La Fiscalía abre diligencias de investigación por los 1.700 fallecidos en las listas de espera de Cantabria

Durante su comparecencia, el actual titular de la Consejería dio esos datos en la Cámara, presentó a los grupos parlamentarios del plan de reducción de listas de espera sanitaria, al que el Ejecutivo autonómico prevé dedicar hasta 65 millones de euros en tres años. Pascual afirmó que las cifras desveladas son un ejemplo de la «mala gestión» del bipartito en este ámbito e indicó que, a su juicio, en algunos casos esas listas de espera estaban «infladas». Por su parte, el Defensor del Paciente resaltó que el hecho de «más de 1.700 personas» murieran en Cantabria mientras estaban esperando atención sanitaria revestía «extrema gravedad» y que, a su juicio, podría ser constitutivo de un delito «de dejación de funciones». Asimismo, considera «imperdonables» tantos fallecimientos de personas que «posiblemente hubieran salvado su vida si hubieran tenido la atención que necesitaban». «Pagaron para tener una asistencia digna y murieron en el intento», añadió.

El atasco en las listas de espera de Sanidad, que afecta a todas las especialidades, fue el factor que motivó a la Consejería a plantear un 'plan de choque' con el objetivo de reducir la espera de los pacientes y mejorar la calidad asistencial en la sanidad cántabra. Para ello, el primer paso planteado por la Administración fue la realización de un estudio que permitiese tener una radiografía completa que retratase con la máxima exactitud posible el estado real del sistema. Fruto de esa panorámica, que el consejero presentó cuando dio a conocer el dato de lo 1.700 fallecidos, Pascual extrajo como principal conclusión que durante el Ejecutivo bipartito (PRC-PSOE) la gestión falló, «centralizada en el SCS, pero alejada de las prioridades de los hospitales». Por ello, en aquella comisión declaró que «es un hecho constatable que no se ha gestionado bien».

En su análisis de la actual situación de la sanidad cántabra, que la Consejería busca revertir con diferentes medidas, Pascual afirmó que «el primer problema era la propia confección de las listas, que no cumplía con los indicadores marcados por el Ministerio, que nos instó a hacer una corrección por los cambios que se habían hecho la legislatura pasada. Fue bochornoso. La información que teníamos no era fiable».

Fue en ese proceso de depuración cuando salieron a la luz tanto los fallecidos como los 7.000 pacientes pendientes de cita, que achacó a «consultas sucesivas».

Ante esta situación, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el propio Pascual dieron a conocer las medidas que componen el plan de choque diseñado para reducir las listas de espera. Entre ellas, y la más importante, su dotación presupuestaria, que asciende a 55 millones ampliables a 65. También su enfoque, que está ajustado a la demanda, a las necesidades y a la capacidad del sistema, dijeron.

El consejero, que destacó que ya se percibe «un cambio de tendencia tras ocho años consecutivos de subida de las listas de espera», recordó que dos de las medidas fundamentales puestas en marcha consisten en la reactivación de las conocidas como peonadas, que hacen referencia a la actividad asistencial extraordinaria que se realiza por las tardes, y las derivaciones a centros concertados con el fin de aliviar la presión sobre el sistema público y sus recursos.