo referente a su capacidad manifestada de actuar de forma discrecional en la parte técnica de los concursos de los expedientes de licitación en los que toma parte. «Esta capacidad, por otra parte, se desprende del propio pliego de condiciones administrativas de ciertos expedientes, en los que se incluye una parte de valoración subjetiva».

Según los investigadores, esta capacidad de obrar de Diez es conocida por parte de los potenciales licitadores, «ya que se jacta de 'expulsar' a alguno de ellos del proceso al convencerles de la rigidez con la que va a ser tratada su oferta». «Esta manipulación por parte de Diez alcanza incluso a algunos licitadores que se conciertan con él, favoreciendo a unos en detrimento de otros».

Otra modalidad de la que tienen conocimiento los agentes es la modificación de precios con posterioridad a la asignación de un contrato a un licitador. «Es cierto que Miguel Ángel Diez, a propuesta de otro, no puede asegurar que pueda hacerse, si bien el motivo que esgrime es que el control de la licitación concreta es compartido con terceros, no pudiendo asegurar a priori que pueda manipularlos a los otros responsables».

El funcionario también negociaría con un licitador en qué términos quiere que el expediente de licitación sea publicado, incluyendo cuestiones como adjuntar o no una parte de concurso, la clasificación necesaria para concurrir, la oferta económica, o incluir o no un plan de mantenimiento.

Para los agentes, del conjunto de actividades desarrolladas por Diez se desprende el «uso habitual de información de carácter privilegiado de la que tiene conocimiento por razón de su cargo y actividad, y que proporciona en beneficio de terceros y el suyo propio». «Toda esta serie de conductas desplegadas por Díez tienen que incluir, necesariamente, la participación de una contraparte, en este caso los representantes de las sociedades con los que se concierta para llevarlas a cabo».

Entre ellos destacan particularmente Secundino Vidal y Elías Celis (Rucecan), José Saiz (Cannor y La Encina) y José Luis Blanco (API Movilidad e Imesapi).