La Fiscalía y el Gobierno se oponen a la puesta en libertad del jefe de Carreteras

Como se recordará, la instructora imputa al jefe de Carreteras hasta cinco delitos: cohecho, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. De ahí que en el auto en el que decretó su ingreso en prisión considerara que «la gravedad de los hechos que se atribuyen al investigado y las elevadas penas que se le podrían imponer de ser condenado, atendidos los sólidos indicios de comisión delictiva existentes respecto del mismo, determina un importantísimo peligro de fuga y de que el detenido intente eludir la acción de la justicia». Y más, dice la jueza, «por su importante capacidad económica y su condición de titular de cuentas bancarias abiertas en el extranjero».

Por eso, el pasado 24 de febrero la instructora atendió la solicitud del Ministerio Fiscal y acordó la medida cautelar de prisión provisional, «como único medio de evitar que el detenido pueda sustraerse a la acción de la justicia, evitando igualmente con la medida solicitada la reiteración delictiva y el riesgo de que el investigado pueda actuar destruyendo medios de prueba».

Sin embargo, la defensa del funcionario discrepa con las conclusiones de la jueza y defiende que «no existe riesgo de fuga», teniendo en cuenta que Miguel Ángel Diez y su familia «tienen todas sus cuentas bloqueadas» y «es falso que tenga una cuenta en Luxemburgo». Por ello, ha solicitado a la Audiencia Provincial que revoque el auto de la jueza Compostizo y deje en libertad al funcionario bajo medidas de control como la retirada del pasaporte (cómo hizo la instructora con la mujer del funcionario) y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Ejecutivo regional se oponen a la libertad del jefe de servicio de Carreteras Autonómicas. El fiscal que lleva el caso entiende que no hay ningún motivo que lleve a variar la postura que manifestó durante la comparecencia de Diez el pasado 24 de febrero. Es decir, sigue existiendo el mismo riesgo de fuga que entonces, además de una posible destrucción de pruebas.

En la misma línea, el Gobierno cántabro considera que la puesta en libertad del cabecilla de la trama en Obras Públicas, al que encontraron 540.000 euros en una caja fuerte escondida en su vivienda, «podría perjudicar la investigación».

Una vez que conozca la postura de todas las partes sobre el recurso de la defensa del funcionario, la Audiencia Provincial ya podrá decidir si acepta o no la apelación de Diez, para lo que tiene un plazo de treinta días, según detallaron ayer fuentes personadas en el caso.

Por otro lado, tanto la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (APC) como el partido Vox siguen tramitando su personación en el caso como acusación popular. Para ello, la magistrada Compostizo les ha exigido que depositen una fianza de 4.000 euros.

En el caso de los constructores, este trámite llega después de que la propia instructora desestimase la petición de este colectivo para ejercer la acusación particular, al entender que «carece de la condición de perjudicado en los delitos contra la Administración pública que están siendo investigados, al no ostentar la condición de perjudicada y ofendida directa en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación».

No obstante, la instructora recordó en un auto que la asociación está legitimada a ejercitar la acción popular, y el colectivo reaccionó rápido tramitando su personación por esa vía. «Estamos en contra de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, vengan de donde vengan», apuntaron los constructores cuando decidieron personarse en la causa el 1 de marzo. El colectivo puso entonces de manifiesto su preocupación por «el fracaso de los sistemas de alerta para detectar este tipo de supuestos», que vienen recogidos tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014. Asimismo, expresó su malestar por «el daño material y social» que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad.

A la espera de conocer el contenido de todo el sumario, la APC ha decidido no realizar más manifestaciones.

Por su parte, Vox anunció en el Parlamento regional que se personaba en la causa porque considera que «debe ayudar a la sociedad de Cantabria a entender lo que ha pasado». «Cantabria no se merece un Gobierno corrupto», aseveró.