Militantes del PSOE critican el «oscurantismo en la gestión» de Zuloaga y exigen ver las cuentas

Para José Otto Oyarbide (exconcejal del Ayuntamiento de Torrelavega), Marta Domingo (exdirectora general de Universidades) y Zara Ursuguía (exdirectora general de Deporte), que hasta la renovación de la cúpula de 2017 ostentaban cargos orgánicos e institucionales en distintas niveles, lo único que puede esconder este anuncio es la mala gestión de las cuentas por parte de la actual equipo o «un capricho infantil» por parte de estos mismos dirigentes. Y sobre todo, defienden que no se puede amparar en las finanzas que recibieron de Díaz Tezanos y de su antecesora, Dolores Gorostiaga. En línea con estos tres militantes, ambas han considerado gravísimo, en declaraciones a este periódico, que nadie haya puesto en duda su honorabilidad «excepto nuestros propios compañeros».

«La información que se ha dado respecto a la comisión de investigación sobre la gestión económica y financiera de anteriores ejecutivas quedó zanjada en un Comité Regional hace más de un año», apunta Oyarbide, quien recuerda que todos los números están fiscalizados tanto por el Tribunal de Cuentas como por el PSOE nacional, y que además tres de las cabezas visibles del actual equipo, como son el propio Zuloaga, el recién elegido diputado nacional Pedro Casares, y el actual presidente del PSC y delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría, también estuvieron durante una década en las ejecutivas de Tezanos y Gorostiaga.

Entre 2011 y 2015 el PSOE de Cantabria tuvo que hacer importantes ajustes como consecuencia de la pérdida de votos y la salida del Gobierno, que se tradujo en una caída en picado de los ingresos. A eso se sumó la obligación del pago de las altísimas costas judiciales por la denuncia del contrato público-privado de Valdecilla que no prosperó. Estos tres militantes reconocen que aquello generó una deuda que incluso obligó a hipotecar la sede, pero afirman que existía un plan de viabilidad y de pago al que se llegó por consenso. Ahora, con un contexto más favorable, entienden que no tendría que haber problemas económicos tales como para tomar medidas tan contundentes: «Zuloaga se encontró un partido en gobierno. Él sí ha tomado decisiones que sí están perjudicando la economía del partido», señalan.

En el escrito que han registrado en Bonifaz, la todavía sede de todos los socialistas cántabros, han solicitado el presupuesto del partido durante el ejercicio actual, ya que afirman que no se conocen las previsiones de ingresos y gastos y tampoco el coste de las campañas, que estiman en «cientos de miles de euros», además de otros asuntos que consideran básicos como el número de militantes.

En este punto, creen que Zuloaga miente cuando dicen que ha crecido, y también que no todos los afiliados con cargos en las consejerías están pagando las aportaciones que exige el partido para su sostenimiento, porque si no su deuda no seguiría pasando como creen que está ocurriendo. Creen, porque tampoco lo saben. Este es otro de los asuntos que reclaman, así como el sueldo de la secretaria de Organización, Noelia Cobo, durante el tiempo que estuvo liberada por Bonifaz. A ello suman la relación de personal administrativo y de gestión, los costes salariales, los asesores, auxiliares de prensa...

«Después de 28 meses de gestión de la Ejecutiva de Zuloaga son ellos los responsables de las decisiones que se están tomando y son los que están ocultando día tras día mucha información que hoy nos vemos obligado a pedir por escrito», apuntan estos tres militantes, que subrayan que la militancia tiene la labor de controlar la gestión económica y administrativa y saber en qué se usa el dinero de sus cuotas. Oyarbide, Domingo y Ursuguía no se han andado con rodeos al calificar la gestión actual de «opaca y poco transparente, sino nefasta» y a la hora de decir que se está priorizando promover la imagen personal de los líderes por encima de la moderación del gasto.

Como muestra de esa falta de transparencia, ponen sobre la mesa un asunto «especialmente grave», que se haya conocido la intención de vender la sede y convertirla en hostel sin un debate en la Ejecutiva autonómica -elegida por Zuloaga- y en un Comité Regional con afines y críticos. «Además de haberse cargado el patrimonio humano, ahora quiere cargarse el inmobiliario», denuncian.