El Icass recorta por error un millón de euros en las ayudas sociales a los ayuntamientos

El Plan Concertado de Atención Primaria es el mayor damnificado con un millón de euros menos que el año pasado (de 15,7 pasa a 14,7 millones). Este programa es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos para la atención social primaria. Una parte muy importante de estos fondos son los que destina el Gobierno a la ayuda a la contratación de trabajadores sociales en toda la región: 166 empleados en total que atienden a 4.194 usuarios en los 102 municipios. Pero según refleja el Presupuesto, esta partida caerá 600.000 euros (hasta los 3,7 millones), lo que podría poner en peligro el empleo de 21 personas que ahora ofrecen una atención social en primera línea.

Otros servicios de este plan, como los apartamentos supervisados (27.000 euros) o el Fondo de Suministros Básicos (1,7 millones) no se verán afectados, pero sí el servicio de asistencia domiciliaria que da cobertura a 1.353 personas en la comunidad, la mitad de ellos en Santander. Se perderán 400.000 euros de los 7,4 millones con los que contaba en 2019.

Si estos recortes que ya vienen reflejados en el Presupuesto presentado por la consejera en el Parlamento se confirmasen, los más perjudicados serían los ayuntamientos y sus programas sociales de atención primaria, cuyos gastos tienen concertados con el Gobierno y que, en muchos casos, no podrían hacer frente sin esa ayuda.

Este periódico ha podido saber que trabajadores del Icass ya han mostrado su rechazo por este Presupuesto, hasta el punto de que la directora del Icass, María Antonia Mora, y el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, han mediado con la consejera para rectificar en la medida de lo posible las cuentas.

El Plan Concertado de Atención Primaria tiene una partida cerrada y su crédito no es ampliable. Es decir, al contrario que en otros capítulos del Presupuesto, no se puede coger dinero de otro sitio para inyectárselo si hace falta. Y aquí es donde, al parecer, nace el error, según informaron a este periódico fuentes internas del Icass. Los nuevos responsables del organismo «no sabían que esto era así, usaron ese millón para hinchar el fondo de dependencia y salir en la foto, pero ahora han creado un problema enorme», señalaron trabajadores del organismo.

Los máximos responsables de la consejería ya están trabajando para rectificar. La solución elegida para arreglar el desaguisado es meter mano en la ley de medidas y presentar una enmienda a su propio Presupuesto para que el Plan pueda tener crédito ampliable. Una «chapuza», según fuentes internas del Icass.

Desde la propia Consejería de Políticas Sociales confirmaron que esa es la solución escogida y aseguraron que los convenios con los ayuntamientos «se van a firmar en las mismas condiciones». «No se va a producir ningún ajuste ni en el personal ni en la cuantía que reciben, y el servicio va a seguir funcionando con total normalidad», señalaron oficialmente ayer.

Desde el departamento que dirige Ana Belén Álvarez insisten en que esta incidencia no provocará «ningún cambio». De hecho, en el Icass «ya se está trabajando para firmar los nuevos convenios a comienzos de año, de forma normalizada. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a la plantilla».

Estos problemas con el Presupuesto son una gota más del complicado arranque de legislatura en la Consejería que dirige Ana Belén Álvarez, pendiente también del traslado de sus oficinas a un edificio del Gobierno en la calle Sol, pendiente de reforma.

Primero fueron las criticas por tardar dos meses en designar un nuevo equipo directivo en el Icass y después llegó la denuncia de UGT por la «alta eventualidad de la contratación», ya que más de la mitad de los contratos firmados por este organismo durante el verano no superaron los 8 días.