Examen de mitad de curso al Gobierno

Había problemas endémicos en Cantabria antes del covid en los que se han dado pasos importantes sin la publicidad de otros tiempos a causa de la pandemia. En la despoblación rural, por ejemplo, la Consejería de Presidencia ha pisado el acelerador en estos dos años tanto en Bruselas como en Santander. Es evidente también los avances en materia cultural. Sin ir más lejos, el próximo 1 de julio abrirá la Colección Enaire, y ya han comenzado las obras del Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo. Eso, unido a la iniciativa privada con el Proyecto Pereda, eleva otro nivel a Cantabria como referente cultural del norte de España. Sobre todo, en un momento en el que el turismo ha sufrido un shock como no se recuerda en el sector. Es trabajo del Gobierno resucitar el aeropuerto Seve Ballesteros, pero también empujar la industria hacia arriba. Esos dos puntos más de peso en el PIB que pedía Revilla en su investidura son un objetivo que Javier Marcano debe tener en lo más alto de su lista de deberes. Educación y Servicios Sociales, con los colegios y residencias como puntos sensibles del covid, también se han visto zarandeadas en esta primera mitad de legislatura. Ahora, con la vacunación a buena velocidad, será hora de que esos proyectos metidos en una cajón se pongan en marcha para poder juzgarlos en 2023, antes de las elecciones, ya sin condicionantes tan serios.

La Consejería de Pablo Zuloaga se movió rápido para recuperar cierta normalidad tras los duros meses de confinamiento. Su arma fue la cultura. Cantabria se convirtió en pionera europea en reabrir museos, salas de cine y celebrar conciertos con público al aire libre. 'La cultura contraataca' lo llamaron. Pero han sido, sobre todo, los grandes proyectos los que han dado más alegrías al Gobierno. Mientras el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo ya está en construcción, la Colección Enaire abrirá sus puertas el próximo mes y el Mupac espera que lleguen los fondos europeos. Pero Zuloaga también hace especial hincapié en los avances legislativos vividos esta mitad de legislatura, como las nuevas normativas LGTBI y las cercanas de Ciencia, Memoria Histórica y Vivienda. Además de la recuperación de los consejos de la Mujer y Juventud, la Consejería ha aumentado el contrato programa que tiene con la universidad y «ha revertido los tasazos y recortes» que impuso el PP, señala el consejero, quien también insiste en el aumento de becas para investigación.

En la agenda de Paula Fernández se acumulan las intervenciones en Bruselas y las videoconferencias (cuando llegó el covid) para frenar el vaciado de los pueblos. En estos dos años de legislatura, se ha constituido el Consejo Asesor contra el Despoblamiento y se han delimitado los 39 municipios de Cantabria en riesgo, además de diseñar una estrategia regional transversal a todas las consejerías. Entre los deberes ya hechos por la consejera regionalista se encuentra el blindaje del fondo de cooperación municipal con 15,2 millones de euros (desapareció en la legislatura 2011-2015) y la salida a información pública del anteproyecto de la nueva Ley del Juego, así como la de Juntas Vecinales, mientras que en el Parlamento ya se ha aprobado la normativa que regula los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios. ¿Los retos para el último tramo de legislatura? Asentar esa lucha contra la despoblación con una nueva Ley y aprobar un plan de igualdad de trato y oportunidades entre empleados y empleadas autonómicas.

Cuando hace este balance de ecuador de legislatura, Javier Marcano se disculpa: «Lo voy a hacer desde que llegué, antes de volver estaba a otros asuntos». Si todas las consejerías han tenido dos años anormales marcados por el covid, la de Industria aún más tras la marcha de Francisco Martín y la llegada del 'hombre fuerte' del PRC. Aún con todo, Marcano considera que en este tiempo se han dado «pasos fundamentales» como la tramitación de La Pasiega (aprobación inicial y exposición pública), la Alianza por la Industria, la cátedra de Innovación y el plan de sostenibilidad energética. Hay que recordar que Revilla, en su discurso de investidura en 2019, pidió aumentar dos puntos el peso de la industria en el PIB. De momento ya ha logrado subir uno. «Es un objetivo alcanzable», dice el consejero. Otro es recuperar los pasajeros del aeropuerto Seve Ballesteros («Estamos en condiciones de hacerlo en 2022»). Y en 2023 volverá el Año Jubilar. «Ya estamos trabajando con fondos europeos y propios. Primarán las personas, el patrimonio y los caminos».

La Consejería de Sanidad ha sido, sin duda, la más expuesta y polémica desde que arrancó la legislatura. El covid ha monopolizado todo su trabajo, con luces y sombras durante el estado de alarma. Durante el año pasado, por ejemplo, Cantabria logró ser una de las comunidades con menos mortalidad del país, así como una de las que contó con menos casos registrados en proporción. El retraso y la desorganización inicial en el calendario de las vacunas provocó airadas críticas contra la labor de Miguel Rodríguez, aunque ahora la región ya cuenta con buenos números: la mitad de la población mayor de 16 años ya ha recibido al menos una dosis. Las restricciones a la hostelería han sido y siguen siendo uno de los mayores puntos de conflicto, hasta el punto de que las decisiones de Sanidad han sido recusadas por los tribunales. El proyecto de protonterapia para Valdecilla, la investigación Cohorte Cantabria con más de 50.000 voluntarios y la digitalización del sistema sanitario son los retos de los próximos años, en los que, seguramente, el covid seguirá ocupando el tiempo de esta Consejería.

En los peores momentos de la pandemia, los contagios y muertes en las residencias de Cantabria hicieron especial daño en la Consejería de Servicios Sociales, encargada de gestionar estos centros. A partir de ahí nada fue fácil, aunque en los últimos meses se han visto avances, precisamente, en la normativa de residencias con la nueva orden que regula su funcionamiento. Entre otras cuestiones, limita su tamaño a un máximo de 120 personas y los organiza en unidades de convivencia reducidas con el objetivo de avanzar hacia una atención más personalizada. Uno de los retos que se pone la Consejería es la reducción de las listas de espera y tiempos de resolución para obtener el grado de dependencia. También han existido avances en materia de vivienda, con la aprobación de un nuevo anteproyecto de ley en el Parlamento y con la luz verde, por primera vez en Cantabria, a toda una promoción de viviendas sociales destinada en exclusiva a jóvenes en régimen de alquiler social. También se está elaborando el Plan de Empleo Joven.

Como en el resto de departamentos del Gobierno, la pandemia cayó como una bomba en las previsiones de Economía. El Presupuesto de 2020 se convirtió en papel mojado, el dinero tuvo que derivarse a Sanidad y María Sánchez se vio obligada a gestionar un agujero de 290 millones de euros a causa del covid, de los que 184 se destinaron a sufragar los gastos sanitarios directos e indirectos. Pero no todo han sido malos momentos. Desde la propia Consejería aportan un dato ilusionante en el periodo medio de pago a proveedores, uno de los caballos de batalla de la Administración en los últimos años. En los primeros meses de 2020, el Gobierno tardaba en pagar a sus proveedores 196 días. Un año y medio después lo hace en solo 19 días. Una reducción que sitúa a Cantabria en el segundo lugar del ranking de las comunidades más ágiles. Sánchez tiene por delante comenzar el proceso de digitalización de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria; y captar y aterrizar el mayor volumen posible de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Educación ha sido una de las consejerías más subyugada por el covid. La docencia estuvo suspendida durante tres meses, lo que obligó a cambios inéditos en tres cursos académicos distintos (el que llegará en septiembre también). Dos momentos fueron especialmente sensibles en esta mitad de legislatura. La primera, cuando se decide volver a abrir las aulas durante la pandemia. Y la segunda, la decisión de suspender la semana de vacaciones escolares para minimizar contagios que fue anulada luego por los jueces. Al margen de todo esto, Marina Lombó ha hecho especial hincapié en la escuela rural, con la gratuidad del transporte para Bachillerato y FP de alumnos de municipios en riesgo de despoblamiento, así como el proyecto de acceso a banda ancha en todos los centros de la región. Y hay 23 millones en cartera para programas de digitalización. La Consejería mira ya al próximo septiembre, no solo por el inicio de otro curso, sino porque comenzará la implantación de aulas de 1 año, que comenzará en los municipios rurales que no cuenten con oferta de guardería.

El lobo ha acaparado los focos de la consejería que dirige el regionalista Guillermo Blanco. Nada más comenzar la legislatura entró en vigor, por primera vez en Cantabria, el plan de gestión de esta especie, que ahora se enfrenta al intento del Gobierno central por convertirla en protegida. Además, desde este departamento han iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal; se ha aprobado la Ley de Pesca (única comunidad que no tenía hasta ahora); se han regulado las quemas preventivas en unos años especialmente intensos de fuegos forestales; y se ha conseguido unir a las cuatro comunidades del Cantábrico en una postura común para la PAC, además de la declaración del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. En los dos próximos años, Blanco espera avanzar en el diseño del Programa de Desarrollo Rural, y aprobar un paquete de leyes, entre las que se incluyen la de Protección y Bienestar Animal y la de Prevención y Control Ambiental de Cantabria, además de que el quinto contenedor llegue a los 102 municipios.

Como en el resto de consejerías, Obras Públicas vio cómo el confinamiento y el estado de alarma no solo paralizaba sus proyectos, sino que vaciaba su caja. Aún así, José Luis Gochicoa destaca la elaboración del anteproyecto de la Ley del Suelo, uno de los deberes pendientes de la anterior legislatura y en el que PRC y PSOE mantienen diferencias. Se espera que este documento llegue al Parlamento «próximamente» y acompañado del PROT, otra herramienta urbanística clave que Cantabria necesita desde hace años. En materia de agua, Obras Públicas recuerda que se ha alcanzado, «después de muchos años de trabajo», el acuerdo para que en Santander no vuelva a haber problemas de abastecimiento. Para los próximos dos años, Gochicoa considera urgente terminar la conexión de los carriles bici en el área del Besaya y comenzar el del Asón; aprovechar al máximo los fondos europeos para inversiones en eficiencia energética, y la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento, así como redactar el plan nuevo de carreteras hasta 2028.