El Gobierno introducirá una nueva deducción en el IRPF que ahorrará 16,5 millones a 127.000 cántabros

La propuesta fiscal se incluirá en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, junto al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2023, que se presentará próximamente para su tramitación parlamentaria.

A esta modificación se sumará una serie de deducciones sociales, ya que el Ejecutivo incrementará un 50% la cuantía máxima deducible por acogimiento familiar de menores, gasto de guarderías, cuidado de familiares, nacimiento y adopción de hijos y a familias monoparentales. También mantendrá la bonificación de medio centenar de tasas y tarifas de las que se benefician empresas de transporte por carretera, servicios agronómicos, la industria agrícola, forestal y pecuaria, el sector pesquero, la construcción y las actividades industriales.

Álvarez descartó, por otro lado, la eliminación del impuesto de Patrimonio –una posibilidad que sí contempló el propio presidente, Miguel Ángel Revilla–, «pues supondría beneficiar al 0,5% de los contribuyentes, que tienen un patrimonio neto superior al millón de euros, y perjudicar al 99,5% restante, con una merma en la capacidad de inversión de más de 16 millones de euros». Sí seguirá en vigor la bonificación del 100% en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se congelarán los de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

«Considero que se trata de una propuesta fiscal justa, progresiva, alineada con lo que este Gobierno ha venido defendiendo desde el inicio de las tensiones inflacionistas», insistió la consejera, quien subrayó que «las medidas de apoyo están totalmente dirigidas a los trabajadores, las familias y las empresas que más se están viendo afectadas. Las rentas que cobran más de 50.000 euros, que también se ven afectadas, entendemos que no precisamos de la ayuda pública por parte de las Administraciones para mantener un nivel de bienestar aceptable y sobrellevar esta coyuntura que esperemos se normalice pronto», manifestó la responsable de Economía.

La consejera destacó que la propuesta del Gobierno regional servirá para continuar ampliando el escudo social que supone la «amplia red de medidas sociales» puestas en marcha tanto por el Ejecutivo cántabro como por el español, con medidas como el incremento de la Renta Social Básica, las ayudas al sector primario e industrial, la ampliación del banco de recursos escolar y del bono social término, la revisión de los contratos de obra pública, el transporte gratuito, el tope al gas, la bonificación de los carburantes o la rebaja del IVA eléctrico, entre otras.

Así, dijo, al impacto positivo que supone su propuesta fiscal, de salir adelante, habrá que sumar también la planteada por el Gobierno de España. «El aumento de la reducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros beneficiará a unos 60.000 contribuyentes de Cantabria con un ahorro medio de unos 400 euros», precisó.

Ana Belén Álvarez explicó que su departamento se ha guiado por los principios de «progresividad, rigurosidad y sostenibilidad» para tomar esta decisión, después de compararla con la opción de la deflactación, una propuesta fiscal que calificó de «indiscriminada, regresiva y menos eficiente», al beneficiar al total de los contribuyentes, incluidos los que más ganan. «La propuesta del Gobierno cántabro supondrá para las rentas medias-bajas un beneficio cuatro veces superior a si deflactásemos los tramos».

En el ejercicio 2020 se presentaron 294.000 declaraciones en Cantabria, con unos ingresos medios de 24.395 euros entre los asalariados y de 17.538 entre los pensionistas. Por tramos, hay 173.239 contribuyentes (el 59%), que no superan los 21.000 euros; otros 50.525 (el 17,2%), se encuentran en la horquilla de 21.000 a 30.000 euros. Hay 59.847 que están entre los 30.000 y los 60.000 (el 20,3%). Solo un 3,5% de los cántabros, 10.423 contribuyentes, superan los 60.000 euros.