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A medida que avanza la investigación del 'caso Gesvicán', en el que se investigan supuestos delitos de fraude en la contratación y cohecho –un hecho similar al del 'caso Obras Públicas'– se van conociendo más detalles sobre los protagonistas de la trama.
Según ha podido ... averiguar El Diario Montañés, junto a los dos técnicos de Gesvicán hay tres empresarios que están siendo investigados por esas supuestas irregularidades en la adjudicación de obras a cambio de comisiones. Se trata de dos empresarios de Rucecan y uno de Senor, que son los que presuntamente habrían abonado esas «tarifas» a las que se refiere el denunciante anónimo. Los tres declararon el jueves ante el juez y negaron los hechos.
Pero antes de dar cuenta de lo que declararon, es importante señalar que este caso no solo se sustenta sobre una denuncia anónima y una conversación entre el jefe de Carreteras y el director general de Senor. Hay un tercer indicio que, según los investigadores, corrobora tanto lo que denuncia el anónimo como el contenido de esa llamada entre Miguel Ángel Diez y Ricardo Fernández. Se trata de unas hojas manuscritas de una agenda intervenida a Rucecan (sin que conste identificado el autor de dichas anotaciones) durante el registro que Vigilancia Aduanera y la UDEF realizaron el pasado 22 de febrero de 2023, en el marco de la investigación principal en la que hay ocho personas investigadas (los cuatro miembros de la familia Diez-Del Río y cuatro empresarios).
Esto fue precisamente lo que llevó al Gobierno de Cantabria, personado en la causa como acusación al entender que es perjudicado, a pedir el 13 de junio de 2023 al instructor que reabriera el caso (lo sobreseyó el 25 de mayo porque en ese momento no había indicios de delito).
Uno de esos documentos está encabezado por un título en el que aparece el nombre de uno de los dos técnicos de Gesvicán investigados y se hace referencia a unas licitaciones: las de 'La Matanza', 'Castillo-Pedroso' y 'Langre', que como ya avanzó este periódico fueron ejecutadas por la UTE Rucecan-Senor.
En otras anotaciones de ese documento aparecen las siguientes cantidades: «Total técnica= 2.500 euros, dividido en dos partidas=500 y 2.000 euros, Prima 1º en técnica=2.000 euros y Prima adjudicataria=5.000 euros». Según los investigadores, estas cifras coinciden de manera exacta con las referidas por el director general de Senor en su conversación con el jefe de Carreteras.
En otro documento de esa agenda de Rucecan aparece el apellido de uno de los técnicos de Gesvicán investigado, seguido de: «... 3000 er/Técnicas» y «a éxito». Y, a continuación, figura también el nombre de este mismo investigado seguido de: «importe 3.000 er pactado», junto con la referencia a «Soba, San Vicente de Toranzo y La Matanza». En un tercer documento se lee: «El b para las técnicas lo pone Rucecan» y «acuerdo con Ricardo», que con «probabilidad» hace referencia al director general de Senor, la empresa con la que Rucecan constituyó una UTE que se presentó a todas las licitaciones sobre las que figuran las anotaciones manuscritas. En concreto, las tres sobre las que el miércoles preguntó el juez al jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas y una cuarta: el acceso a Rozas de Soba. En todas esas licitaciones, la UTE Rucecan-Senor sacó la máxima puntuación en la primera fase de valoración, la que realizaron los técnicos de Gesvicán.
Los investigadores traen a colación de eso una frase que el director de Senor le dice al funcionario en la conversación en la que hablan de los dos técnicos imputados. «Es que me indigna, me indigna, porque cuando me puntuaron de puta madre las técnicas yo pagué el 50% de todo eso...». Todo parece indicar que se está refiriendo a que cuando a él se le puntuaba bien en UTE con Rucecan, «él pagaba la mitad del importe que los técnicos exigían por ello».
Para Vigilancia Aduanera y la UDEF, el 'modus operandi' sería el siguiente: «Los técnicos de Gesvicán ofrecían a las empresas licitadoras la confección de la memoria técnica del proyecto, por lo que cobraban 2.500 euros. Posteriormente, si tras la propuesta de informe al Servicio de Proyectos y Obras la empresa quedaba puntada como la primera en la valoración técnica, exigían otros 2.000 euros, y si, a la postre, sumado a la oferta económica la empresa resultaba adjudicataria de la licitación, cobraban otra prima de 5.000 euros. En total: 9.500 euros».
En el interrogatorio celebrado el jueves, tanto el juez como las acusaciones del caso preguntaron a los tres empresarios, al de Senor, y a los dos de Rucecan, sobre esas anotaciones y una hoja de excel en la que aparecen pagos de estas dos empresas.
El empresario de Senor, que declaró por espacio de una hora, negó que esas cantidades a las que se hacen referencia fueran mordidas y aseguró que se trataban de «primas de éxito» que se pagaban entre las dos empresas si conseguían adjudicaciones. «¿Y cuando iba solo su empresa a por una adjudicación para quién iban esas primas?», preguntó la letrada del Gobierno de Cantabria. «Para los trabajadores de la empresa», contestó.
De su lado, uno de los dos empresarios de Rucecan también negó que esas anotaciones correspondieran al pago de comisiones y explicó que las cifras y los nombres eran «inconexos».
El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, ha acordado prorrogar durante seis meses la instrucción del caso, que acaba de cumplir un año. En un auto emitido el pasado 21 de febrero, el instructor señala que el procedimiento es «especialmente complejo» porque los indicios delictivos van derivando del enorme material incautado en el 'caso Obras Públicas', que los investigadores están analizando. «No se descarta que aparezcan nuevos elementos indiciarios cuando dicho material termine de analizarse», justifica el juez, que no descarta nuevas diligencias.
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