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El titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, inició ayer la toma de declaraciones de investigados y testigos en el marco del 'caso Gesvicán', la pieza separada que ha derivado del 'caso Obras Públicas' y en la que se persigue ... si se han cometido delitos de fraude en la contratación pública y cohecho en el seno de la empresa pública del Gobierno de Cantabria.
Para entender los entresijos de este caso hay que decir que en estos momentos hay cuatro personas investigadas. Dos de ellas son técnicos de Gesvicán (Gestión de Viviendas en Cantabria) y los otros dos son gerentes de empresas que se habrían visto beneficiados al resultar adjudicatarios de varias obras por la intervención de los primeros.
Según la información recabada por El Diario Montañés, la investigación se centra en supuestas irregularidades o amaños en una veintena de actuaciones en carreteras de Cantabria. ¿Qué participación han tenido los técnicos de Gesvicán? El Gobierno de Cantabria desviaba varias licitaciones a estos trabajadores (son personal laboral) para que evaluasen las ofertas que se presentaban. Su trabajo consistía en poner una puntuación a cada oferta en base a criterios técnicos, no económicos. Después, remitían esa valoración al jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez realizaba su propia puntuación y la presentaba a la mesa de contratación, quien finalmente adjudicaba la obra. Las valoraciones afectaban a obras de mejora de carreteras o construcción de nuevos viales.
Sobre todo esto tenían previsto preguntar ayer tanto el instructor como las partes a los dos técnicos de Gesvicán investigados, pero uno de ellos no acudió a la cita al entender que no había tenido tiempo para analizar la documentación que le incrimina, y el segundo, que sí compareció, se acogió a su derecho a no declarar. Apenas tardó tres minutos desde que entró en la sala de vistas hasta que se fue.
El que sí compareció y dio todo tipo de explicaciones fue el único testigo convocado en la jornada de ayer, el jefe de servicio, proyectos y obras de la Consejería de Obras Públicas -ahora bajo la denominación de Fomento-. Lo primero que hizo fue poner en contexto la intervención de los técnicos de Gesvicán en los expedientes relacionados con carreteras, entre otros. Según detalló, al haber una «gran carga de trabajo» en la Consejería y que la mesa de contratación exige una serie de requisitos a la hora de presentar las ofertas y evaluarlas, los funcionarios solicitaron al director general que derivase ese trabajo de calificación de las plicas a Gesvicán, una de sus empresas públicas, para poder agilizar esos expedientes.
El jefe de servicio explicó que las valoraciones que realizaban los técnicos de Gesvicán eran «orientativas», no vinculantes. Él podía cambiarlas y, es más, según declaró, en la mayoría de los casos la puntuación que daban los técnicos no coincidía con la que finalmente otorgaba él.
Con esta explicación, lo que vino a decir este funcionario es que los técnicos de la empresa pública tampoco tenían una influencia directa en la contratación porque su trabajo pasaba por su «filtro». «Rara vez coincidía mi puntuación con la que me habían propuesto los técnicos de Gesvicán», insistió. Y para sustentar esta afirmación, este funcionario de la Consejería hizo mención a más de una veintena de expedientes con las puntuaciones que daban los técnicos investigados y las que daba él. Todas ellas recogidas en una tabla. «Yo era el que tomaba la decisión final de la puntuación», recalcó.
Además, para justificar esas discrepancias en la puntuación de ofertas entre los dos investigados y él, señaló que muchas de las puntuaciones que daban los trabajadores de Gesvicán se basaban en «criterios demasiado técnicos». Mientras que los dos empleados de la empresa pública realizaban unas valoraciones un poco «áridas y numéricas», el jefe de servicio buscaba ofertas que fueran «más prácticas a nivel global».
A la espera de que el otro técnico vuelva a ser citado para declarar y ver si da alguna explicación, las próximas comparecencias serán las de los dos empresarios que también están siendo objeto de investigación.
Según han señalado a este periódico fuentes cercanas al caso, las empresas de estas dos personas se habrían beneficiado supuestamente de una serie de obras gracias a la intervención de los dos técnicos implicados. Es decir, que gracias a la valoración de sus ofertas obtuvieron diferentes adjudicaciones de obras en carreteras.
Durante la testifical del jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas, salieron a la palestra tres de la veintena larga de actuaciones en carreteras sobre las que informaron los dos técnicos de Gesvicán. Estas tres actuaciones fueron ejecutadas por una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Rucecan –cuyos gerentes están investigados por el 'caso Obras Públicas'– y Senor.
Una de ellas es la mejora del trazado de la CA-440 entre Loredo-Langre y la construcción de un paseo peatonal, que se adjudicó por 1,1 millones de euros y se inauguró en agosto del año 2021. La segunda obra en cuestión es la mejora de trazado de la carretera CA-152, entre el Alto de la Escrita-La Matanza, que fue adjudicada, tras una modificación del contrato de un millón, en 6,3 millones de euros.
La tercera obra sobre la que el juez preguntó ayer al testigo fue la renovación de la calzada que une Castillo Pedroso y San Vicente de Toranzo, adjudicada por 3,5 millones de euros y que fue inaugurada en diciembre de 2022.
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