Media se reúne con los expertos, que mantienen su rechazo a la nueva Crotu

«Lo que hemos constatado es que los colegios profesionales discrepamos de la norma», reitera a este periódico el decano de los abogados, Andrés de Diego, que en su faceta de presidente de la Unión Profesional convocó ayer por la tarde a todos los colectivos involucrados. Aunque reconoce que existen «matices» entre los distintos gremios, en lo que están básicamente de acuerdo es en que la nueva estructura de la Crotu no servirá para agilizar los trámites y lograr reducir los tiempos desde que el ciudadano presenta el expediente para la construcción en suelo rústico hasta que tiene una respuesta positiva o negativa. En su opinión, no se conseguirá ese objetivo que persigue la Consejería y, a la vez, se privará de su derecho a participar sobre la decisión final a los que realmente tienen conocimientos técnicos sobre este asunto.

«El problema, lo que provoca la lentitud, no es que en el análisis de los asuntos participemos muchos profesionales; el problema es que la tramitación de por sí es muy ardua», insistía De Diego, que cree que tras este intento de negociación con el Gobierno ya hay poco más que hacer, aunque los representantes de algunos de los colegios están dispuestos a seguir dando la batalla por otras vías.

Fue el propio De Diego el que durante la mañana tuvo un encuentro con el consejero Media. El primero desde que se aprobó la nueva normativa hace 20 días. Ahí, el responsable de Fomento le reiteró que el decreto no se retocará. Entre otras cosas porque el Gobierno de Cantabria tiene las ideas «claras» en este asunto y no piensa renunciar a ese objetivo de simplificar la administración y hacer más fácil la relación entre el Ejecutivo y los ciudadanos y las empresas.

«No hemos engañado a nadie porque lo llevábamos en nuestro programa», decía el responsable de la cartera de Fomento al ser preguntado por la prensa. Además, Media sí está dispuesto a hacer una modificación. No del decreto que regula la estructura y las competencias de la Crotu, pero sí de la Ley del Suelo, que fija un número máximo de miembros en el Pleno y la Comisión Permanente, los dos órganos en los que se subdivide la Crotu.

Consiste en que en la modificación de esta ley, que llevará al Parlamento en las próximas semanas para facilitar más la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico respecto a la que aprobó el bipartito, se crearán más asientos en el Pleno para que vuelva a tener un sitio la Unión Profesional. Estos dos asientos los usará este colectivo para invitar a colegios profesionales -cambiarán en función del tema a tratar- que no estén ya representados en este órgano. Pero la polémica no se ha suscitado por el funcionamiento del Pleno, sino por el de la Comisión Permanente.

«El decreto que hemos aprobado no modifica en absoluto la composición de la Crotu, ni del Pleno ni de la Permanente. Todos los colegios que estaban en el Pleno van a seguir. No sé por qué les extraña no estar en un sitio en el que nunca han estado», se defendía ayer el consejero. Y tiene razón en que los cambios en la representación de los dos órganos que forman la Crotu no son sustanciales, lo que ocurre es que lo que sí ha cambiado son las funciones de cada uno de estos dos órganos.

En realidad, lo que hace el nuevo decreto es poner en funcionamiento una Comisión Permanente de la Crotu que hasta ahora no tenía competencias. O mejor dicho, las tenía, aunque no las había ejercido porque ni siquiera se había convocado desde su creación hace 23 años. Algo «sorprendente» para el actual consejero, que entiende que ahí, en el no cumplimiento del decreto hasta ahora -tampoco entre 2011 y 2015, con el PP en el Gobierno-, es donde está la verdadera anomalía.

Hasta ahora todo lo hacía el Pleno, donde había una amplísima representación. Ahora se reparte el trabajo con esta Comisión Permanente en la que no estarán ya los colegios profesionales -salvo arquitectos e ingenieros de Caminos- que denuncian haber sido marginados. Y a esta Permanente es a la que se le encarga estudiar, informar y aprobar los expedientes de viviendas unifamiliares en rústico, el grueso de los asuntos que antes iban directos al Pleno. Un Pleno que ahora se encargará de los asuntos más relevantes: los planes generales y los grandes instrumentos urbanísticos y de ordenación.

«No es de recibo que se dedique un Pleno de 27 personas a tramitar un permiso de una pequeña construcción en suelo rústico y mientras tanto se necesiten 16 años para aprobar La Pasiega. Hay prioridades», concluyó el consejero que citó el Plan Energético y el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) entre las más acuciantes. Sí tiene algo más de recorrido la otra concesión que ha hecho el consejero popular. A tenor de la literalidad del decreto, los colegios entendían que tampoco iban a decidir sobre los parques eólicos, que pasarían a ser debatidos en la Permanente. Media lo ha negado: estos proyectos seguirán en el Pleno, aunque no ha precisado si es un cambio de opinión de la Consejería o el problema ha sido de interpretación del decreto por parte de los expertos.