El Gobierno lleva a los tribunales a Aguayo por su rechazo a autorizar parques eólicos

«Es una decisión que el Gobierno de Cantabria ni entiende ni comparte», explicaba en marzo, cuando se aprobó la medida en el Pleno municipal de Aguayo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, que anticipaba que el camino iniciado por el alcalde tenía poca base técnica y mucha intencionalidad política. Además, el popular consideraba que esta vía iniciada por Gutiérrez «al menos roza el fraude de ley». El Ejecutivo regional, que entre sus objetivos de legislatura tiene la intención de dar un impulso definitivo al desarrollo eólico, se mostraba en contra de la medida, pero entendía que la pelea contra el Ayuntamiento la tenía que afrontar la empresa. Tres meses después, ha cambiado de criterio y ha dado un paso adelante con la presentación de un recurso contencioso-administrativo, que ya ha sido admitido a trámite por el juzgado.

La tesis del recurso, elaborado por el Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, se basa en que el acuerdo plenario es «contrario a derecho» porque San Miguel de Aguayo está «invadiendo competencias que no le corresponden» al intentar interferir en cuestiones que tienen «interés público y social», como se recoge en la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria de 2001 (artículos 112 y 113) y en la Ley Regulatoria del Procedimiento Eólico de 2013 (artículo 6.2).

Es decir, que no conceder la licencia de obra para El Escudo por parte del Ayuntamiento iría en contra del interés público y social. No solo de Cantabria, también del Estado, que es quien autorizó este proyecto al superar los 50 megavatios. Con esas dos normas en la mano, el Servicio Jurídico considera que San Miguel de Aguayo, en el mejor de los casos, solo podría frenar los parques ubicados exclusivamente en su término municipal, no los que tengan carácter supranacional al ubicarse en distintos pueblos, como ocurre con El Escudo. Por eso el Gobierno de Cantabria ha impugnado la denegación de licencias de obras y ha pedido al juzgado medidas cautelares, que pasan por levantar esa paralización.

«No podemos admitir que un ayuntamiento se salte la ley a la torera. Se ha inventado un procedimiento para saltarse la ley. El alcalde quiere ejercer una competencia que no le corresponde», explicaba ayer a este periódico el consejero Media, que subraya que el interés público de los cántabros está por encima del interés del municipio y que el parque eólico -el de El Escudo y los de Cuesta Mayor, La Costana y Alsa, los otros tres autorizados que están proyectados en este mismo término municipal- cumplen escrupulosamente la normativa ambiental, urbanística y patrimonial.

Por su parte, el alcalde de Aguayo está convencido de la legalidad del procedimiento. Gutiérrez, que tiene como asesor jurídico a Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente de Ignacio Diego (PP), considera que «carece de cualquier lógica» que el Gobierno de Cantabria compre los argumentos de una empresa privada, que es «en cualquier caso la que tendría que pleitear si se siente perjudicada por nuestra decisión». «Y todo para que una empresa privada gane dinero», concluye el socialista.

De hecho, la empresa Biocantaber, que tiene como principales socios a Iberdrola y Banco Santander, también ha acudido a la vía contenciosa-administrativa y acudirá «a cuantas instancias sea necesario» para defender su posición en este sentido. Por último, el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo tiene frentes judiciales abiertos contra los gobiernos de Cantabria y España.

📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas del día.