Revilla defiende a los jueces y dice que la ley del 'solo sí es sí' «está mal hecha»

«Por lo que estoy viendo y estoy escuchando, me resulta muy difícil entender que la mayoría de los jueces a los que escucho digan que la ley está mal hecha, frente a los que opinan que hay como una especie de confabulación jurídica contra una ley por proceder de un determinado partido», opinó el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla. «Yo estoy en este caso en la línea de los jueces, y no solamente es una asociación de jueces, son todas las que han dicho que la ley ha salido mal de origen, y lo que se hace mal desde el principio, además con advertencias que había ya muy serias... Se ha querido llevar a cabo y en concreto me refiero a esa prisa en hacer las cosas, a veces de una manera precipitada, del socio del partido Socialista, que es Podemos».

¿La solución? «Aquí no hay más que dos vías: una, modificar la ley, lo cual parece que sería complicado. Y otra es que haya, por parte del Supremo, algún tipo de sentencia que homologue decisiones y tenga en cuenta que aunque la ley esté mal redactada el espíritu que se pretendía con la ley es que aquellos que cometan actos tan deleznables como violaciones no tengan aminoración de castigo, sino que todavía tengan un castigo mayor». Recordó también que el PRC «no votó a favor de la ley».

Algo más suave en sus críticas, el vicepresidente, Pablo Zuloaga, representante del ala socialista del Gobierno cántabro, hacía hincapié en la buena intención que persigue la ley. «Tengo claro que la voluntad tanto del poder ejecutivo, participado por el Ministerio de Igualdad en particular como por todo el Gobierno de España en general, como del poder legislativo con la Ley de Libertad Sexual fue y es reforzar la seguridad de las mujeres. Este es el objetivo de la norma y para ello lo que se ha hecho es identificar cualquier tipo de delito sexual con una agresión sexual para que haya condenas más agravadas».

Reconoció, no obstante, su «preocupación» por la reducción de penas que está produciendo la aplicación de la ley. «Creo que los tribunales deben unificar la doctrina para extraer conclusiones y en su caso tomar decisiones. No creo que se deba poner el foco en la crítica a los jueces. Gobernar exige templanza, asumir responsabilidades y tomar decisiones».

La abogada Carmen Sánchez Morán es miembro de la Comisión de Codificación Penal, de ámbito nacional y dependiente del Ministerio de Justicia, un órgano que ya advirtió de esa rebaja de penas. «Lo que se ha tomado en cuenta es la desaparición del apartado de abusos sexuales diferenciados de la agresión sexual, y se han concentrado todos bajo la denominación de agresión sexual. Desde esa perspectiva, eso me parece bien, lo que me parece absolutamente improcedente es que no hayan tenido en cuenta lo que se dijo, que había que establecer gradaciones del delito en función de las circunstancias concurrentes, y se alertó de que se corría el riesgo –más bien era una realidad–, de que se rebajasen las penas para los delitos que tradicionalmente se consideraban agresión sexual».

«Como la ley penal tiene que ser positiva, si está en fase de ejecución se puede solicitar la adecuación de la sentencia a la nueva regulación del delito, y los jueces tienen que adaptar su resolución a la norma actual. Los ataques a los jueces son un disparate, porque lo único que están haciendo es llevar la nueva normativa a sus resoluciones. Me parecen disparatadas: esas críticas no están fundadas, son irracionales».

En declaraciones a la Cadena Ser, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, rechazó igualmente las acusaciones de la ministra Montero. «Yo no puedo opinar sobre lo que, en el ejercicio de su libertad de expresión, diga un ministro. Lo que puedo decir es que los jueces aplican la ley con un criterio absolutamente técnico y con el rigor que exige el Código Penal. No nos dejamos influir por ningún otro criterio, ni externo ni interno, que pueda provenir de la propia ideología del juez».

También la jueza Mar Hernández, de la Asociación Profesional de la Magistratura, defendió el trabajo de los magistrados. «Las críticas a resoluciones judiciales deben hacerse con responsabilidad, y los ataques no son admisibles, más en un caso como este, en el que los jueces se han limitado a aplicar la ley, aprobada por una iniciativa política, pero en cuya promulgación no han intervenido. Hay que respetar la separación de poderes: la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno, la aprobación de las normas, al Parlamento, y su aplicación, a los jueces».

Hernández alertó también del riesgo que entrañan esas duras críticas. «Esos ataques que se están dirigiendo a los jueces, acusándonos de una serie de conductas, que son absolutamente injustificados, no son admisibles en un Estado de derecho. Aquellos que ostentan cargos deben ser muy responsables, porque este es un tipo de acusación que genera una alarma social que puede desproteger a las víctimas, que consideren que no van a ser amparadas por la Justicia, que sí lo van a ser. La sensibilidad de los jueces en este tipo de delitos es innegable: ese tipo de descalificaciones lo que hace es generar una sensación de vulnerabilidad mayor en las víctimas de estos delitos y de inseguridad que no son en absoluto adecuadas».

Un buen propósito pero una mala ejecución, eso es lo que la jueza Esther Castanedo (Jueces para la Democracia), detecta en la nueva ley. «Los jueces hacemos lo que dice la ley, punto. Si la ley está mal hecha no es que los jueces la apliquen mal. He dicho en varias ocasiones que la judicatura es machista, pero en este momento no se la puede criticar por eso porque se está limitando a aplicar la ley. A lo mejor esta ley se ha hecho con un buen propósito, y se ha presentado con un marketing perfecto, pero no ha sido elaborada por profesionales: se la tendrían que haber encargado a gente que la hiciese mejor. Opino que la judicatura en España es el reflejo de una sociedad machista en todos los ámbitos, pero en el caso de la aplicación de esta ley no».

«Se trata de unos ataques mal informados: la verdad es que creo que en este punto no hay reproche alguno a los jueces que han revisado las penas si las consecuencias no son las queridas ni las que había previsto el legislador. Son ataques injustificados y no se puede hablar de Justicia machista en este momento».