La Ley de Simplificación aplaza los silencios positivos hasta que los regule el Gobierno

En teoría, la Consejería de Presidencia tendrá que concretarlos antes de tres meses. Esa fue una de las condiciones que puso Vox para dar un giro radical a su posición, pasando de las críticas a la aceptación y firmando un pacto con el PP que permitirá la aprobación de la ley. «Fuimos realmente críticos y hemos presentado enmiendas para concretar todo aquello que dijimos que faltaba», reconocía la portavoz de Vox, Leticia Díaz. También admitía que la norma da otros seis meses más al Ejecutivo para presentar «un Plan de Simplificación con el consiguiente cronograma» que desarrolle la que es una de las leyes estrella de la legislatura.

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Desde el PRC y el PSOE no entienden la necesidad de esperar tres y seis meses, respectivamente, para concretar algo que se podía zanjar ya dentro de la ley. Como «acto de fe» calificó ayer Pedro Hernando la actitud de Vox. El regionalista volvió a pedir sin éxito que se incluyeran en el texto los 85 trámites que consideran que deben tener silencio positivo automático. Son los mismos que la consejera Isabel Urrutia, impulsora de la norma, reclamó al bipartito PRC-PSOE cuando estaba en la oposición. «Esta ley es un escándalo normativo. Lo era, y se ha incrementado», dijo Hernando tras calcular que, con las nuevas enmiendas de los socios, las modificaciones afectarán a 24 leyes -incluido el POL- y 22 decretos.

Una de las enmiendas que parece que sí aceptarán PP y Vox será una del PSOE que establecía que, una vez que el silencio sea positivo por haberse agotado un plazo sin que la Administración haya dado señales de vida, el ciudadano o empresa reciba una notificación automática para informarle de esta situación. No saldrá adelante la del PRC en la que se pedía una Oficina de Apoyo a los municipios ante la revolución normativa que les espera. Según el PP, que también rechaza darles una moratoria de medio año para que se adapten, por el alto coste de esta medida.

«Es una demanda de la sociedad que exista una Ley de Simplificación para eliminar la distancia entre la sociedad y la Administración, pero en nuestra opinión, no esta ley», resumía el socialista Mario Iglesias. A él le respondía el popular Miguel Ángel Vargas, que entiende que en realidad el PSOE se opone porque no quiere una norma de este tipo porque «durante ocho años no mostraron ninguna intención, pese a que había empresas que querían invertir en Cantabria y al final acababan yéndose».