El Gobierno da la vuelta al Presupuesto para lanzar ayudas a sectores afectados por la crisis de precios

«La subida de los carburantes y de la energía está poniendo en una situación verdaderamente preocupante a las economías de las familias y al tejido productivo», afirmaba esta semana el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, que remarcaba el golpe que supone esta situación para la industria, el transporte de mercancías o el sector pesquero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Tras la reunión ordinaria de los jueves, el bipartito tomó la decisión de crear «una bolsa de recursos» -una búsqueda activa de dinero- a la que tendrán que contribuir las consejerías para poder hacer frente a las líneas de ayudas que el Ejecutivo desarrollará para tratar de paliar los efectos sobre las empresas y hogares.

La idea es que cada departamento rebusque entre sus partidas de gasto, ponga en 'stand by' las no esenciales y reserve todos esos fondos a asuntos que ahora son más acuciantes. En la lista de prioridades, además de esas ayudas extraordinarias que tendrán que cuantificarse próximamente y que gestionará una u otra consejería en función de la materia, hay otros asuntos. Asuntos que no se tuvieron en cuenta cuando a finales del año pasado se redactó el Presupuesto y por los que también ha sido imprescindible iniciar esta «reprogramación».

Como los particulares, también la administración regional tendrá gastos mayores por el incremento de los suministros. Aunque muchos contratos ya están firmados, en la letra pequeña existen cláusulas de revisión en caso de circunstancias excepcionales como esta y el Ejecutivo anticipa que las compañías irán por esa vía. Los edificios públicos seguirán necesitando luz y gas y probablemente toque negociar al alza. Igual que con los contratos de transportes de escolares y enfermos, donde la evolución de los carburantes obligará a Sanidad y a Educación a duplicar estas partidas concretas.

Zuloaga anticipa que Sanidad y Educación serán prácticamente las únicas consejerías que no perderán dinero en la creación de esa bolsa común de recursos. Si la reprogramación que hizo Cantabria en marzo de 2020 permitió localizar 300 millones para el Plan de Choque contra el covid, ahora la cifra todavía está sin cerrar. Entonces, la paralización de la actividad hizo evidentes cuáles serían aquellas partidas que no se podrían ejecutar. Obras, eventos, subvenciones que el estado de alarma no permitiría desarrollar.

Ahora es algo más difuso, pero la idea es analizar el Presupuesto de 2021, ver qué quedó sin ejecutar y suprimir esas partidas que se repiten en el Presupuesto de 2022 en previsión de que este año tampoco llegaran a gastarse. Sobre todo, subvenciones y transferencias en las consejerías de Industria, Ganadería y Empleo. Un dinero que se liberará también para hacer frente a los programas de ayuda a los refugiados ucranianos que lleguen a Cantabria.

Evidentemente, esta circunstancia tampoco estaba recogida en las cuentas en vigor y requerirá mayor esfuerzo. Unos números que, sin la guerra de Putin, también iban a tener dificultades para cumplirse. Porque Economía las elaboró con una previsión de crecimiento del PIB del 8,6%, mucho más optimista que la de todos los organismos públicos y privados. Con la evolución de la inflación previa a la invasión rusa y la mejora económica mucho más lenta que la que anticipó el departamento de María Sánchez, esos números ya tenían muchas dificultades para encajar.