«A lo mejor el próximo curso no comienza»

Cerca de dos mil personas participaron en la movilización, la mayoría maestros, pero también padres y alumnos. Ruiloba defiende que «es una demostración más de que no sólo los representantes de los docentes, sino también la mayor parte de las familias de Cantabria están en contra de la ampliación que quiere imponer la Consejería» en virtud de la reivindicación de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA). La concentración se dirigió posteriormente hacia la sede del PSC-PSOE en la calle Bonifaz, donde las protestas se dirigieron contra Pablo Zuloaga, secretario general de los socialistas, al que consideran «responsable» de la situación.

La movilización se produjo horas después de la nueva reunión mantenida, en un ambiente «tenso», entre la Administración educativa y la Junta de Personal Docente, que concluyó sin ningún acuerdo y con las posturas entre ambas partes igual de distanciadas. Y con los ánimos de los sindicatos STEC, ANPE, CC OO y UGT aún más encendidos después de que la Consejería no les trasladase «ningún tipo de propuesta» cuando los docentes «no hemos hecho más que plantear alternativas durante todo el proceso de negociación». Una actitud que Ruiloba calificó de «insultante». «Parece una tomadura de pelo. O la decisión ya está tomada y llevan un mes jugando con nosotros, o no saben salir del bucle, lo que dejaría mucho que desear», continuó la representante de la Junta.

La Administración, que estuvo representada por el consejero Francisco Fernández Mañanes y los directores generales Isabel Fernández, María Jesús Reimat y César de Cos, se mantiene firme en su posición de que la extensión de la jornada de principio y final de curso desde las doce y media hasta las dos de la tarde debe hacerse a través de horas lectivas impartidas por los maestros y no con actividades extracurriculares a cargo de monitores, tal y como defienden los sindicatos.

La postura de la Consejería se ve reforzada, además, con las conclusiones del informe encargado a la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria para intentar poner luz a las distintas órdenes y leyes que regulan la jornada reducida y que entran en contradicción. Tal y como comunicó ayer Mañanes a los sindicatos, este informe indica -al igual que el anterior realizado por los servicios jurídicos de la Consejería- que se deben impartir 25 horas lectivas semanales, lo que conduce a la práctica eliminación de la jornada reducida, aunque el consejero les aseguró que aún no lo había analizado «en profundidad». «Si la educación la ponemos en manos de un jurista, mal vamos», lamentó Jesús Aguayo, de STEC.

La Junta de Personal respondió indicando que estos informes son «cuestionables» y que ellos poseen otro amparando la legalidad de la reducción de jornada, que se imparte en otras 13 comunidades al margen de Cantabria. Aún así, plantearon como alternativa que el cálculo de esas 25 horas se realice a través de un «cómputo global a lo largo de todo el año», porque aunque en junio y septiembre se imparten tres horas y media de clase durante seis semanas, a lo largo del resto del curso, los profesores pasan más horas con los escolares que las que «estrictamente» marcaría esa normativa: semanas en albergues, excursiones, visitas culturales... «Aquí tienen una solución», apuntó Ruiloba. Pero la Administración consideró «inviable» esta opción. «Lo que pasa es que no hay voluntad política; se muestran inflexibles», añadió la sindicalista.

Las siguientes movilizaciones previstas son sendas jornadas de huelga parcial de maestros los días 14 y 20 de junio. Protestas que, de no haber cambio de rumbo, se extenderán a lo largo de todo el próximo curso.