Obras Públicas paraliza ahora todos los contratos en los que participan las empresas de la trama

En teoría, según lo que había explicado hasta ahora el Gobierno de Cantabria, estos eran los nueve contratos que quería paralizar. Los sospechosos. No el resto. De hecho, por ese motivo el Ejecutivo –como parte personada– solicitó entre las distintas medidas cautelares la ampliación de la investigación a las personas jurídicas (hasta que la jueza respondió positivamente a su solicitud solo afectaba a las personas físicas responsables de las empresas) para poder apartarlas. Pero no estaba previsto, o al menos nadie del Gobierno lo había anunciado, que la paralización de los procedimientos se ampliara al grueso de los contratos pendientes de adjudicar de Obras Públicas. No todos, pero casi.

Lo que han decidido ahora las distintas mesas de contratación que se han reunido desde el 22 de febrero –cuando se produjo el operativo policial– es posponer cualquier decisión sobre expedientes que respondan a otros dos supuestos: todos los concursos de la Consejería en los que «intervengan las empresas objeto de investigación» y todos que estén adscritos al «servicio afectado por la investigación» (el de Carreteras Autonómicas) aunque en ellos no participen las compañías sobre las que Hacienda y la Policía Nacional han puesto la lupa.

En las actas de suspensión de las mesas de contratación se explica claramente el motivo y se dice que se actúa así «ante la necesidad de determinar los procedimientos afectados por la investigación penal». Es decir, que no se paralizan nueve expedientes, sino muchos más. En la práctica, esto quiere decir que una parte importante de la obra pública que tenía previsto desarrollar la Consejería inversora por excelencia está ahora mismo en 'stand by'. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que se reactive? Esa respuesta no aparece en las actas y tampoco el propio Ejecutivo es capaz de precisarlo.

Más allá de las consecuencias prácticas en el frenazo de los proyectos, evidencia que el Gobierno se contradice a sí mismo. «El objetivo es no paralizar las obras previstas porque son muy necesarias para Cantabria. Hay un montón de proyectos que estaban a punto de adjudicarse, obras en las que, en algunas de ellas, concursan las empresas investigadas», señalaba Revilla hace diez días, en la rueda de prensa en la que confirmó que aceptaba la dimisión de José Luis Gochicoa como consejero. La intención del bipartito era seguir adelante, aunque sí precisaba que había pedido la autorización expresa del juzgado. «Queremos que el juzgado autorice o paralice estas obras», insistía el presidente cántabro.

El Ejecutivo, que dijo que no quería frenarlas, no solo las ha frenado, sino que lo hizo antes de que el juzgado se pronunciara sobre las medidas cautelares. Antes incluso de que Revilla convocara la rueda de prensa. Algunos ejemplos: la adjudicación de la conexión de Molledo al colector general del Besaya que promovía la Dirección de General de Obras Hidráulicas, la finalización del anillo ciclable de Torrelavega, la conexión del depósito de Noja y del depósito de Argoños a la Autovía del Agua...

Todo eso se ha paralizado porque participaba Rucecan y todo en reuniones celebradas el 27 de febrero –Revilla compareció el 3 de marzo y las medidas cautelares llegaron cinco días más tarde–. Por importe, el proyecto más importante que por ahora no avanza es el aparcamiento en altura del Ferial de Torrelavega, que tiene un presupuesto de 5,6 millones de euros.