La familia Diez-Del Río desarrolló un proceso «de libro» para blanquear el dinero que recibió

Los agentes de Vigilancia Aduanera de la AEAT señalan que parte del patrimonio generado por el 'grupo' (así define a la familia del funcionario) durante el periodo investigado (de 2003 a 2022) sufre variaciones y cambios de titularidad entre los propios miembros de la familia, así como la empresa Zakescur, «que ponen de manifiesto con bastante claridad las diferentes fases típicas del blanqueo de capitales: la fase de integración, la de diversificación y la de reintegro».

En la primera de esas fases, dice la Agencia Tributaria que el dinero ilícito (procedente de las posibles comisiones ilegales recibidas por Diez) es ingresado en cuentas situadas en el entorno más próximo del autor del presunto delito previo, eso es, en cuentas tituladas por su mujer y su hija, y de empresas controladas por el grupo familiar. «Con el fin de dar una apariencia de legalidad a esos ingresos intentarían simular unas actividades empresariales ficticias», refleja.

En la fase de diversificación, una vez integrado el dinero ilícito en el circuito económico, bajo la titularidad principal de Beatriz del Río (la mujer del funcionario), este es invertido en diversos activos financieros y en bienes inmuebles, algunos de los cuales van pasando del patrimonio personal del matrimonio al de la empresa Zakescur, para luego retornar al patrimonio personal de Beatriz.

«Simultáneamente, algunas de esas inversiones en activos financieros son trasladadas a cuentas abiertas en el extranjero, lo que ayuda a dificultar su trazabilidad, en concreto a Luxemburgo, país con menores controles fiscales».

En la última fase, la de reintegro, el dinero vuelve en forma de donación a su marido e hijas, de forma que queda lícitamente integrado en su patrimonio y disponible para realizar otras inversiones, culminando el proceso de blanqueo.

Respecto a la comisión de un posible delito de cohecho, la AEAT concluye que la función que desempeñaba Miguel Ángel Diez, bien como representante en la mesa de contratación del Gobierno de Cantabria en unas ocasiones, o bien como ingeniero de conservación y jefe de servicio de Carreteras (desde 2019), en otras, «resulta determinante a la hora de adjudicar las obras licitadas a favor de uno u otro licitador».

De hecho, algunas de las empresas aspirantes resultan, año tras año, adjudicatarias de obra pública por parte del Ejecutivo regional. «Son estas mismas empresas las que realizan pagos muy importantes a la mujer e hija mayor de Diez o a favor de empresas participadas por la familia por unos servicios que parece no prestan».

Además, según apunta la AEAT, una de estas empresas adjudicatarias implicadas en la trama, o del mismo grupo (La Encina), contrata laboralmente a partir del año 2019 a Beatriz del Río por un trabajo que «no parece desempeñar de manera efectiva». Del mismo modo, tanto ella como su marido disfrutan del uso de un vehículo, estacionado habitualmente en su garaje, que se encuentra arrendado bajo un contrato de renting a favor de otra empresa (API Movilidad) que igualmente es, año tras año, adjudicataria de obra pública del Gobierno cántabro.