El Gobierno pide personarse como acusación en el caso del crecepelo suministrado a bebés

El Gobierno de Cantabria ha solicitado personarse como acusación particular en el procedimiento penal abierto por el suministro de crecepelo a un grupo de menores, en lugar del omeprazol que les habían prescrito para el reflujo gástrico. El error tuvo consecuencias en la salud de, al menos, diez niños en Cantabria -veinte en toda España-, que han sufrido infecciones o hipertricosis, es decir, un crecimiento excesivo del vello por todo el cuerpo. El error ha motivado además la apertura de un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número de 4 de Torrelavega.

Con esa petición el Gobierno pasa a la acción, lo que implica convertirse en sujeto «perjudicado» por el delito. De este modo, de prosperar su petición e involucrarse en el procedimiento, reclamará al laboratorio responsable del error los costes derivados del tratamiento médico aplicado a los menores.

En septiembre, el presidente, Miguel Ángel Revilla, recibía en la sede del Gobierno autonómico a varias familias de menores afectados por la ingesta de minoxidil, fármaco usado comúnmente para la alopecia. En esa reunión, además de anunciarles que un equipo médico multidisciplinar se ocuparía de atender y vigilar la recuperación de sus hijos, Revilla les reveló que el Gobierno tenía intención de denunciar al laboratorio de Málaga que había maletiquetado y distribuido el minoxidil -una partida utilizada luego por farmacias de Santander y de Los Corrales, las cuales, ajenas al error, usaron el principio activo en una fórmula magistral para el jarabe recetado a los niños-.

Ya el 24 de octubre, el Consejo de Gobierno autorizaba a la Dirección General del Servicio Jurídico a personarse en los procedimientos penales abiertos por este asunto, y lo siguiente ha sido la petición de personarse, realizada el 30 de octubre. La personación del Gobierno se hace a título de «acusación particular», informa. Y, dado que la acusación particular requiere que el actor (el Gobierno, en este caso) resulte perjudicado por el delito, el Ejecutivo indica que invocará «los costes económicos que ha supuesto para el Servicio Cántabro de Salud la atención sanitaria adicional, tanto de consultas de especialistas como de realización de pruebas complementarias». La personación se encuentra pendiente de admisión por el Juzgado. En caso de admitirse, el Ejecutivo valorará «si se adhieren a la tipificación penal que realice, en su caso, el Ministerio Fiscal y las familias afectadas».

Francisco Javier Díaz Aparicio, abogado que representa a diez familias afectadas, también está a la espera de que el procedimiento avance. Respecto de la petición del Gobierno, Díaz Aparicio valora cualquier ayuda que pueda respaldar el proceso, aunque «siempre con legitimidad».

El abogado también da pasos, sobre todo, para tratar de agilizar un procedimiento que se incoó en julio de 2019, y, en el marco del cual, no se ha tomado aún declaración ni a víctimas ni a investigados. Por ello, -y por entender que los hechos, los investigados, las víctimas, las pericias o las colaboraciones son numerosos- ha solicitado la declaración de 'causa compleja' en un nuevo intento de empujar el procedimiento, y que, en consecuencia, se decrete que el nuevo plazo para el proceso de instrucción expire el 23 de enero de 2021.