Media reprocha la falta de control de los responsables del PRC en Obras Públicas

Media considera que las investigaciones que se están llevando a cabo por el Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander «son hechos que cada vez van tomando más cariz de realidad». Además, aseveró que «esa vigilancia que era absolutamente necesaria falló en todos los ámbitos en la gestión de las obras de emergencia, donde se hicieron cientos de actuaciones durante años sin los controles necesarios». «La auditoría ha dejado ver que esos controles sobre esas obras de emergencia, que no llevan un sistema de contratación abierto, han fallado y por lo tanto alguien, presuntamente, volvía a meter la mano en la caja».

Sin embargo, el consejero de Fomento quiso dejar claro que este caso «no tiene nada que ver con la gestión del actual Gobierno y que solo afecta a los responsables del anterior Ejecutivo». «Por lo tanto las faltas de controles que se tuvieron en ningún caso afectan a las que se están llevando a cabo por el actual Gobierno de Cantabria».

Media afirmó que han hecho «lo que teníamos que hacer, esa auditoría para ver los errores que se habían tomado, y ahora vamos a seguir tomando medidas para que no se puedan volver a repetir». «Por eso ahora lo que toca es esperar a que hable la Justicia, que se depuren las responsabilidades oportunas y que se castigue a todas las personas que cometieron las irregularidades que presuntamente se nos ha dicho que así es».

Como principal parte aludida, los regionalistas fueron los primeros ayer en salir a la palestra en respuesta al documento. El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, urgió este lunes en el Pleno al Gobierno de Cantabria a remitir al Parlamento la auditoría y calificó como «una falta de respeto a la Cámara» que ese documento haya sido entregado a la prensa. Hernando calificó de «inadmisible» que el Gobierno del Partido Popular «haya filtrado un informe de esa relevancia sin ponerlo previamente a disposición de los representantes públicos»; un comportamiento con el que ha demostrado «su nulo respeto institucional al Parlamento y a los diputados que representan legítimamente a la ciudadanía de Cantabria».

El portavoz regionalista en el Parlamento reprochó a los populares que resulta «muy grave que intente condicionar la opinión pública antes de facilitar el documento a los diputados, que son quienes deben fiscalizar la actuación del Ejecutivo». Además, y en respuesta a las declaraciones realizadas por Media, aseguró que los avances en el control de la contratación fueron impulsados por el anterior Gobierno de Cantabria PRC-PSOE, que aprobó un Manual de Buenas Prácticas, que está en vigor desde el 31 de marzo de 2023 y cuyos contenidos son los que al parecer recomienda la auditoría.

Nada nuevo bajo el sol, por tanto, como vino a resumir también la diputada de Vox, Leticia Díaz: «Nos hacen mucha gracia las recomendaciones que piden la adecuación de los pliegos a los precios del mercado, o las que se refieren a la conveniencia de recabar al menos tres ofertas. Creemos que es un texto demasiado obvio», asume la responsable de la ultraderecha, que se sumó a la recriminación que Hernando hizo al PP por no remitir primero el documento a la Cámara y puso el foco en el futuro: «El Gobierno debe dejar claro cuáles son sus planes de ahora en adelante. Tiene que decir qué va a hacer al respecto», insistió. Principalmente porque el bipartito «elaboró una hoja de ruta» para atajar el problema que se circunscribía a la jefatura de carreteras, «pero no olvidemos que hay diez investigados y es una cosa que salpica a unas cuantas personas».

Más contundente fue el secretario general de los socialistas: «La auditoría del Gobierno es muy decepcionante, por lo que hemos podido saber por la prensa. No aporta novedad alguna a la investigación judicial», denunció Pablo Zuloaga. «Lo que tiene que hacer cualquier funcionario es cumplir la Ley de contratos. Y lo que tiene que hacer cualquier responsable político es asumir la responsabilidad de supervisar, vigilar y garantizar que se cumple la Ley», insistió el líder socialista, que también reprobó la filtración a la prensa de un documento que, según él, debería haber pasado primero por el Parlamento.

«El PSOE lo que quiere es que se siga investigando y que se adopten medidas correctoras para que esto no vuelva a pasar nunca», matizó Zuloaga, que exigió al PP que «colabore con la Justicia», porque «esta auditoría llega tarde y no aporta novedad».