La gripe empieza a decaer aunque hay 220 ingresados en Cantabria por la ola de virus respiratorios

Los datos correspondientes a la primera semana del año confirman, según apuntan desde la Dirección General de Salud Pública, «el cambio de tendencia» de la epidemia gripal, al caer un 7,6% el número de contagios en el arranque de enero. En esos siete días, se notificaron 1.926 casos de gripe –el balance previo estaba por encima de los 2.000–, eso siempre contando únicamente los pacientes con diagnóstico confirmado que han pasado por manos médicas (no así, los que se han hecho el test por su cuenta y han pasado el cuadro gripal en casa, o los que ni siquiera saben qué virus era el responsable del malestar general, la congestión nasal, la tos e incluso la fiebre con la que han pasado parte de las celebraciones navideñas).

Cantabria, por tanto, da por superado el pico de la onda gripal, que se alcanzó en la recta final de 2023, con una tasa de incidencia de 356,3 casos por cada 100.000 habitantes, y empieza a dibujar la curva de descenso, que «siempre es más lenta que la subida inicial», como afirma el jefe de Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, Luis Viloria. Todo eso a la espera aún de ver el impacto del primer fin de semana invernal del año, que podría ralentizar esa caída como consecuencia de la intensa actividad social ligada a la festividad de Reyes, con bajada drástica de temperaturas incluida. Y sin perder de vista otro condicionante que puede alterar la evolución prevista por los epidemiólogos, de descenso paulatino de la transmisión: la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas.

«La situación de las enfermedades respiratorias es la habitual para la época del año», añade Viloria. No sólo empieza a decaer la gripe A, que este invierno ha recuperado el protagonismo perdido desde la explosión de covid –no en vano, es la onda más intensa desde 2019–, sino también la incidencia de covid y del VRS, que este año ha tenido un impacto menor en cuadros de bronquiolitis infantiles gracias a la inmunización de todos los bebés menores de seis meses. Empieza a bajar el nivel de transmisión en la calle, como apuntan los registros de Salud Pública, pero persiste la presión en los hospitales, donde continúan ingresados 221 pacientes por infecciones respiratorias (dos de ellos en la UCI, uno por covid y otro por VRS). En concreto, hay 156 hospitalizados con gripe, otros 57 con covid (once se corresponden con personas mayores trasladadas desde residencias) y ocho con VRS.

Las consecuencias de ese cóctel de virus respiratorios, también llamada 'tripledemia', con la gripe A como dominante clara, mantiene en jaque a la red sanitaria de toda España. De ahí que este miércoles vuelva a abordarse de nuevo en la reunión del Consejo Interterritorial la vuelta de la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios –esta vez el Ministerio lo impondrá de forma unilateral–, después del fracaso del lunes, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, encontró el rechazo frontal de los consejeros autonómicos, más partidarios de adoptar medidas por su cuenta, dentro de sus competencias, para contener la oleada de infecciones víricas en función de la situación epidemiológica de cada comunidad.

No ayudó tampoco al consenso que el documento en cuestión, con el que García buscaba unificar criterios de actuación, se les hiciera llegar una vez iniciada la reunión del Consejo y cuando la gripe ya lleva dando la lata un mes largo, obligando a activar los planes de contingencia diseñados por los servicios de salud. En dicho documento, como explicó el consejero de Salud, César Pascual, en su comparecencia ante los medios el mismo lunes, ya no se hablaba directamente de uso obligatorio de mascarillas, «porque implica modificar la legislación», sino de uso universal. Y ese cambio daba lugar a diferentes interpretaciones. En su caso, Pascual daba por hecho que bastaba con mantener la recomendación de utilizar el cubrebocas para acceder a hospitales, centros de salud y Servicios de Urgencias de AtenciónPrimaria (SUAP), y así lo defendió. «Ni hay una situación de colapso sanitario ni la tasa de incidencia es tan alarmante», argumentó el consejero. Y en la misma línea se posicionaron la mayoría de sus homólogos autonómicos. En vista de la falta de acuerdo, el Ministerio emplazó a los miembros del Consejo a un nuevo encuentro que se celebrará este miércoles, pero donde ya no cabe debate alguno, porque la ministra se dispone a utilizar los poderes que le da la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para imponer las mascarillas en todos los centros de salud y hospitales hasta que descienda la curva de contagios a todas las autonomías.

Pese al evidente enfado causado en buena parte de los ejecutivos autonómicos por este anuncio, contra su criterio mayoritario, ninguna comunidad, ni siquiera la beligerante Madrid, está dispuesta a rebelarse contra esta decisión unilateral. Fátima Matute, la consejera madrileña, fue quien primero despejó la incógnita. No cree que la epidemia de gripe haya creado una situación de emergencia sanitaria que justifique semejante actuación excepcional de la ministra para toda España, pero aseguró que «cumpliremos con lo que diga el Gobierno». Como la mayoría de sus colegas, se declaró más partidaria de la recomendación del uso de mascarillas a los ciudadanos que de la obligación y, como muchos, reprochó al ministerio falta de justificación científica para actuar con esta contundencia. Isabel Ayuso confirmó el acatamiento y tildó la decisión de «improvisación» de una «gestora débil». Con tono similar le siguieron los también ejecutivos populares de Andalucía y Baleares.

Lo que sí tienen claro las fuentes conocedoras de la elaboración de las directrices nacionales es que, sean al final concertadas o impuestas, incluirán con seguridad la obligación inmediata del uso de cubrebocas en todos los centros de salud y hospitales. Una decisión tan criticada por los consejeros como aplaudida por los sindicatos sanitarios y las organizaciones médicas, y bendecida por todo el Ejecutivo.