Empresarios del ocio nocturno llevan a los tribunales el cierre de pubs y discotecas

Este recurso se suma al ya presentado por la Asociación de Hostelería de Cantabria contra la decisión adoptada por el Ejecutivo en julio de limitar la apertura de estos negocios hasta las dos de la madrugada.

Según señalan en una nota de prensa, si se estima su petición de suspensión cautelar, eso podría suponer que el próximo fin de semana los establecimientos trabajaran en las mismas condiciones de horario reducido tal y como venían haciéndolo en las últimas semanas hasta la entrada en vigor de la resolución de 15 de agosto en la que el consejero de Sanidad decretó el cierre el cierre de discotecas y salas de fiestas, pubs, bares especiales y whiskerías.

En el escrito de solicitud de medidas cautelares, el colectivo empresarial alega que el Gobierno cántabro no ha justificado que la medida de cierre sea ni proporcionada, ni necesaria, ni la más idónea a la situación, ni la menos perjudicial a los intereses tanto públicos como privados y señala que «las medidas acordadas por el Gobierno de Cantabria no pueden ser adoptadas a la ligera ni de manera generalista y han de estar ampliamente justificadas mediante informes técnicos que aseguren que su adopción va a redundar en un control en la propagación del virus».

En su opinión, «se está partiendo de un error al hacer un totum revolutum y equiparar actividades privadas, no controladas, con actividades profesionalizadas en las que se garantiza la seguridad y protección tanto de clientes como de trabajadores.»

Igualmente, al adoptar la medida de cierre, señalan, se asimila la realidad de las empresas de ocio nocturno de Cantabria, de pequeño tamaño y fácil control con la actividad de macrodiscotecas inexistentes en la región, sometiendo a negocios de carácter familiar a medidas diseñadas para formatos orientados a eventos multitudinarios que en Cantabria no existen.

Además, subrayan que «las medidas se establecen de manera indefinida, sin incluir los criterios que, en un futuro, puedan permitir su alzamiento, colocando a estos negocios en un 'limbo legislativo'.

El escrito argumenta también que la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria establece la competencia de los municipios para la concesión de licencias de apertura de este tipo de actividades. Ello implica que la comunidad autónoma, en principio, no podría entrar a acordar medidas preventivas como las impugnadas, salvo que existiese un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

A su juicio, para ordenar el cierre el Gobierno de Cantabria debería acreditar que los establecimientos afectados por la medida son focos de contagio del virus antes de clausurarlos de manera definitiva; que esas medidas a acordar van a repercutir positivamente en el interés general con un claro descenso en la transmisión del virus ; y «que son las medidas idóneas en contenido y duración no existiendo otras que causaran menores perjuicios al sector».

De hecho, el escrito presentado recuerda que el pasado 27 de julio el presidente de la Asociación de Empresas de Ocio Nocturno se reunió con el presidente de Cantabria y el consejero de Sanidad a quienes propuso un protocolo alternativo que, lejos de imponer medidas indiscriminadas, genéricas para cualquier tipo de negocio, recogía la implantación de algunas cuya efectividad está comprobada en Galicia y que pasan por implantar en los establecimientos sistemas de trazabilidad para la identificación rápida y eficaz de los contagios.

Las empresas propusieron al consejero y al presidente Revilla además de otras medidas mediante la implantación de códigos QR en la entrada de los locales la elaboración de un listado completo de las personas que acceden al local y sus datos de contacto, proporcionando una trazabilidad exacta ante un posible contagio.

Y recuerdan que el sector del ocio nocturno, conformado por 275 empresas,supone el 1,6% del PIB regional generando más de 2.200 empleos directos y 5.000 empleos indirectos.