El Gobierno deberá informar a la Fiscalía Europea sobre la trama de los contratos

Lo ocurrido en la Consejería de Obras Públicas encaja a la perfección con una de los cometidos de la Fiscalía Europea. De forma genérica, tiene entre sus funciones «investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros». La institución, con sede en Luxemburgo -casualmente, el mismo país donde la familia de Diez poseía cuatro cuentas no declaradas a Hacienda-, se encarga de hacer seguimiento de todo el dinero que sale del presupuesto europeo y que se haya usado de forma irregular, como parece que estaba ocurriendo en el caso cántabro. Y lo hace para perseguir prácticas de «cualquier tipo de fraude, corrupción o blanqueo», justo los delitos que la jueza atribuye a la trama de Carreteras.

Al menos uno de esos nueve contratos abiertos -los que ahora se investigan, a los que se sumarían los muchos expedientes ya finalizados- tenía fondos europeos. Se trata del proyecto de mejora de la seguridad vial y construcción de una senda ciclable en el puente de La Barca -frente a Solvay-, presentado recientemente y con un presupuesto de 4,2 millones de euros. Como gran parte de las actuaciones de la Consejería, la adjudicación está temporalmente paralizada.

La obligación de informar en estos supuestos es de aplicación para fondos europeos de cualquier tipo, pero en el caso del Plan de Recuperación, el control es aún mayor. Los planes antifraude que acompañan al documento señalan que las entidades que participen en su ejecución y tengan conocimiento de un hecho presuntamente delictivo cuya competencia pueda corresponder a la Fiscalía Europea «deberán comunicárselo» a la citada institución europea. De hecho, la orden del Ministerio de Hacienda que regula la gestión de este sistema de ayudas aporta un modelo tipo para comunicar los hechos. Con la información en su poder, el fiscal de Luxemburgo tendrá que determinar si la documentación presentada es suficiente o no para justificar la apertura de una investigación.

Lo que tiene que ver con la Fiscalía Europea es obligatorio, pero según la literalidad de la orden también es «recomendable» que, en el plazo de un mes, las entidades que ejecuten el Plan de Recuperación comuniquen al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -en España esa labor la realiza la Intervención General del Estado- el inicio de «procedimientos judiciales o administrativos sancionados que afecten a gastos de financiación con el Mecanismo».

Internamente, el Gobierno cántabro sigue trabajando en el nuevo protocolo de contratación para evitar casos como el de Obras Públicas. Aunque el Ejecutivo anunció que estaría en marcha esta semana, parece que se retrasará. Según la consejera de Presidencia, Paula Fernández, su departamento trabajará «el tiempo que se necesite» hasta ponerlo en marcha, con el fin de alcanzar una guía de actuación que salga adelante «con rigor y unanimidad».

«Hay que trabajar con todo el rigor», señaló ayer la regionalista después de la celebración el lunes de una reunión con los secretarios generales de todas las consejerías, que están haciendo aportaciones. «Estamos recogiendo todas esas explicaciones para hacer una guía que pretende tener mas control sobre todo lo que llega a las mesas de contratación» a través de una doble firma por parte de los técnicos y también para «uniformar determinadas prácticas que unas consejerías estaban llevando a cabo y otras no lo hacían al mismo nivel».