El Gobierno central dice que Cantabria no puede suspender el Plan Turístico de Santillana y exige a la Consejería que pague

Así, el ministerio que dirige el socialista Jordi Hereu, compañero de partido del alcalde de Santillana, Ángel Rodríguez, subraya que los gobiernos autonómicos «no pueden modificar unilateralmente» los planes turísticos que se aprobaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Turismo en mayo de 2023. Mucho menos cuando, en contra de lo que dijo la consejera Fernández, que enumeró distintas anomalías técnicas, «se han seguido todos los mecanismos establecidos». Es decir, que Madrid no observa motivos para paralizar el pago a Santillana y tampoco para iniciar de cero el expediente, como quiere Cantabria con intención de dejarlo en suspenso.

En concreto, lo que quiere Cantabria es iniciar de cero la evaluación del plan turístico de esta localidad y declararlo «no apto». ¿Por qué? La explicación es un tanto compleja. Santillana incluyó inicialmente en el documento dos proyectos elaborados por una empresa consultora que, debido a un desacuerdo económico, finalmente no cedió al Ayuntamiento los trabajos que había elaborado. En una revisión posterior del plan, el alcalde los sacó del documento -por eso pasó de un presupuesto de 3,5 millones a menos de tres millones-, aunque la convocatoria estaba ya cerrada. Mientras que para el Ministerio este tipo de reformulaciones no son solo algo legal, sino algo «habitual» en muchas convocatorias de ayudas públicas de este tipo, la actual consejera del área, con informes jurídicos en la mano, entiende que es motivo suficiente para dejar a la localidad sin el dinero que espera recibir y buscar otra salida a esos tres millones de euros.

El choque entre las partes -Ministerio y Ayuntamiento por un lado, y Gobierno cántabro por otro- es total. Para la Secretaria de Estado de Turismo, la decisión de Eva Guillermina Fernández de reevaluar a Santillana no tiene amparo legal y supone extralimitarse en sus funciones: «Los municipios son los responsables de ejecutar y justificar los fondos asignados, mientras que la comunidad autónoma debe asegurar el cumplimiento de los Planes Turísticos en su totalidad y de los plazos establecidos por la Comisión Europea». Y dice que si el alcalde utilizó material que no era propiedad del Consistorio inicialmente es un asunto que debe denunciar quien se sienta perjudicado, no la Consejería de Turismo. Que será una disputa entre esas dos partes que no debe afectar a la ejecución del dinero.

El Estado no solo echa en cara al Ejecutivo cántabro que ponga trabas a Santillana, también que no haya pagado ya los otros cuatro planes de 2023 que no tienen ningún problema. Recuerda que Madrid envió el dinero a la región en agosto del año pasado y esta aún no lo ha repartido entre los ayuntamientos. «Insistimos en la importancia de transferir los fondos a los municipios lo más rápido posible para cumplir con los objetivos del plan», abundan. Y sí es importante que este paso se dé rápido porque Europa exige que al menos el 15% del dinero esté ejecutado antes de final de año y el 100% a finales de 2026. A día de hoy, están ejecutados cero euros de los 13,5 millones que suman los cinco planes.

Hay más motivos de desacuerdo. Mientras que la consejera señala que el calendario no será un problema porque finalmente el Ministerio y la Comisión Europea serán más flexibles, el Estado niega esta posibilidad. Por lo menos, a día de hoy, la UE no valora dar prórrogas. Solo de manera excepcional se podría abrir esa vía, pero requeriría una negociación específica a tres bandas entre Madrid, el Ministerio y Bruselas.

Para acabar, la Secretaría de Estado de Turismo lamenta que los problemas en la ejecución de Cantabria -o de otras autonomías si hubiera- pueden tener consecuencias a nivel nacional. Entiende que «el incumplimiento de estos acuerdos pone en riesgo la transformación del sector turístico no solamente en los municipios de Cantabria, sino en el conjunto del país», ya que la Comisión Europea podría retirar a España parte de estos fondos como sanción por no utilizarlos dentro del plazo exigido.