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El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad el dictamen de la comisión de seguimiento de la COVID-19 en la comunidad autónoma, con 138 propuestas acordadas por todos los grupos (PRC, PP, PSOE, PRC y Vox), que han apostado ... por el consenso y han instado al Gobierno regional a aplicar con diálogo para la recuperación económica.
En un debate en el que las críticas de la oposición se han dirigido a la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de España, los cinco grupos de la Cámara regional han coincidido en mostrar su satisfacción por el resultado de esa comisión que durante más de dos meses ha abordado la incidencia de la pandemia en Cantabria.
Esta comisión ha cristalizado en un dictamen único, que incluye 138 propuestas aceptadas por todos los grupos, que previsiblemente el Parlamento de Cantabria aprobará esta tarde en la segunda parte del habitual pleno de los lunes, que hoy se ha alargado por la cantidad de asuntos a debatir.
Por la mañana han abordado este dictamen, alabando el consenso alcanzado, y han llamado al Gobierno de Cantabria a aplicar las medidas que contempla para diseñar una recuperación económica de la región, a través del diálogo político y el acuerdo, que llegue a todos los cántabros, han coincido los grupos.
El Gobierno de Cantabria suma más de 22 millones de euros de gastos directos por el coronavirus, de los que más de 4 millones corresponden a la compra de material y casi 3 a la contratación de personal sanitario.
Así se desprende de datos facilitados esta tarde, ante el Pleno del Parlamento, por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en respuesta a una batería de preguntas del grupo mixto-Vox.
De acuerdo con esos datos, requeridos y aportados a fecha de 30 de abril, es decir, durante el primer mes y medio del estado de alarma por la pandemia, la Comunidad Autónoma ha tenido que afrontar gastos directos por importe superior a 22 millones de euros.
De ese montante, más de 4 millones corresponden a la adquisición de material, a los que hay que sumar casi 3 millones para la contratación de personal sanitario, y 2,5 millones más para la compra de medicamentos para paliar el Covid-19.
De hecho, el Ejecutivo cántabro tendrá que comparecer en un plazo de seis meses en la Cámara regional para informar del nivel de cumplimiento de las propuestas de este dictamen, que todos los partidos han subrayado que es fruto del consenso, más allá de la crítica política.
«Hemos dejado de lado el color de nuestra camiseta para aportar medidas», ha valorado desde el PRC, su diputada Emilia Aguirre, quien ha animado a defender «con uñas y dientes» las propuestas de esta resolución y a no renunciar a que la aportación del fondo de 16.000 millones del Gobierno de España se haga con los criterios de la financiación autonómica. «Somos los representantes de Cantabria y tenemos que defender los intereses de Cantabria», ha sentenciado.
El popular Íñigo Fernández ha cargado la responsabilidad central de la incidencia de la pandemia en España en el Gobierno central, al que ha acusado de haber «engañado» a los ciudadanos, y ha criticado que «incomprensiblemente» sigan al frente de la gestión los que predijeron que no llegaría, mientras «todavía nadie ha pedido perdón». «El Gobierno de Sánchez e Iglesias sigue instalado en la altivez y en la chulería», ha denunciado Fernández, quien ha señalado que el Ejecutivo cántabro ha tenido «muy poca» responsabilidad en esta crisis y ha reconocido que el margen de maniobra que tiene es «muy reducido».
Sin embargo, ha destacado que la comisión de seguimiento ha trabajado «bien», con un resultado que refleja que todos los grupos han «arrimado el hombro», y ha instado al Gobierno de Cantabria a que «reabra» el diálogo con todos los partidos para diseñar con las propuestas del dictamen un plan de reactivación económica con recursos «para tratar de que el golpe sea lo menos duro posible».
La portavoz socialista, Noelia Cobo, también ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta comisión, pese a que «todos los azotes» se han dirigido a su partido que es el que la está gestionando, ha recordado, y ha reivindicado que Cantabria ha soportado «mejor» que otras comunidades autónomas la incidencia del Covid gracias a su sistema de protección social que ha llamado a que «siga siendo una prioridad».
«Solo el sector público está conteniendo el naufragio», ha recalcado Cobo, quien ha abogado por fortalecerlo con un estado de bienestar «basado en políticas públicas» y ha apostado por la colaboración entre las distintas administraciones «con criterios de equidad y justicia».
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El portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, ha reivindicado que su partido ha cumplido «responsablemente con su obligación» tanto en Cantabria como en España, sin atender al efecto electoral, planteando propuestas para salvar vidas, primero, y para ayudas a las personas más vulnerables y recuperar la economía, después.
«Los grupos del Parlamento hemos dado un ejemplo de diálogo y responsabilidad. Me siento orgulloso porque hemos liderado aquí en Cantabria el parlamentarismo autonómico de toda España», ha ensalzado Álvarez, quien ha remarcado que el poder legislativo «ha hecho su trabajo» y ha reclamado al Gobierno cántabro que «ahora haga el suyo» haciendo cristalizar el dictamen en medidas concretas.
El debate lo ha abierto el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, quien ha valorado como «provechosa» la comisión, con conclusiones que «satisfacen a todos los grupos», pero que ha advertido de que eso «no sirve de nada sino no son asumidas por el Gobierno», al que ha pedido que haga frente a «ese nuevo desafío». «El éxito de nuestros dos meses largos de trabajo va a depender de la capacidad de nuestro Gobierno de poner las medidas en marcha», ha resumido Palacio.
El pleno del Parlamento de Cantabria ha instado este lunes al Gobierno regional a elaborar, en el plazo máximo de un año, un plan de movilidad sostenible para la comunidad autónoma.
La proposición no de ley presentada por el PP ha salido adelante después de que los populares hayan aceptado una enmienda de modificación planteada por el PRC y el PSOE y con el apoyo también de Ciudadanos y Vox.
De esta forma, en la iniciativa se insta al Ejecutivo regional a elaborar un plan de movilidad para el conjunto de Cantabria en el plazo máximo de un año, en consonancia con la Ley de Movilidad Sostenible que está elaborando el Gobierno de España y con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
El Gobierno cántabro deberá, además, informar a la Cámara regional en un plazo de seis meses sobre el estado de tramitación y los avances en la elaboración del plan.
Durante el debate se ha producido una cierta confusión, ya que el popular Lorenzo Vidal de la Peña, que es quien ha presentado la iniciativa, ha hablado en varias ocasiones de un plan de movilidad «productiva» y ha explicado es que una parte de los 310.000 millones de euros que prevé que las empresas inviertan hasta 2040 en distintas áreas relacionadas con la movilidad se «puedan quedar en Cantabria».
«Se trata de empleo», ha subrayado Vidal de la Peña, quien ha recalcado la urgencia de poner en marcha este plan que confía en que incluso pueda acortar sus plazos porque en un proyecto de estas características «esperar es perder», ha advertido, al tiempo que se ha ofrecido sus conocimientos del ámbito de la movilidad para ponerlo en marcha.
Sin embargo, el regionalista Francisco Ortiz ha señalado su «confusión» por la exposición del diputado popular, cuando ha argumentado que el texto de la iniciativa hablaba de movilidad sostenible y no productiva, por lo que ha explicado que la intención de la moción del PRC y PSOE era «centrar el tiro».
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