Una inspección de Trabajo en Vox revela «violencia psicológica» a sus empleados

Entre los problemas descritos por los empleados de Vox en el Parlamento se encuentra la «confusión» que existe sobre las funciones que debe realizar cada uno y la forma de llevarlas a cabo, así como «la cantidad y la calidad del trabajo en relación al tiempo que se dispone». Esto da lugar a «la asunción de responsabilidades no propias del puesto, instrucciones contradictorias y cometidos que no les son propios, dando lugar a conflictos».

Pero hay otro capítulo más grave del informe. Los empleados de Vox también valoran negativamente «la confianza en sus compañeros y supervisores, la falta de empatía de los responsables y la frecuencia y gravedad de los desacuerdos en el entorno laboral». Y llegan a hablar de situaciones de «discriminación, violencia psicológica en el trabajo y conflictos interpersonales».

La propia inspección considera «significativas» estas quejas, que «requieren intervención en el plazo más breve posible».

Trabajo constata también que Vox no elaboró un plan de prevención ni una evaluación de riesgos laborales, a los que estaba obligado por ley, hasta noviembre de 2024. Es decir, casi un año después de que la asesora Carmen López Tafall denunciara internamente a Leticia Díaz por acoso laboral y cogiese la baja. Ahora, eso se ha convertido en una querella judicial que el Juzgado de Instrucción de Santander tratará en breve: el próximo 30 de mayo ha citado a los testigos.

Confirmada y ratificada el año pasado como portavoz en la Cámara por miedo a que diese un golpe encima de la mesa, rompiera con las siglas y se marchara al Grupo Mixto, la portavoz sigue siendo un quebradero de cabeza para la dirección nacional de Vox, incluso después de la marcha de su principal rival por el protagonismo en el Parlamento, Cristóbal Palacio, esquinado como diputado no adscrito tras darse de baja en el partido.

El caso de acoso laboral empezó en verano de 2023, tras las elecciones autonómicas, cuando Leticia Díaz, ya enfrentada con Palacio, empezó una campaña en el grupo parlamentario para cambiar por completo el equipo de trabajo heredado de la pasada legislatura y supuestamente afín al abogado. Primero despidió al encargado de redes sociales y después, tras la intervención de un mediador nacional por el caos interno ingobernable, consiguió que saliera el coordinador del grupo, Nico Gutiérrez.

En ese momento, Madrid ya había recibido quejas oficiales por el trato que, presuntamente, Leticia Díaz ofrecía a la asesora Carmen López Tafall. Debido a que la situación no mejoró, López Tafall se cogió una baja laboral en enero de 2024 y presentó a su partido una denuncia por acoso contra la portavoz parlamentaria. Desde la dirección nacional activaron inmediatamente el protocolo para estos casos y entrevistaron tanto a la denunciante, por videollamada, como a Díaz. También tuvieron en cuenta actas de reuniones y otra documentación que corroboraba los hechos denunciados por la trabajadora.

Tras investigarlo, el departamento nacional de Ética de Vox concluye que Leticia Díaz «no ha dado el trato que se debe a un empleado» y en agosto se incoa un expediente disciplinario que recomienda suspender sus derechos como afiliada del partido durante seis meses. La portavoz decide recurrir y la Ejecutiva nacional atenúa la sanción a solo dos meses.

No fue hasta después de eso, un año después de la denuncia de López Tafall, y cuando ya estaba en marcha la Inspección de Trabajo, cuando el Grupo Parlamentario de Vox contrata la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y una Evaluación de Riesgos Psicosociales.