El lobo da un 'mordisco' de 1,7 millones de euros a las cuentas de Cantabria

Si bien este gasto incluye también los daños que pueden producir a las explotaciones ganaderas otras especies (ataques de osos a colmenas o desperfectos causados en las fincas por jabalíes y venados, por ejemplo), una parte importante de estos 1,7 millones de euros se destinó a indemnizar a los ganaderos por los 1.391 animales muertos (a los que habría que añadir 124 más que resultaron heridos) en los 871 ataques sobre los que se instruyó un expediente que concluyó con la confirmación del lobo como autor de los daños. En otros 45 casos, no se pudieron atribuir a este depredador.

Los ataques, que corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre de ese mismo año, tuvieron además una amplia distribución por toda la geografía cántabra, llegando a afectar a un total de 57 municipios, a los que habría que añadir la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, lo que supone en torno al 65% del territorio regional. Es decir, que los ataques se han producido en zonas en las que tradicionalmente no vivía este cánido, como pueden ser San Vicente de la Barquera, donde han matado 52 cabezas de ganado; Val de San Vicente (16); Ruiloba (5); o Torrelavega, donde los lobos acabaron con la vida de cuatro reses. Esta distribución es un signo evidente del crecimiento de la población de este depredador y de su extensión por todo el territorio, llegando incluso a zonas muy próximas a la costa, áreas en las que se considera poco adecuado que esté presente el lobo por ser la que mayor número de población concentra, la que cuenta con menos zonas boscosas y en las que la convivencia con el ser humano y su actividad es más complicada.

Ante esta situación, y en plena controversia por la inclusión del lobo en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en contra de la opinión de las cuatro comunidades que aglutinan el 95% de la población de estos cánidos (Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia), en el Ejecutivo regional tienen claro que es necesario continuar con los controles poblacionales que han venido desarrollándose en los últimos años, aunque, eso sí, habrá que hacerlo dentro de la nueva normativa, lo que provocará que el proceso sea «más difícil», según indica Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural. «Si creemos que hay que hacer la extracción de algunos ejemplares vamos a intentarlo y es la fórmula que tenemos que seguir haciendo; vamos a seguir con el Plan de Gestión, pero de forma más difícil», reconoce Blanco, cuyo departamento ya ha comenzado a articular fórmulas para, respetando el Lespre, poder efectuar controles.

«La medida que hemos tomado para controlar la especie, como depredador que está en la cima de la cadena trófica y que hay que equilibrar en número, es la extracción y de esto, como hay una medida excepcional dentro del Lespre por reiterados ataques, hemos hablado con la Federación de Municipios para comenzar el expediente de extracción después de la demanda por parte de los ayuntamientos si hay un ataque. Van a ser ellos, no sólo el ganadero, como hasta ahora, quien va a solicitar a la Administración regional el control poblacional», destaca el consejero, que es consciente de que, en cualquier caso, «y porque ya lo han anunciado, los grupos ecologistas van a llevar cada uno de los expedientes a la Fiscalía y puede que en algún caso lo paren, pero nosotros vamos a intentarlo porque lo creemos necesario».

Las extracciones de las que habla Blanco, y que se cifran en aproximadamente una treintena de ejemplares, se hacen, en su mayor parte, por medio de la actuación de los Agentes del Medio Natural en esperas o aguardos. De forma residual, también se elimina algún ejemplar por medio de batidas extraordinarias desarrolladas en zonas muy concretas y, antes de su prohibición, en aquellas batidas de jabalí en las que la Administración autonómica lo autorizaba.

Sin embargo, la alternativa a estos controles reglados se aventura demasiado farragosa con la actual normativa. Y la Administración tiene claro cuál puede ser su efecto: «Si la Administración no te atiende...». «Puede ocurrir que alguno se tome la justicia por su mano y ya le he dicho a la ministra que ellos serán culpables de lo que le ocurra al ganadero y de lo que le ocurra a la especie», dice con rotundidad Blanco, que anuncia que «ya están denunciando en Galicia la aparición de cepos y lo que no son cepos, y el problema es que cuando se envenena el monte, se envenena todo».

Por eso, insiste el consejero, «espero que nos dejen hacer esos controles que habían tranquilizado las aguas, que habían cumplido con el Plan, teníamos una extracción de unos 34 ejemplares al año y se había notado porque bajaron los daños, y ahora, en primavera, pues veremos».